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El próximo Gobernador de Santander tendrá innumerables retos entre ellos desarrollar una política estable y duradera en materia de Paz y Derechos humanos que obedezca a las realidades territoriales de los 87 municipios que forman parte del departamento de Santander y no a ‘’cantos de sirena’’ para atraer más turismo e inversión extranjera al territorio.
La
dinámica del conflicto armado en el departamento ha cambiado, es cierto el
departamento no es el mismo desde una década, pero no tanto para asegurar que ‘’En Santander estamos en posconflicto hace
10 años’’[1] esta afirmación es pronunciada
de manera reiterada por el actual Gobernador de Santander en los escenarios
donde se le pregunta acerca del tema o cuando ocurre algún hecho donde estén
vinculados actores armados y son los hechos que ocurren en el territorio los
que contradicen esta afirmación[2], la
cual no corresponde a las realidades de las comunidades en los territorios.
Las
organizaciones sociales y de Derechos Humanos han alertado en múltiples
oportunidades que en la región se ha consolidado un mapa de actores por el
accionar y el posicionamiento geográfico de los mismos. En la región
encontramos paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ELN y,
por supuesto, Policía y Ejército. También hay presencia de actores
empresariales que por su actividad económica afectan considerablemente los Derechos
Humanos en el territorio, especialmente en medio ambiente, a los que se les ha
hecho caso omiso; solo hasta este año se han podido establecer con la
Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Gobierno, mapeos
conjuntos para consolidar un mapa de estos actores en el territorio.
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