Informe de la ONU sobre Los Derechos Humanos en Colombia


La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia expresó hoy preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, la situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos, la desaparición forzada, la parapolítica, el reclutamiento de niños y niñas.


El representante de ese organismo en Colombia, Christian Salazar, presentó el “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia” correspondiente a 2009.

El informe muestra como el conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desprecio por el derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros.


Asimismo, el informe analiza los desafíos en la implementación de la ley 975 (2005), llamada de “justicia y paz” el aumento de amenazas y la utilización ilegales de los servicios de inteligencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además. Persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de factor la marginación de la población afrocolombiana e indígena.


Algunas de las afirmaciones del informe.


El informe consigna “que las cifras de violencia sexual, según el instituto Nacional de Medicina legal, el número total de casos de violencia sexual registrados en el marco del conflicto armado interno, aumentó de 12.732 en el año 2000 a 21.202 en 2008, resulta preocupante que el 86% de los casos, las víctimas son niñas entre los 10 y 14 años”


El documento explica que el “desplazamiento forzado”, siguió aumentando en 2009, aunque en menor medida que en años pasados, con un continúo registro de casos. Se registraron desplazamientos forzados en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuentes en aquellas zonas donde de desarrollan hostilidades. En 2009, el impacto de los desplazamientos forzados provocados por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño fue particularmente preocupante.


El texto también menciona que la Fuerza Pública, especialmente el Ejército, ha sido considerada responsable de infracciones al derecho internacional humanitario. Se registraron homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, actos de pillaje, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas e impedimentos arbitrarios al libre tránsito de personas y bienes. En ocasiones, las restricciones a la circulación de alimentos pudieron haber afectado los niveles de desnutrición de la población, particularmente en la niñez.


En cuanto a los defensores de derechos humanos, el informe dice que “la oficina de Colombia observó, entre otros, casos de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Estas violaciones fueron atribuidas a miembros de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y a grupos guerrilleros, en particular las FARC-EP así como, en algunos casos, a integrantes de la Fuerza Pública”.


Además en el 2009 se aumentó las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados.


La Situación de ejecuciones extrajudiciales continúa siendo seriamente preocupante”.


El informe hace mención a la situación de los pueblos indígenas y afrocolombiano son los más vulnerables y corren el mayor riesgo a perder la vida con un 63% y va en aumento.


Por otra parte, el informe subraya que “la pobreza y extrema pobreza, la desigualdad y el conflicto armado interno continúan siendo factores que vulneran el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La lucha contra la pobreza y la necesidad de reducir las importantes brechas entre ricos y pobres siguen siendo un imperativo ineludible para el Gobierno. Las estrategias políticas de reducción de la pobreza deben buscar una justa distribución de los beneficios del desarrollo social entre la población”.


Para conocer el informe completo descargue pdf aquí.


http://www.corporacioncompromiso.org/?apc=I1--83-83-&x=262




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