EL FISCAL GENERAL NO ESTÁ POR ENCIMA DEL ESTADO DE DERECHO Y ESTA OBLIGADO A RESPETAR LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DE LA JEP

Bogotá, 5 de octubre de 2018

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, el Dialogo Intereclesial por la Paz de Colombia y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, plataformas y redes que agrupan organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y organizaciones basadas en la fe, expresan su profunda preocupación por la comunicación de la Presidenta de la JEP, Dra. Patricia Linares, relacionada con los graves atentados a la independencia judicial y el respeto debido a la administración de justicia perpetrados el día de ayer por parte del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, quien por medio de sus agentes de policía judicial llevó a cabo acciones ilegales de allanamiento a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, revisión y captura ilegal de copia de los expedientes y coacciones para someter a entrevista a la Presidente de la Sala encargada de los anteriores procesos.

Las presiones a la JEP y retención de evidencias probatorias necesarias para poder llevar a cabo procedimientos en que, por mandato de la ley y por fallos de la Corte Constitucional, se ha reconocido que la competencia radica en la Jurisdicción Especial para la Paz, han alcanzado hoy extremos abiertamente ilegales por parte de quien ostenta precisamente la facultad constitucional de investigar las conductas delictivas, afectando, en el marco del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, el principio de centralidad de las víctimas e impidiendo la búsqueda de la verdad. Las garantías para los comparecientes, víctimas y testigos se ven en grave amenaza cuando el Fiscal decide vulnerar la reserva judicial que por mandato constitucional cobija las intervenciones ante la JEP, por lo que el Procurador General de la Nación debe investigar las violaciones al debido proceso y a las garantías para los comparecientes y demás sujetos procesales y tomar las medidas pertinentes. Para deslegitimar a la JEP el Fiscal General de la Nación ha venido utilizando su autoridad para promover la condena mediática y la negación de garantías elementales de contratistas y funcionarios encargados del diseño y puesta en marcha del sistema autónomo de defensa de la JEP.

El desconocimiento del Fiscal General de la autoridad de la Jurisdicción Especial para la Paz no puede llevarlo, - sin que ello conlleve graves consecuencias penales y disciplinarias-, a atentar tan gravemente contra una de las instituciones centrales de la construcción del proceso de paz en Colombia. Los vacíos en el establecimiento de controles legales a las actuaciones del Fiscal General, han venido configurando una situación en la que los poderes públicos se ven sometidos a su autoridad. Sus ataques a las reglas básicas de la democracia y de la independencia judicial tienen un límite en las restricciones impuestas por el Estado de Derecho que el Fiscal Martínez no puede transgredir.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, víctimas y constructoras de paz, respaldamos y expresamos nuestra solidaridad a la Jurisdicción Especial para la Paz, a sus magistrados y sus funcionarios, y llamamos a la sociedad colombiana a apoyar su funcionamiento independiente en favor de la paz, la verdad, la reconciliación y la justicia. Igualmente llamamos al Jefe del Estado, al Congreso y a las demás cortes de justicia a asumir posturas enérgicas en favor del Estado de Derecho y a tomar las medidas pertinentes ante estos excesos de poder que ponen en grave riesgo el proceso de paz y de construcción de una convivencia justa y en democracia. Finalmente instamos a la comunidad internacional, a los países garantes y especialmente a los organismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a pronunciarse respaldado la independencia judicial frente a estas acciones en contra de la JEP, a honrar los acuerdos y a hacer un llamado a que se respeten los mandatos constitucionales y el derecho de los colombianos y colombianas a vivir bajo las reglas de un Estado de Derecho, en el que ningún funcionario pueda abusar de su autoridad.

COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS

ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES POR UNA COOPERACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO

DIALOGO INTERECLESIAL POR LA PAZ DE COLOMBIA