Comité Departamental de Víctimas de Santander presentó propuestas y análisis a candidatos e instituciones públicas.

En el encuentro convocado por el equipo promotor del Programa Promoción de la Convivencia del PNUD en Santander, integrado por la Corporación para el desarrollo de Oriente, Compromiso, Redepaz, IMP realizado el día 26 de agosto  en el hotel El Pilar  de la ciudad de Bucaramanga, el comité departamental de victimas presentó sus análisis y propuestas a un nutrido grupo de candidatos de diferentes partidos políticos y a funcionarios públicos que tiene responsabilidades sobre el tema de atención a las víctimas del conflicto armado.

En el encuentro Departamental de Organizaciones de Víctimas para el Diálogo con Instituciones públicas, partidos políticos y comunidad Internacional el comité departamental de víctimas expuso, de manera organizada, los resultados de sus análisis especialmente sobre los temas de implementación y reglamentación de la ley víctimas y restitución de tierras. 

Se debatió  las inquietudes  sobre su reglamentación y las medidas adoptadas y por adoptar por el Gobierno Nacional para la creación de una nueva institucionalidad que facilite la  aplicación de la implementación y reglamentación de la "Ley de Reparación de víctimas y restitución de Tierras", -ley 1448-.

De los temas debatidos en este encuentro entre victimas candidatos y funcionarios del Estado, quedó en evidencia aspectos como la necesidad de garantizar que las víctimas y sus organizaciones cuenten con espacios de participación real para el diseño y la puesta en marcha de los mecanismos de implementación y de la reglamentación de la ley.

También  se expuso la necesidad de diseñar y poner en funcionamiento programas integrales de protección y seguridad. Esto implica un reto para el Estado y es el de lograr que la ley tenga un impacto real en la vida de las víctimas en medio de un conflicto armado que aún persiste y que hace más difícil el éxito de la aplicación de la norma. El asesinato de quienes estaban defendiendo sus derechos a la tierra es un ejemplo del enorme desafío que el Estado tiene por delante.

Los candidatos y funcionarios participantes en este encuentro manifestaron ponerse al día con los retos que les impone sus obligaciones y se mostraron abiertos al diálogo con las organizaciones de víctimas.

Los temas presentados dejan ver nuevas responsabilidades para alcaldes y gobernadores, ya que las autoridades locales, tienen un papel central en el marco de la nueva ley de víctimas y en la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta un enfoque diferencial.

 

Según el artículo 174 de la ley de víctimas, se encuentran aspectos como la responsabilidad de diseñar e implementar programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con asignaciones presupuestales en los planes de desarrollo y ceñirse a los lineamientos del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Se encuentran otros aspectos como la elaboración y ejecución de planes de acción para garantizar la aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas en sus respectivos territorios.

Los alcaldes y los concejos distritales y municipales deberán garantizar a las personerías distritales y municipales, respectivamente, los medios y los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de la ley.

Como se puede ver los funcionarios y los políticos que sean elegidos en las elecciones territoriales del 2011 tienen muchas responsabilidades que  van desde la coordinación de  acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional en los ámbitos departamental, distrital y municipal;  hasta la articulación de la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas;  y coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable.