Hoy se hace público Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Colombia
El Informe está disponible para su lectura completa en la página web www.hchr.org.co
El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el país durante el año 2010 se presenta hoy en Colombia, y se hará público ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, el próximo 23 de marzo del año en curso.
Según Christian Salazar, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el Informe señala que el panorama de los derechos humanos en el país durante 2010 se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras que contrastan con la persistencia de serias violaciones de los derechos humanos en las diferentes regiones del país”.
El Informe valora el clima político y resalta que el “desarme de la palabra” impulsado por el nuevo Gobierno se ha traducido en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos. Un resultado importante de esta despolarización fue, por ejemplo, la elección de una nueva Fiscal General después de un impasse de 16 meses, dice el Informe.
Reconoce además el fuerte compromiso de altos funcionarios del nuevo Gobierno con la mesa de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos, aunque la Alta Comisionada y su Oficina en Colombia esperan que los compromisos adquiridos se cumplan en la práctica.
Para la Alta Comisionada los rechazos públicos de altos funcionarios del Gobierno a actos de violencia y violaciones de derechos humanos fueron oportunos y reconoce el seguimiento que la Vicepresidencia está dando a las investigaciones penales de varios casos. Espera que en 2011 se adopten las decisiones que permitan la plena implementación de los cambios anunciados.
El informe 2010 destaca como especialmente importante el proyecto de “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, y que éste Gobierno mantuvo firme su posición de no excluir a víctimas de agentes del Estado.
Otras medidas positivas en las que haces énfasis el Informe son la sanción de la “Ley de Homenaje” a las víctimas de desaparición forzada, el nuevo Código Penal Militar y la aprobación por parte del Congreso de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Informe señala que solo recientemente se comienza a conocer la dimensión real del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. A noviembre del 2010, el total de personas desparecidas registradas en el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba 51.310, de las cuales 12.632 podrían ser consideradas como desapariciones forzadas, es decir, personas desparecidas por agentes estatales. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto al 2009 es casi del 40%.
Aunque la impunidad sigue siendo uno de los problemas principales del país, el Informe reconoce los esfuerzos realizados por parte de los organismos judiciales para esclarecer algunas violaciones que afectan a los pueblos indígenas, como se demostró con las condenas a los responsables de la muerte de Edwin Legarda y de la masacre de 12 indígenas Awá ocurrida en agosto de 2009, así como el fallo histórico emitido en el caso de la toma del Palacio de Justicia contra miembros del Ejército.
El Informe recoge los continuos homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones así como ataques y asesinatos de personas que pertenecen a grupos en situación de especial vulnerabilidad.
En cuanto al desarrollo de diferentes indicadores de violencia y violaciones de derechos humanos, el Informe da cuenta del fuerte aumento de masacres: 40% durante el año 2010. Es preocupante, dice el Informe, que la Defensoría del Pueblo advierta a tiempo sobre el riesgo de masacres y otras violaciones de los derechos humanos, por ejemplo en Córdoba, sin que las autoridades tomen las previsiones correspondientes. En Córdoba, por ejemplo, se registraron 10 masacres en 8 meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre.
El Informe reporta que las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen figurando entre los grupos de población más vulnerables y el Estado colombiano continúa enfrentando retos enormes para asegurar sus derechos y su protección. Un reto principal del Estado, según el Informe, es garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades a ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier acción que los afecte directa y diferenciadamente.
En 2010, el informe da cuenta de casos de violencia sexual atribuidos a miembros de grupos armados ilegales, y a miembros de la fuerza pública. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas. En cuanto a la fuerza pública, el Informe reconoce que su reacción ante casos de violencia sexual ha sido más adecuada que en años anteriores.
Sin embargo, casos gravísimos, como por ejemplo el de Arauca, en el que se atribuyó a un mismo miembro del Ejército la violación de dos niñas en un intervalo aproximado de 2 semanas, y al cual la Oficina de la Alta Comisionada dio un detallado seguimiento, muestran que es imperativo mejorar la respuesta de las autoridades a este problema.
Una preocupación importante que destaca el Informe es el aumento de la violencia generada por grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares. Miembros de estos grupos cometieron homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, individuales y colectivos, y actos de violencia sexual y explotación de niños y niñas.
Según el Informe, las dimensiones alcanzadas por estos grupos provocaron que el Ministerio de Defensa autorizara a las Fuerzas Militares a que apoyen a la Policía Nacional en el combate contra siete de estos grupos.
El Informe afirma que la heterogeneidad de la estructura y el comportamiento de esos grupos dificultan una categorización general e inequívoca del fenómeno. Según el Informe, el móvil fundamental de estos grupos es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas. En ese sentido, ejercen “control social” y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada. Sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política, a veces utilizan terminología y parafernalia propia de organizaciones paramilitares, así como su modus operandi.
El Informe señala que entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos. Estos grupos también actúan hostilmente ante aquellas personas percibidas como colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza pública, o simplemente que se encuentran en una zona de disputa con otro grupo.
Según el Informe, en la comisión de esta violencia, estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso convivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, como demuestran casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta.
El Informe da cuenta de que en 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según la Alta Comisionada, los hechos que su Oficina ha conocido sobre el DAS y otros organismos de inteligencia, demuestran que las reformas de inteligencia son urgentes, no solo para el DAS, sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.
El Informe confirma la drástica disminución de la práctica conocida como “falsos positivos”, y considera fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas en el pasado y analizar en profundidad las causas de estas violaciones, como garantía de no repetición de estos hechos.
Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, el Informe estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de estos casos ocurrieron entre los años 2004 y 2008.
El Informe afirma que el conflicto armado interno sigue siendo uno de los generadores principales de violencia contra la población civil. Todas las partes del conflicto armado continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros
El Informe registra con particular preocupación la infracción al principio de distinción en la conducción de hostilidades por parte de los grupos guerrilleros, especialmente las FARC-EP, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas. Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de las acciones de los grupos guerrilleros de forma “generalizada, sistemática y habitual”. La siembra de minas antipersonal continúa causando grandes daños a la población civil.
Tanto las FARC-EP como el ELN siguieron tomando rehenes. La Alta Comisionada reitera su condena a la práctica sistemática de la toma de rehenes, que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
En cuanto a la fuerza pública, el Informe afirma que siguió observando la presencia de unidades militares en los alrededores o en el interior de bienes civiles, incluyendo casas y escuelas. Asimismo, señala su preocupación por las numerosas denuncias recibidas de comunidades que alegan abusos, especialmente del Ejército. El Informe también reporta que la Oficina de la Alta Comisionada continuó recibiendo información sobre utilización de niños y niñas para fines de inteligencia por miembros de la fuerza pública y sobre su participación en campañas cívico-militares.
En cuanto a la Ley Justicia y Paz, el informe sigue sosteniendo que los resultados de la Ley 975 (2005) son modestos. Como prueba, sólo aproximadamente el 4.5% de todos los desmovilizados se sometieron a la ley y de ellos solamente el 54% - un poco más de la mitad - ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Existen dos sentencias parciales con tres personas sentenciadas. Estas sentencias fueron apeladas por las víctimas. Ante esto, la Alta Comisionada reitera su recomendación de considerar una profunda revisión de la Ley 975.
El Informe señala con preocupación la influencia de la llamada “parapolítica” que no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 267 congresistas, 13, que han sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. El Informe dice que la Oficina en Colombia ha recibido informaciones de posibles casos de “testaferrato político” entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de “parapolítica”.
Además de los temas mencionados hasta ahora, el Informe trata un abanico de otros temas importantes, como por ejemplo la tortura, el desplazamiento forzado o los derechos económicos, sociales y culturales, y se delinean algunas áreas de trabajo prioritarias de la Oficina en Colombia para 2011.
Por último, en su informe, la Alta Comisionada formula una serie de recomendaciones concretas con la convicción de que su implementación contribuirá a una sensible mejora en la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. Algunas de estas recomendaciones son las siguientes:
1. La Alta Comisionada insta a todos los actores armados a aceptar y acatar plenamente el derecho internacional humanitario; y exige a los grupos armados ilegales que de manera inmediata liberen sin condiciones a todas las personas secuestradas, cesen el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, liberen a todos los que se encuentran en sus filas, y detengan la colocación de minas antipersonal.
2. La Alta Comisionada alienta a una revisión exhaustiva de las políticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado, para ajustar las medidas a las condiciones de las víctimas. En este contexto, reitera especialmente la necesidad de que el Estado colombiano adopte un programa de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras.
3. La Alta Comisionada recomienda frente a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares la adopción de políticas y medidas que no se limiten únicamente al aumento de agentes de seguridad pública. Asimismo, insta a desplegar mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción y aquiescencia con estos grupos en todos los ámbitos del Estado, particularmente en la fuerza pública, autoridades locales, jueces y fiscales.
4. La Alta Comisionada considera imperativo que el Estado colombiano avance significativamente en los procesos judiciales sobre las ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio de Defensa debería reaccionar ante el preocupante retroceso en la colaboración entre la justica penal militar y la justicia ordinaria, transfiriendo de manera inmediata a la justicia ordinaria todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que están bajo su jurisdicción.
5. La Alta Comisionada recomienda establecer un mecanismo independiente para analizar y transferir a la justicia ordinaria casos que fueron conocidos y cerrados en el pasado por jueces penales militares sin una adecuada investigación.
6. La Alta Comisionada insta al Gobierno, a la Procuraduría General de la Nación y al Congreso a establecer mecanismos democráticos robustos de control externo sobre los servicios de inteligencia, avanzar en el establecimiento de los centros de protección de datos con los más altos estándares de control interno y establecer un mecanismo de depuración de archivos.
7. La Alta Comisionada exhorta a que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes supuestamente cometidos por miembros del servicio de inteligencia civil, DAS.
Comentarios