• Gobierno de Iván Duque incumple compromiso de Estado al no
implementar integralmente el Acuerdo de Paz.
• En 2018 cada 48 horas fue asesinada una persona defensora
de los derechos humanos o con liderazgo social.
• En los últimos 8 meses se han incrementado las masacres,
los homicidios y los desplazamientos.
Bruselas, 4 de abril 2019. Más de 75 representantes de la
sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reúnen en Bruselas
durante los días 4 y 5 de abril para evaluar la grave situación de derechos
humanos en Colombia y para alertar a la UE y los Estados europeos sobre la
falta de implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.
Este encuentro internacional, que representa a más de mil
organizaciones y movimientos sociales que trabajan en y por Colombia, ha sido
convocado por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO) junto con sus tres plataformas
asociadas en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la
Alianza de Organizaciones Sociales y afines por una Cooperación para la Paz y
la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos (CCEEU).
Los participantes en este Encuentro coinciden en que, desde
su llegada al Gobierno, el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para
implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas
en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos
de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y
regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en
peligro la construcción de paz en Colombia.
Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y
falta de respaldo gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia
Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria
fue objetada por el Presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un
presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento. Los representantes
de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que
“tendría que ser intocable”.
A lo anterior se suma la nueva Política de Defensa y
Seguridad, que representa una regresión en materia de derechos humanos:
favorece el aumento de la militarización en los territorios, fortalece la participación
ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de
cultivos ilícitos y cierra puertas a la negociación con el ELN.
Las organizaciones reunidas en Bruselas quieren denunciar que
la implementación del Acuerdo de Paz no solamente se ha desacelerado, sino que
su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensoras
y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra
una débil o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las
FARC.
“El Estado tiene que actuar con urgencia y llegar con su
institucionalidad a las zonas rurales más alejadas, apoyando los procesos de
implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto
armado y en donde más defensores son asesinados, especialmente aquellos que
trabajan con temas como la restitución de tierras o la sustitución voluntaria
de cultivos ilícitos”.
Para las plataformas europeas y colombianas, que tienen una
agenda política con altos representantes de la UE en Bruselas, una de las
grandes preocupaciones para transmitir son las cifras alarmantes de asesinatos
de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de derechos humanos,
al igual que los retrocesos en materia de garantías de protección para este
colectivo, en particular para las comunidades
étnico-territoriales, las mujeres y las personas LGBT.
Según datos de la Defensoría del pueblo de Colombia, durante
el 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales, sin embargo, el Gobierno
colombiano sigue negando la existencia del conflicto armado y continúa
criminalizando la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social
(movilización masiva de campesinos e indígenas en el Suroccidente del país en
paro desde el 10 de marzo).
De acuerdo al último informe anual de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han aumentado un 164% en el último año,
pasando de 11 casos 2017, a 29 en 2018. Los desplazamientos forzados, por su
parte, aumentaron de alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a 145.287
en 2018. Con todo esto, afirman las organizaciones, “podemos decir que Colombia
atraviesa una crisis humanitaria”.
“Las organizaciones colombianas y europeas tememos que la paz
en Colombia esté en riesgo. Por eso pedimos a las instituciones de la UE y a
sus Estados miembro que continúen acompañando de cerca el proceso de
implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que pidan cuentas de los
recursos que han entregado para éste, y que insten al gobierno colombiano a mantener
sus compromisos con la búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las
víctimas”, concluyen.
* * *
1. OIDHACO
2. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
3. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo
4. Alianza de organizaciónes sociales y afines
5. Cumbre de mujeres por la paz
6. Congreso de los Pueblos
7. Redepaz
8. CUT
9. DIPAZ
10. Ruta Pacífica de las mujeres
11. FARC
12. LGBTI por la Paz
13. GPAZ
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