Informe del Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales

Experto de Naciones Unidas considera que existen avances pero también un patrón de ejecuciones extrajudiciales y siguen persistiendo “graves problemas” en relación con las políticas de seguridad de Colombia

Nueva York, 25 de mayo de 2010

“Colombia ha realizado importantes avances en seguridad después de décadas de conflicto armado y gravísimas violaciones de derechos humanos, sin embargo graves problemas con sus políticas de seguridad han socavado los objetivos que el Gobierno busca lograr”. Declaró el Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. El informe del Profesor Alston sobre su visita a Colombia en junio de 2009 fue publicado hoy por Naciones Unidas.

“Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados “falsos positivos”, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados.

Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un “reclutador” hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados que reportaban que había “muerto en combate” y toman medidas para manipular y encubrir la escena del crimen”. Informó el Profesor Alston. “Dentro de las Fuerzas Armadas, el éxito fue medido por el número de guerrilleros muertos y promovido por un entorno en el que hubo poca o ninguna rendición de cuentas. Los soldados sabían que podían quedar impunes”.

Alston destacó las medidas adoptadas por Colombia para reducir las ejecuciones, incluida la destitución de oficiales de alto rango y permitir el monitoreo por parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero expresó preocupación porque la impunidad continúa. “La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98.5% según fuentes creíbles, es demasiado alta” expresó el experto. A menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juzgamiento de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos. Víctimas y familiares merecen justicia. La sociedad colombiana y la comunidad internacional necesitan saber que las operaciones policiales y militares son legales o de lo contrario carecerán de legitimidad”.

El Relator Especial también encontró “un alarmante nivel de impunidad para los exparamilitares”. Según Alston, “el esfuerzo de Colombia para terminar con la violencia paramilitar y exigir responsabilidades está siendo cuestionado. La inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones a los derechos humanos fueron desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”.

Alston añadió que “la Ley de Justicia y Paz que fue ideada para exigir responsabilidades a los paramilitares por sus crímenes, no han sido un instrumento efectivo de verdad y justicia.

Para lograr dichos fines, es necesario que el Gobierno promueva cambios sustantivos y procedimentales en la ley. Dada la situación de Colombia, centrarse solamente en la ley no es suficiente. No hay sustituto para el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos, pero el Gobierno debería considerar establecer una comisión de la verdad independiente que conduzca una investigación sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano”.

Alston resaltó que “tanto las FARC como el ELN cometieron asesinatos y a menudo atacaron o victimizaron a la población por la que ellos dicen luchar. Los grupos guerrilleros causan inestabilidad en muchas partes del país. La estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de la guerrilla, pero también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.

El experto llamó la atención sobre los grupos que son especialmente vulnerables a la violencia en Colombia. “Históricamente y hoy en día, todas las partes del conflicto han atacado comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales. Colombia debe investigar y sancionar fuertemente la violencia y amenazas contra estos grupos”. Alston también destacó que “las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en zonas de conflicto son especialmente vulnerables a las masacres y otras violaciones y Colombia debe asegurar que sus políticas de seguridad y las operaciones militares prioricen su protección”.

Alston elogió el alto nivel de cooperación que recibió del Gobierno de Colombia durante su visita. “La voluntad del Gobierno colombiano de abrirse al escrutinio internacional sobre sus políticas de seguridad marca un ejemplo para los otros estados. Los oficiales del Gobierno me han dicho repetidamente que aceptan las sugerencias de reforma. La manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.