Con alimentos, frescos, justos y de calidad, la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria es la respuesta para construir los planes de emergencia alimentaria frente al COVID -19.
“Soy hijo de campesinos y lo digo
con orgullo, campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los
campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin
existir” Jorge Veloza
Las organizaciones abajo firmantes convocadas por
la Red Nacional de Agricultura Familiar
RENAF y con la participación de la direcciones nacionales y territoriales
de Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales del Cauca
nos reunimos de manera virtual el día 3 de abril del 2020 para discutir la
situación actual de las familias vinculadas a organizaciones y comunidades
campesinas y comunitarias. Logrando reunir de forma estable y por más de tres
horas a 50 personas representantes de 36 organizaciones de 12 regiones del país.
Realizando una evaluación territorial de las
medidas tomadas para decretar el confinamiento obligatorio nacional, nuestras
organizaciones se inscriben en el marco de la garantía al Derecho a la
Alimentación y la Nutrición Adecuada, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (2018) y la resolución 464
de lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina
Familiar y Comunitaria ACFC (2017), y en tal sentido se suscribe el siguiente
comunicado:
De esta manera queremos contribuir al
mejoramiento y/o rediseño de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, los
gobiernos regionales y locales a diez días de iniciada la medida de
confinamiento obligatorio en Colombia ante la emergencia provocada por el COVID
-19.
·
No han sido emitidas ni transmitidas de manera
clara y oportuna las medidas de salubridad que deben tomar las poblaciones campesinas
y étnicas para asegurar su autoabastecimiento y seguir vinculadas, sin riesgo
de contaminación, con los sistemas de abasto alimentarios locales, regionales y
nacionales, lo cual pone en gran riesgo el derecho al cumplimiento efectivo del
Derecho a una Alimentación Adecuada tanto a las poblaciones rurales como a las
urbanas. Por ello, proponemos la construcción y adaptación colectiva de las
“Directrices para la aplicación de principios generales de higiene de los
alimentos para el control de virus en los alimentos”[1]
del Codex Alimentarius de la OMS y FAO.
·
La ACFC en Colombia representan el 74,1% de las
Unidades Productivas Agrícolas – UPAs del país, lastimosamente no se ha
garantizado de manera efectiva que los alimentos producidos por las familias y organizaciones
de la ACFC pueda llegar de los campos de cultivo y lugares de trasformación
propios de las comunidades a los sitios de abastecimiento local y regional en
condiciones de precio y transporte justo, tanto para las familias productoras,
como para las familias consumidoras. No hay claridad sobre las medidas de apoyo
a nuestros mercados en tanto que las grandes plataformas y superficies reciben
todas las garantías. Por ello, es necesario priorizar el acortamiento de las
redes de distribución, donde los productores y los consumidores sean los reales
beneficiados, con una intermediación útil a este propósito y no sosteniendo una
cadena de especulación y sobreprecios que afectan de manera negativa el
bienestar de las familias y organizaciones de la ACFC, así como también de las
familias consumidas más pobres.
·
La mayoría de las canastas que se le están
entregando a la población vulnerable, carecen de alimentos frescos como frutas,
tubérculos y verduras, así como de productos autóctonos y locales que son producidos
por la ACFC, lo cual en una situación prolongada de esta emergencia puede
conducir a deficiencias nutricionales de la población y a que los productos de
los campesinos se pierdan.
·
Las formas de producción y transformación de la
ACFC han cambiado sustancialmente en los últimos años, dando un giro sustancial
hacia prácticas de agriculturas sostenibles que producen alimentos saludables
de muy alta calidad conservando la base de recursos naturales. Estas prácticas
son invisibilizadas por las cadenas de intermediación, donde el precio se fija
con base en la oferta del intermediario. Este control de la intermediación conduce
a la especulación en los canales de distribución, incrementada por la
emergencia. Por ello, es necesario intervenir y/o crear canales de distribución
alternativa, que permitan llegar de forma más directa, progresiva y masiva a
toda la población, mediante los canales de distribución alternativos, tradicionales
con canales de información de precios abiertos, asequibles y democráticos y las
compras públicas como estrategia controlada por el gobierno nacional y local.
·
Hoy día son los grandes intermediarios
(Centrales mayoristas y grandes superficies) los llamados a abastecer de
alimentos a una población confinada. Sin embargo, no se visibilizan, fortalecen
y apoyan las formas alternativas de distribución y comercialización de
alimentos de la ACFC, como los mercados Campesinos, agroecológicos y étnicos
que llevan más de 20 años funcionando en el país, respetando los precios a la
producción, reconociendo y resaltando el importante rol multidimensional de la
agricultura familiar y generando la posibilidad real de acceso de la población
colombiana más pobre a alimentos saludables. Es de resaltar que muchas
administraciones locales y entidades tienen convenios y contratos Por ello, se
deben reactivar los mercados campesinos que se realizan en toda la geografia
nacional.
·
Una queja generalizada en todo el pais, es como
la ausencia de transporte legal en las veredas ha incrementado los costos de
transporte de los productos agrícolas por encima del 100% o incluso hasta más.
·
En nuestras costas colombianas, muchas familias
que dependen de la pesca artesanal y de la agricultura tradicional se
encuentran en una dificil situacion, ya que no existe una garantía para la comercialización
de productos derivados de las faenas de pesca artesanal en regiones del país
que se conectaban directamente al turismo y al comercio por vía aérea, lo cual
pone en grave riesgo de vulnerabilidad a los pescadores y sus familias. Estas y
muchas familias productoras desconectadas de los sistemas de comercialización
por las anteriores circunstancias están entrando rápidamente en condiciones de
alta vulnerabilidad.
·
Las economías populares urbanas y rurales vinculadas
dinámicamente con la producción alimentaria nacional desde los toldos,
restaurantes populares de las plazas públicas y comedores comunitarios son un
baluarte social, cultural y económico invisibilizados y en riesgo inminente de
desaparecer.
·
No se han respetado los acuerdos de paz firmados
en 2016, en especial en el Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas
Ilícitas” y la Sentencia T-236/17 de la La Corte Constitucional que estableció
cinco elementos que se deben cumplir para aplicar el principio de precaución. La
reactivación del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la
Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG” que promueve el actual
gobierno, es una acción enfocada solo en un plano militar y va en contra de la
evidencia científica sobre sus daños a la salud y los ecosistemas que causa el
uso de este herbicida. Por ello, nos unimos a las exigencias de las
asociaciones campesinas, beneficiaros del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilicito – PNIS, diputados de los departamentos
de Cauca, Guaviare y Putumayo que se enfocan principalmente en volver a la
sustitución de cultivos de manera voluntaria, el PNIS que quedó definido tras
la firma del acuerdo de paz. Las acciones de erradicación por aspersión solo
agravarán la condición de las familias confinadas por la crisis del COVID -19 y
que dependen de lo poco que alcanzaron a sembrar en sus parcelas para el
autoconsumo.
·
Una de las situaciones más delicadas expuesta
por los representantes de las 36 organizaciones presentes, es el tema de
seguridad en los territorios. Es evidente que despues de la firma de los
acuerdos no se ha garantizado el control institucional del territorio
colombiano, alta y progresivamente financiado por la cooperación internacional
para la paz. De tal forma que, una vez desarticulada la lógica armada de las
FARC, los actores armados ilegales están de regreso para tomar el control
territorial a costa de la vida de líderes sociales, el desplazamiento y/o
confinamiento de poblaciones enteras que hoy se recrudece en varios lugares del
país. Todo ello, agravando las circunstancias ya difíciles que provoca el
confinamiento obligatorio declarado por la emergencia del COVID -19.
·
Las fronteras del país están siendo
militarizadas en una estrategia que combina acciones de defensa de fronteras
frente al COVID-19 y articulación a una tensión geopolítica internacional que
no se compadece con la capacidad de respuesta médica regional que necesitamos
priorizar para garantizar la salud de todas y todos.
·
Las medidas de emergencia prometen ayudas a los
productores como los créditos bancarios, en estas circunstancias, estas medidas
solo les pueden generar ciclos de deuda, miseria y despojo más graves que los
que ya viven. El endeudamiento de las familias campesinas no es una solución
ahora, como si lo puede ser el reconocimiento de sus productos y la generación
de mecanismos que aseguren que éstos puedan comercializar sus productos y
reciban una remuneración justa por su trabajo.
Las organizaciones aquí reunidas proponemos que
el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y locales nos escuchen
para que podamos ayudar a construir sus planes de emergencia, atendiendo no
solo nuestras dificultades, sino también las propuestas que llevamos construyendo
por años y que en circunstancias igualmente difíciles nos han protegido de la
injusticia e inequidad, nos han permitido sobrevivir en nuestros territorios y proveer
alimentos y servicios a las ciudades.
·
La población rural en las comunidades campesinas
y étnicas, así como los trabajadores rurales necesitan conocer y tener acceso
real a las medidas e implementos que garanticen su seguridad, los gobiernos
locales y regionales tienen que garantizar que la información e implementos de
protección lleguen a las comunidades.
·
Proponemos
garantizar la protección de las personas que por sus faenas se ponen en
riesgo de contacto con otras personas en actividades de producción, distribución
y comercialización.
·
Ejemplos de articulación de las organizaciones
con la institucionalidad local en Antioquia y Quindío muestran que la
producción de la ACFC y sus canales de distribución pueden adecuarse a las
circunstancias y pasar de mercados presenciales al aire libre a entregas de
canastas en puntos fijos o mercados a domicilio. Pero se necesita voluntad
institucional para garantizar acceso real en lugares adecuados para realizar
esta operación de forma segura; garantizar espacios que funcionen como centros
de acopio descentralizados, así como transporte de abasto y distribución.
·
Proponemos
que nuestras semillas y los conocimientos que hemos adquirido para hacer
producir nuestras tierras de formas autónomas y diversas, circulen hoy más que
nunca para volver a sembrar el campo colombiano con nuestros propios alimentos.
·
Proponemos
garantizar una estrategia nacional de siembra diversa de cultivos
transitorios de corto plazo, así como la cría y manejo de especies animales
domesticas en silvopastoreo con los cuales la Agricultura Campesina Familiar y
Comunitaria pueda autoabastecer a sus comunidades y abastecer el país
rápidamente, fortaleciendo los mercados con nuestros productos y evitando
cualquier tipo de emergencia alimentaria nacional.
·
Proponemos
que se adapten estrategias de protección a las economías populares alimentarias
que mantienen el patrimonio cultural alimentario del país para que puedan
mantenerse vivas y vinculadas a los escenarios de emergencia alimentaria.
·
Exigimos que se detengan todas las formas de
violencia y que todos los actores armados nacionales o internacionales paren
sus acciones bélicas con consecuencias sobre el territorio nacional, generando
más presiones para las comunidades por el control territorial e imposiciones
insoportables para el sistema de salud, ya de suyo bien debilitado en la
carrera por contener la emergencia del COVID -19.
·
Exigimos detener todas las formas de
erradicación de cultivos de uso ilícito vía aspersión aérea, las cuales pueden
dejar sin comida miles de familias que se acogieron a las medidas PNIS.
·
Proponemos
que los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial PDET sean priorizados
de cara a estas circunstancias, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la
producción local, del sistema de salud público y de garantizar la educación de
las niñas, niños y jóvenes rurales.
·
Proponemos
que se ubiquen con carácter urgente los hijos e hijas de familias
campesinas y de comunidades étnicas que fueron a estudiar a las ciudades y no
pueden regresar ni tampoco recibir la ayuda de sus familias para sobrellevar la
medida de cuarentena.
·
Proponemos
que se genere una estrategia rápida en la que se puedan vincular los jóvenes hijos
de familias campesinas y mujeres para el desarrollo de emprendimientos innovadores
en el contexto rural que permitan la generación de alternativas para atender la
emergencia generado por el COVID-19
·
Exigimos una propuesta rápida y clara respecto a
la manera como será asumida la continuidad de la educación de nuestros niños y
niñas cuando la mayor parte de nuestros territorios y comunidades no cuentan
con acceso a internet, medios
tecnológicos ni el conocimiento para continuar impartiendo la educación
descontextualizada que venían recibiendo nuestros hijos y que hoy está
suspendida.
·
Proponemos que se reconozca y estimule desde los
medios y el sistema las prácticas de salud preventiva que históricamente han
practicado las familias y comunidades del contexto rural como el empleo de
plantas medicinales y aromáticas.
·
Proponemos
que se ubique con carácter urgente las familias de la ruralidad dispersa
que no pueden salir de sus casas ni llevar sus productos a los puntos de
distribución o venta y se les garantice la alimentación suficiente y adecuada.
·
Proponemos
que se reconozcan y trabajen los casos de violencia intrafamiliar,
extendiendo los planes de emergencia y medidas de atención psicosocial.
1.
Asociación de Pescadores de Cordel Apescordel,
Golfo de Morrosquillo
2.
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte
del Cauca ACONC
3.
Asociación de Cooperativas del Huila Asocooph
4.
Asociación de Organizaciones Campesinas Populares
El Común, Santander
5.
Asociación Tierra y Paz, Urabá
6.
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC
Mocoa
7.
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC
Zipaquirá
8.
Asociación de Desarrollo Comunitario del Quindío
ADECOQUIN
9.
Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI
10.
Alianza por la Salud Alimentaria, Cauca
11.
Coordinador Nacional Agrario CNA / Cajibío
12.
Corporación ECOCAMPO, Cauca
13.
Corporación Compromiso, Santander
14.
Corporación Desarrollo Solidario CDS, Montes de
María
15.
Corporación Buen Ambiente Corambiente –
Bucaramanga, Santander
16.
Corporación de Estudios Educación e
Investigación Ambiental CEAM - Medellín, Antioquia
17.
Corporación para el Desarrollo Sustentable –
Roldanillo, Valle
18.
Corporación Casa Amazonia – Mocoa Putumayo
19.
Corporación Ambiental para el Fomento del
Turismo Comunitario del Caquetá Corcaraño
20.
Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA
/ Cauca
21.
Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA
/ Nariño
22.
Comité de integración Regional Salsa Bogotá. Cundinamarca
23.
Epsagro Agropacífico, Chocó
24.
Foro Social Panamazónico FOSPA,
25.
Fundación Social Utrahuilca Fundautrahuilca –
Neiva, Huila
26.
Fundación Activos Culturales Afro ACUA
27.
Grupo de Investigación en Agroecología GIA - UN
Palmira.
28.
Grupo Interinstitucional y Comunitario para la
Pesca Artesanal GICPA, Chocó
29.
Instituto Popular de Capacitación IPC, Medellín
- Antioquia
30.
Mercado de la Tierra -Slow Food – Bogotá,
Cundinamarca
31.
Mercado Agroecológico del Quindío, Armenia
32.
Mercado Tierra Viva – Bogotá - Cundinamarca
33.
Merca Orinoquia - Meta
34.
Organización Tres Colibrís, Cundinamarca
35.
Plataforma de Mujer Rural
36.
Red Colombiana de Agricultura Biológica RECAB,
Medellín - Antioquia
37.
Red de Artesanos Mesa Larga - Popayán, Cauca
38.
Red de Mercados Agroecológicos del Valle REDMAC,
Valle del Cauca
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