El 22 de octubre de 2009, en horas de la madrugada fueron capturados los campesinos de Sabana de Torres (Santander) JOSÈ VICENTE PARRA NOSA de 44 años de edad; LUCILA PARRA SANDAÑA hija del anterior, de 21 años de edad; MAURICIO MORA de 38 años de edad; LUDY MORALES PÉREZ de 38 años de edad, esposa de MAURICIO y padres de siete hijos menores; EULISES SÁNCHEZ, 37 años de edad, padre de cinco hijos menores; LUIS GUILLERMO LOBO CARDONA de 49 años, desplazado; y GONZALO CARRERO GUERRERO, presidente de la Junta de Acción Comunal.
El operativo dirigido por la SIJIN-Policía Nacional se efectuó desde la 3:30 de la madrugada, participando además miembros de la V Brigada del Ejército Nacional; entre los campesinos se encontraba la pareja de esposos MAURICIO y LUDY, residente en la vereda San Rafael de la Arenosa de Sabana de Torres, padres de siete hijos menores, entre ellos un bebé de siete meses de nacido quien solo recibe como alimento leche materna, y que ha sido entregado junto con dos hermanos más al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de ese municipio.
El 23 de octubre de 2009 se desarrollaron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento; correspondiendo al Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de garantías de Bucaramanga y a la Fiscalía XX de la estructura de apoyo, con presencia del ministerio público (Procuraduría); la captura fue declarada legal y se imputó el delito de rebelión, a la vez que se impuso medida de aseguramiento con restricción de la libertad en centro carcelario, decisión tomada por la Sra. Juez a petición de la Fiscalía, quien basó la misma en las entrevistas de tres supuestos reinsertados, en informes de inteligencia cuya fuente es la información suministrada por los reinsertados; y en entrevistas de testigos bajo reserva de identidad.
Produce preocupación el patrón empleado en las capturas masivas en los últimos años contra comunidades campesinas del municipio de Sabana de Torres: la etapa pre-procesal la efectúa siempre el mismo investigador de la SIJIN, quien es el encargado de realizar las entrevistas, obvio, sin la presencia de abogados defensores o ministerio público, pues estas actuaciones se caracterizan por adelantarse a espaldas de los futuros imputados en abierto desconocimiento de garantías fundamentales como el derecho a la defensa y el debido proceso. Más grave aún resulta la utilización de presuntos testigos reinsertados (los mismos que han cobrado el derecho a la libertad a otros tantos campesinos de Sabana de Torres hoy absueltos) quienes de forma extraña y contrario a las reglas de la experiencia, al pasar el tiempo recuerdan nuevos nombres de supuestos colaboradores de la guerrilla, mencionando listados de personas diferentes en cada proceso. Las acusaciones que pesan contra los campesinos son abstractas, gaseosas, generales, pues se les endilga la calidad de supuestos milicianos que cumplen labores de compra de víveres, transmisión de información al grupo rebelde sobre la presencia del Ejército Nacional, lo mismo que sobre nombres de personas para extorsionar o secuestrar.
Estos campesinos de Sabana de Torres detenidos, al igual que quienes en anteriores oportunidades han corrido la misma suerte, fueron exhibidos ante los medios de comunicación regional, como el resultado de la efectiva política de seguridad democrática, en desconocimiento de su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que ello constituyen condenas anticipadas, en juicios paralelos que generan aún mayores prejuicios en los operadores judiciales.
Sumado lo anterior, durante las audiencias preliminares, la representante del ministerio público, la doctora MARIA CLARA CORREA ISIOLI, procuradora judicial Penal 295, la misma que presentó al estudiante de la UIS aprehendido recientemente por el Esmad como una persona peligrosa que realiza actos similares a los terroristas internacionales, se convierte en un acusador más, solicitando la imposición de medida de aseguramiento, olvidando su función constitucional de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de los procesados, incluso dirigiéndose de forma despectiva contra la señora LUDY MORALES PEREZ, quien ante la solicitud de domiciliaria por ser madre de siete hijos menores de edad, entre esos, un Bebé que recibe leche materna, expresó extraprocesalmente “quien la manda a tener tantos hijos”. La Juez de control de Garantías concedió la detención domiciliaria a LUDY MORALES, orden que, en un increíble despliegue de negligencia, hasta la fecha no ha sido cumplida por la directora de la reclusión de mujeres de Chimitá bajo el argumento que no existe forma de trasportarla hasta su finca.
Respecto de los demás campesinos detenidos, la juez ordenó su traslado a la cárcel de Palogordo, argumentando que es petición del INPEC remitir a dicho centro de reclusión a cualquier persona condenada o procesada por el delito de rebelión; evidenciándose una vez más que la Cárcel Modelo de Bucaramanga fue entregada a los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, autores de crímenes de lesa humanidad, mientras que campesinos como estos, son sometidos a un régimen de alta seguridad, afectando ostensiblemente a sus familias, quienes no poseen las condiciones para visitarlos por la distancia en que se ubica este centro carcelario.
Los habitantes del municipio de Sabana de Torres han sido víctimas de varias capturas masivas en los últimos años, orquestadas todas por la Policía Nacional a través del Gaula o la SIJIN. En agosto 10 y 11 de 2006 fueron privadas de la libertad a 14 personas señaladas de incurrir en los delitos de rebelión y secuestro extorsivo, todas sin excepción, recobraron la libertad por preclusión y sentencia absolutoria; entre el 1 y 2 de marzo de 2007 fueron privados de la libertad 30 campesinos y pobladores urbanos; el 12 de junio de 2008 fueron capturados siete campesinos por efectivos del Gaula de la Policía Nacional; posteriormente, el 29 de octubre de 2008, se registró la captura de 11 campesinos señalados de pertenecer al frente 20 de las Farc, las labores de policía judicial las efectuó la SIJIN de la Policía Nacional bajo el mando del coronel OMAR GONZALEZ AGUILAR, quienes realizaron los operativos de captura de forma simultánea entre las 3 y 4 de la mañana, para ser trasladados ese mismo día a la ciudad de Bucaramanga.
La anterior y sistemática práctica del Estado colombiano es entendible cuando se conoce que en la región de Sabana de Torres se encuentra cerca al proyecto de la construcción de la represa del Río Sogamoso; la construcción del aeropuerto de carga más importante de nororiente; la construcción de la vía rápida entre el Magdalena Medio y Bucaramanga, además de implementación del monocultivo extensivo de la palma aceitera; es importante precisar que la mayoría de los campesinos privados de la libertad en las capturas masivas son propietarios de pequeñas fincas, aferrados a la tierra, razón por la cual se han constituidos en obstáculos para la imposición de tales megaproyectos.
Las detenciones masivas en Sabana de Torres vienen generando en la práctica un desplazamiento forzado provocado por el Estado, inicialmente porque los campesinos son traslados a las prisiones por meses o años y luego, porque tras recobrar su libertad mediante preclusiones o sentencias de fondo favorables, deben vender sus tierras debido a la estigmatización pública a la que fueron sometidos y la posterior amenaza de los grupos paramilitares que operan abiertamente en toda la región bajo la anuencia y complicidad de las autoridades políticas y militares, tal y como consta en las denuncias de las organizaciones sociales, campesinas y sindicales con asiento en la misma.
Así pues, las detenciones masivas de campesinos y campesinas en esta región constituyen un mecanismo de represión que busca la consolidación de grandes proyectos económicos en la región.
Las organizaciones que suscriben este comunicado SOLICITAMOS LA SOLIDARIDAD DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE TODO EL PAÍS, para que se pronuncien, rechazando las amenazas sistemáticas y las detenciones masivas contra los campesinos/as y líderes sociales que ocurren en Sabana de Torres y en el Nororiente Colombianos en medio de la completa impunidad; se detenga la política contra los y las campesinas y se brinden las garantías constitucionales para la debida protección de sus derechos y libertades.
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS - SECCIONAL SANTANDER- CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE “COMPROMISO”, CORPORACIÒN PAÌS.
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