Al vocero de la Mesa Nacional de Víctimas le preocupa que titulares de tierras tengan que permitir su explotación por parte de terceros.
Por Luis Augusto Aponte Tinoco Periodista de EL NUEVO SIGLO
LA RESTITUCIÓN de tierras que les han sido despojadas a campesinos, debe incluir el reintegro de todo el patrimonio perdido y no sólo el título como tal, propone el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, Antonio Madariaga. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Madariaga también habló de otros temas incluidos en el proyecto de reparación a víctimas.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la Mesa Nacional de Víctimas el texto del proyecto que busca reparar a los afectados por la violencia?
ANTONIO MADARIAGA: La Mesa Nacional de Víctimas ha dicho que celebra que el tema de víctimas y el de tierras tenga un lugar tan importante como el que tiene en la agenda legislativa del presente Gobierno. Sin embargo, hay algunos asuntos dentro del proyecto de ley que representan avances, pero también hay un conjunto de preocupaciones.
ENS: ¿Cuál debe ser la fecha precisa desde la que debe tener vigencia esta iniciativa?
AM: El tema de la fecha va en dos direcciones. En primer lugar, en que efectivamente se recoja el momento del inicio de la agresión a las organizaciones políticas como la Unión Patriótica. Para tal efecto nosotros creemos que una fecha adecuada debe ser 1980, y nos preocupa que en la ponencia, que actualmente está discutiéndose, aparece como fecha de inicio de la restitución (sic.) 1991, lo cual crea una discriminación inaceptable.
AM: El tema de la fecha va en dos direcciones. En primer lugar, en que efectivamente se recoja el momento del inicio de la agresión a las organizaciones políticas como la Unión Patriótica. Para tal efecto nosotros creemos que una fecha adecuada debe ser 1980, y nos preocupa que en la ponencia, que actualmente está discutiéndose, aparece como fecha de inicio de la restitución (sic.) 1991, lo cual crea una discriminación inaceptable.
ENS: ¿Qué opina frente al capítulo de restitución de tierras?
AM: Ahí encontramos que en general es básicamente restitución de títulos, porque no contempla el conjunto del patrimonio. Es decir, las personas no sólo tenían una superficie de tierra, sino que tenían animales domésticos, como el ganado vacuno, cultivos, maquinaria, y ninguno de esos bienes están contemplados en la ley, porque ésta solo contempla el título de la tierra. Entonces, insistimos que si se quiere cumplir con los estándares internacionales, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido. En esa misma dirección, nos preocupa muchísimo que se haya introducido una cláusula que permitiría que supuestos terceros de buena fe puedan seguir explotando los predios que fueron despojados o abandonados, y que el legítimo titular que fue desplazado, tenga que obligatoriamente arreglar esas tierras para que las usufructúen por el hecho de que tengan allí establecido algún tipo de explotación.
AM: Ahí encontramos que en general es básicamente restitución de títulos, porque no contempla el conjunto del patrimonio. Es decir, las personas no sólo tenían una superficie de tierra, sino que tenían animales domésticos, como el ganado vacuno, cultivos, maquinaria, y ninguno de esos bienes están contemplados en la ley, porque ésta solo contempla el título de la tierra. Entonces, insistimos que si se quiere cumplir con los estándares internacionales, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido. En esa misma dirección, nos preocupa muchísimo que se haya introducido una cláusula que permitiría que supuestos terceros de buena fe puedan seguir explotando los predios que fueron despojados o abandonados, y que el legítimo titular que fue desplazado, tenga que obligatoriamente arreglar esas tierras para que las usufructúen por el hecho de que tengan allí establecido algún tipo de explotación.
ENS: ¿Es pertinente que la agencia Acción Social sea la responsable de atender a las víctimas de la violencia?
AM: La Corte Constitucional ha demostrado en el seguimiento a la sentencia T-025, donde se declara el estado inconstitucional de cosas en cuanto a la atención de la población víctima del desplazamiento forzado, la ineficacia e inoperancia para atender esta población. Entonces, creemos que dejárselo a Acción Social, o repetir las fallas de esta entidad, condena al fracaso la aplicación de la ley.
ENS: ¿Qué opinión le merece la proposición de un acuerdo donde las víctimas se deban comprometer a no demandar el Estado después de ser reparadas?
AM: Nos preocupa la insistencia del senador Roy Barreras de lo que el llama el acuerdo de transacción, por el cual, si una persona recurre a la indemnización por vía administrativa, tiene que renunciar obligatoriamente a la indemnización por vía judicial. Eso, además de ser abiertamente inconstitucional e ir en contra de los estándares internacionales, significa una burla a las víctimas decirles que si recurren a la vía administrativa, que es una vía expedita y rápida, tienen que renunciar a sus derechos. De otro lado, nos preocupa todo el tema de la consulta previa, pues la ley no procedió a realizar estos procesos con la comunidad afro e indígena, y eso claramente podría generar un vicio de inconstitucionalidad. La fórmula por la que se optó, que es la del artículo transitorio, que le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que por vía de decretos establezca un protocolo y desarrolle la consulta previa, es insuficiente.
ENS: ¿Qué opinión le merece la proposición de un acuerdo donde las víctimas se deban comprometer a no demandar el Estado después de ser reparadas?
AM: Nos preocupa la insistencia del senador Roy Barreras de lo que el llama el acuerdo de transacción, por el cual, si una persona recurre a la indemnización por vía administrativa, tiene que renunciar obligatoriamente a la indemnización por vía judicial. Eso, además de ser abiertamente inconstitucional e ir en contra de los estándares internacionales, significa una burla a las víctimas decirles que si recurren a la vía administrativa, que es una vía expedita y rápida, tienen que renunciar a sus derechos. De otro lado, nos preocupa todo el tema de la consulta previa, pues la ley no procedió a realizar estos procesos con la comunidad afro e indígena, y eso claramente podría generar un vicio de inconstitucionalidad. La fórmula por la que se optó, que es la del artículo transitorio, que le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que por vía de decretos establezca un protocolo y desarrolle la consulta previa, es insuficiente.
Viernes, 18 de Marzo de 2011 00:00
ttp://www.elnuevosiglo.com.co/component/content/article/32269-ley-de-victimas-debe-reintegrar-patrimonio-perdido-madariaga.html
Es la vieja oposición entre la aspiración jurídica a la perfección formal y la tosca realidad de las cosas: entre la práctica teórica y la práctica práctica.
Sábado 9 Abril 2011
Sábado 9 Abril 2011
Esta vez no fueron los WikiLeaks sino su destinatario oficial, que es en fin de cuentas el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el que destapó la información. Y lo hizo al desclasificar documentos confidenciales que muestran que la empresa bananera Chiquita Brands hizo millonarias "donaciones" a varias de las organizaciones Convivir de Urabá a cambio de "seguridad". No es una novedad, por supuesto.
La propia Chiquita había reconocido tales pagos hace ya varios años, y por ello fue multada con 25 millones de dólares por el gobierno norteamericano. Y ahora tiene pendientes numerosas demandas de las víctimas de las autodefensas, que alegan con razón que estas no habrían podido cometer sus atroces tropelías sin el apoyo financiero de empresas como Chiquita.
Pues no es la única. Parece ser que los uribistas antioqueños andan preocupados ante la posibilidad de que, dentro de la política de reparación a las víctimas y devolución de las tierras expoliadas que impulsa el gobierno de Santos, se obligue a quienes financiaron a los paramilitares a pagar otra vez, esta vez a los damnificados. Y si eso es así, piensan, quiebra Antioquia.
No solo Antioquia: quiebra todo el país rural del uribismo.
Y más todavía si se incluye en el proyecto la propuesta hecha hace unos días, en una entrevista publicada en El Nuevo Siglo, por el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, Antonio Madariaga. El cual dice que en la ley, además de la restitución de las tierras robadas, se debe incluir la de los bienes muebles saqueados: animales domésticos, cultivos, maquinaria. "Si se quiere cumplir con los estándares internacionales -explica Madariaga-, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido".
Tiene razón, sin duda. Aunque no se ve muy bien cuáles pueden ser esos "estándares internacionales" puesto que, como señala con pertinencia uno de los ponentes del proyecto de ley, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, "en ningún país en conflicto ni en guerra civil interna se ha hecho una ley como esta". Pero tiene razón, sin duda, Madariaga, desde el punto de vista de la justicia. Aunque, como añade el senador Barreras, "la consecuencia práctica de incluir los bienes muebles es que la ley sería inaplicable". Y concluye: "Yo creo que es una buena ley; pero lo perfecto es enemigo de lo bueno".
Y también tiene razón Barreras, como la tiene Madariaga, aunque al contrario. Así ha sido siempre en Colombia, desde los orígenes: es la vieja oposición entre la aspiración jurídica a la perfección formal y la tosca realidad de las cosas: entre la práctica teórica y la práctica práctica.
El proyecto, entre tanto, sigue en discusión en la Comisión Primera del Senado. Y todavía falta un largo camino culebrero para que se convierta en ley, perfecta o imperfecta. Pero el verdadero problema vendrá después, cuando se trate de aplicarla: en la práctica de la práctica práctica. También ha sucedido siempre en Colombia que las leyes no se aplican en la realidad.
Para comprobarlo una vez más vienen a cuento los documentos norteamericanos sobre el respaldo económico de Chiquita Brands a los paramilitares de Urabá. Pues lo que estos muestran, al margen de la responsabilidad de la empresa bananera y por añadidura, es que tal respaldo se hizo a petición de las Fuerzas Militares del Estado en la región. Lo cual -aunque tampoco es novedad- dista mucho de parecerse a la tarea que las leyes les asignan. Si la hubieran cumplido a cabalidad, los grupos paramilitares de las AUC no hubieran tenido por qué aparecer, ni las empresas bananeras -y todo el país rural del uribismo- se hubieran visto en la necesidad de apoyarlas económicamente, bien fuera por extorsión o por espontánea simpatía.
Entre tanto, y como su contribución a la práctica teórica, el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, propone la creación de una policía campesina. Una nueva Convivir que esta vez sirva para proteger a los campesinos amenazados por intentar, de acuerdo con la ley, recuperar las tierras que la Convivir vieja les quitó.
http://www.semana.com/noticias-opinion/practica-teorica/154829.aspx
http://www.semana.com/noticias-opinion/practica-teorica/154829.aspx
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