Bogotá, 24 de septiembre de 2015. La Coordinación
Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), organización que agrupa a 265
organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, expresa su
satisfacción y optimismo frente a el histórico anuncio del acuerdo de las
partes sobre un marco jurídico que permita juzgar crímenes perpetrados en el
marco del conflicto armado, incluidos delitos de lesa humanidad y, satisfacer
los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
La CCEEU reconoce como positiva la adopción
de un enfoque de justicia restaurativa, que coloca en centro a las víctimas. La
inclusión de éstas y a organizaciones defensoras de derechos humanos como
actores importantes en el marco de una Jurisdicción Especial de Paz. La
consagración de la verdad como principio rector para la definición de las
sanciones, así como el reconocimiento amplio de los delitos políticos y
conexos. La competencia para establecer responsabilidades y esclarecer la
verdad acerca de los máximos organizadores y ejecutores de crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos en el
marco del conflicto armado. Para la CCEEU esta es la base para garantizar la no
repetición de tales crímenes.
La CCEEU destaca también que la Jurisdicción
Especial para la Paz sea vinculante para todos los actores involucrados en el
conflicto armado. Sin embargo, no deja de preocuparle que la reciente reforma a
la justicia penal militar permita que agentes involucrados en graves
violaciones, eludan su obligación de acudir al Tribunal para la Paz para
responder por tales hechos, amparándose en el Fuero Penal Militar. Aunado a lo
anterior la CCEEU desea llamar la atención sobre 4 aspectos:
1. La transparencia
en el mecanismo de elección de los miembros de los Tribunales y la exigencia de
criterios de idoneidad, capacidad, solvencia moral y reconocimiento que deben
regirla.
2. La prevalencia de
la jurisdicción especial de paz por encima de otros tipos de justicia que
pueden garantizar impunidad, sin menoscabo de que crímenes cometidos por
agentes estatales que no se hayan dado en relación con el conflicto armado sean
juzgados e investigados en la justicia ordinaria.
3. La necesidad de
que cesen las detenciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos,
y la criminalización de la protesta social y se dote de suficientes garantías
su legítimo ejercicio.
4. La necesidad de avanzar de forma pronta y
decidida en el desmonte de las estructuras paramilitares que representan una
amenaza para la participación ciudadana, las dinámicas políticas democráticas y
el éxito de los acuerdos de paz.
Finalmente,
la CCEEU expresa su disposición a aportar constructivamente al desarrollo
normativo desde su experiencia en derechos humanos e igualmente su voluntad de
trabajar de la mano de las organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos para lograr la refrendación de los acuerdos. El fin del conflicto
armado con las FARC y el pronto inicio de diálogos con el ELN, generan una
perspectiva esperanzadora de paz, cuya concreción requiere una gran dosis de
voluntad política de las partes para el cumplimiento de los acuerdos, así como
una sociedad civil activa y vigilante en su efectivo cumplimiento.
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