Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2009- Comunicaciones - Programa Somos Defensores, PNGPDDH.La relatora especial de Naciones Unidas, confirmó en días pasados las denuncias que por años han realizado los defensores de Derechos Humanos.
En rueda de prensa realizada el 18 de septiembre de 2009, en las instalaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH, la relatora especial de Naciones Unidas para la situación de los Defensores de Derechos Humanos Sra. Margareth Sekaggya, dio por concluida su visita oficial a Colombia con un mensaje contundente: EN COLOMBIA SIGUEN ATACANDO A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
La alta funcionaria mencionó en su informe preliminar, varios puntos importantes en la agenda de los derechos humanos en Colombia. Margareth Sekaggya resaltó en primera instancia los espacios logrados entre los defensores de derechos humanos y el Gobierno Nacional para discutir las garantías para la legal y legitima labor de los defensores. Sin embargo expresó abiertamente su preocupación por la existencia de una práctica sistemática que pone en riesgo a los defensores de derechos humanos en el actual contexto de violencia que absorbe a nuestro país: “Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno.”
De igual manera, en su declaración final, la Relatora especial señaló la importancia de continuar con estos esfuerzos en el acercamiento entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Civil, resaltando el clima de polarización que vive Colombia, e instando a las dos partes a continuar en el proceso de negociación de nuevas prácticas para la garantía de seguridad y libertad en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Las conclusiones
En un documento de cuatro páginas, la Relatora Especial, consignó las ideas de su informe preliminar, aclarando que el informe final de esta visita será presentado con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2010. De este informe preliminar podemos destacar los siguientes temas:
1. Judicializaciones sin fundamento
La Relatora especial, manifestó su preocupación por las capturas, retenciones y judicialización sin fundamento en contra de los defensores de derechos humanos, con base en testimonios de desmovilizados de los grupos armados ilegales quienes buscando réditos en su proceso, mienten y señalan a los defensores. Frente al tema la relatora señaló: “El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.”
2. Estigmatizaciones
Si bien Margareth Sekaggya reconoció un pronunciamiento positivo del Presidente de la República por “la defensa de los derechos humanos” realizado el día anterior a las declaraciones de la Relatora, aclaró que existe una práctica sistemática de señalamientos, estigmatizaciones y persecución por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional en contra de reconocidos defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados, y en general, opositores al actual Gobierno: “Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos.”
En el desarrollo de la rueda de prensa, la Relatora especial y el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Cristhian Salazar, instaron al Gobierno Nacional a realizar las rectificaciones que haya lugar en los mismos términos en que fueron realizadas las falsas acusaciones.
3. Impunidad
3. Impunidad
Sekaggya, también le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que agilice los procedimientos de investigación en casos contra defensores de derechos humanos y que igualmente la Procuraduría haga mucho más por vigilar el debido proceso de estas investigaciones: “La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables.”
4. Inteligencia “Ofensiva”
Uno de los temas en más insistió la relatora, fue en la gravedad en el caso de las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS a miembros de las cortes, periodistas, políticos de oposición, y defensores de derechos humanos: “Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005.”
Margareth Sekaggya manifestó igualmente que celebra los procesos judiciales en contra de quienes realizaron estas interceptaciones pero que mantiene su constante preocupación por la posible continuación de este fenómeno, y dijo que: “En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente.”
Otro tema importante resaltado por este Informe preliminar es la desclasificación de archivos de inteligencia que tenga el DAS o la inteligencia militar o policial, acerca de defensores de derechos humanos, sus familias, o sus organizaciones: “En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.”
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