COMUNICAN A LA OPINIÓN PÚBLICA


CORPORACION NUEVA SOCIEDAD REGION NORORIENTAL DE COLOMBIA “CONSORNOC”, LA FUNDACION PARCOMUN, FUNDACION FUNPROCEP, CORPORACION COMPROMISO, COORDINACION COLOMBIA EUROPA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS NODO NORORIENTAL, EL OBSERVATORIO REGIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA CONVIVENCIA PACIFICA DE NORTE DE SANTANDER, LA RED DE INICIATIVAS PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO TERRITORIAL NODO SANTANDERES.

 
Comunican a la Opinión Pública

En la condición de Organizaciones de la Sociedad civil que promueven el desarrollo, la equidad y la defensa de los Derechos Humanos con presencia en  la región, rechazamos el secuestro del que fueron objeto las compañeras del equipo técnico de la Fundación Progresar, Nohora Guerrero, Lizbeth Jaime y Mónica Fernanda Duarte y de la funcionaria adscrita al Programa de Atención a Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República, María Angélica González, ocurrido en el corregimiento San Juancito del municipio de Teorama, Norte de Santander,  el pasado 9  de julio, presuntamente cometido por integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN.

El Programa de atención a comunidades en riesgo tiene como objetivos, elevar los niveles de protección de los derechos a la vida, la integridad y la libertad por parte de las instituciones estatales, en beneficio de los y las comunidades afectadas por el conflicto armado interno. De igual manera, la Fundación Progresar es una organización social reconocida por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la reparación de las víctimas y el análisis de los factores de violencia que aquejan a la región. Reclamamos respeto y tolerancia frente al accionar del equipo técnico de este Programa y de Progresar como organización de la Sociedad Civil.

Exigimos a sus captores a preservar la vida e integridad de estas personas y a su inmediata liberación. Así mismo, solicitamos de la fuerza pública, abstenerse de realizar operaciones que pudieren elevar el riesgo de estas profesionales.

Solicitamos del gobierno nacional y el departamental, la activación de mecanismos de mediación que conduzcan a la  liberación sanas y salvas de estas profesionales de desarrollo social y paz, y exigimos de los grupos armados que operan en la región, respeto por la población civil, los defensores de derechos humanos, y las organizaciones sociales que desarrollamos Programas y proyectos tendientes a promover la recomposición del tejido social y la defensa de los derechos fundamentales de la población más vulnerable.

San José de Cúcuta, julio 17 de 2.010.


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