SE REQUIERE TRANSFORMAR EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO PARA DAR RESPUESTA ADECUADA AL COVID-19 (2019-nCoV)

Ante el aumento progresivo de la tasa de propagación del COVID-19 que registra para el 1 de abril, 1.065 casos confirmados y 17 muertos luego de 25 días de presentarse el primer diagnóstico positivo del virus, se presenta una oportunidad y la necesidad de repensar la capacidad del sistema de salud para responder ante una situación crítica de salud pública como derecho humano.

Las deficiencias infraestructurales de los centros hospitalarios, como la escasez de unidades de cuidados intensivos (UCI’s) en diversos municipios y su total ausencia en departamentos como Guanía, Guaviare y Vichada, atentan contra la universalidad, disponibilidad y calidad componentes del núcleo básico del derecho a la salud.

La escasa capacidad instalada reflejada en la insuficiencia de camas hospitalarias que, según el registro especial de prestadores de salud (REPS) muestra que hay un aproximado de 1,8 camas por cada 1.000 habitantes, incapaz de dar a basto ante un eventual contagio masivo.

La baja densidad del profesional especializado en salud (2,1) por cada 1.000 habitantes, que en comparación con la media de los países de la OCDE (2,9) y con sistemas de salud actualmente colapsados como el italiano (4,1) demuestra que ante un eventual escalamiento del virus el sistema de salud colombiano colapsaría rápidamente.

Por ello, como Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD) insistimos en que en materia humanitaria hay que poner especial atención en:

- Las personas privadas de la libertad. La situación de hacinamiento superior al 50% y condiciones mínimas de higiene y acceso a agua potable que se presenta en los centros penitenciarios y carcelarios, dificulta que se pueda llevar a cabo las medidas de bioseguridad, y aislamiento higiénico-sanitario que exige la situación.

- La población en situación de calle y consumidora de sustancias psicoactivas que no cuenta con un mínimo vital, agua, ni techo para cumplir con las medidas de aislamiento. Aunado a que no se cuenta con el suficiente equipo extramural para la valoración médica frente a la potencial presencia del COVID-19, así como la carencia del músculo institucional como para llevar a cabo la limpieza y desinfección requeridas para la prevención y el tratamiento del virus.

- La población que ejerce trabajo sexual que no cuenta con ningún tipo de auxilio económico, protocolo o lineamiento por parte del Ministerio de Salud para llevar a cabo las medidas de limpieza, desinfección y recolección de residuos en las áreas en las que permanece esta población.

- Énfasis en la atención a personas con casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) especialmente en adultos mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes y las personas con comorbilidad.

Para que el sistema de salud colombiano pueda afrontar la situación y los retos derivados del coronavirus se debe:

- Asegurar la comprensión de la salud como derecho, interdependiente con otros como el saneamiento, agua potable, información, alimentación y trabajo digno.

- Garantizar que los centros hospitalarios den cumplimiento a las medidas de bioseguridad del personal de salud y garantizar la contratación del personal de manera fija para garantizar la estabilidad laboral para que el cuerpo médico pueda hacerle frente a esta situación.

- Que se asegure la atención por call center de los pacientes para que se evite al máximo el desplazamiento a los centros de salud.

- Vigilar los sistemas de seguridad laboral (prevención, control y reporte) por exposición ocupacional al COVID-19, así como prohibir los eventuales despidos selectivos y colectivos de trabajadores y trabajadoras.

- Que se atienda a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica como población migrante y trabajadores y trabajadoras informales

- Prohibir el tránsito y circulación de trabajadores de la industria extractivista en zonas rurales de Colombia en aras de prevenir el contagio de COVID-19 a las comunidades.

- Garantizar el acceso a la salud efectiva de las comunidades rurales garantizando el desplazamiento del personal médico a las distintas veredas, centros poblados y municipios.

Esta situación nos tiene que llevar finalmente a transformar el sistema de seguridad social Integral, instituido por la Ley 100 de 1993 que a través de la privatización, el subsidio a la demanda y la descentralización de los servicios de salud, privilegió los principios empresariales en detrimento de la salud y que demuestra cada día su fracaso.

Es imperativo transformar el sistema de salud actual. Por una salud como derecho, con un sistema robusto y multicultural capaz de responder a una situación de alerta y de crisis como la que actualmente vivimos.

Bogotá, 1 de abril de 2020

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.