En la ciudad de Bucaramanga se realizó el Seminario Político Regional los días 19 y 20 de noviembre de 2009 que convocó a las distintas organizaciones que, en la región nororiental, pertenecen a las cuatro plataformas que configuran el Techo Común.En este evento se contó con la presentación de análisis especializados con delegados de la Red Colombiana contra los Tratados de Libre Comercio - Recalca, el observatorio de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio - OPI, La Escuela de Economía de la UIS, el Observatorio de DDHH de la Corporación Compromiso, el Foro Social Nororiental y la Mesa Ambiental regional.
Se presentaron exposiciones concernientes a la crisis económica mundial, democracia, paz y derechos humanos; el diálogo entre sociedad política y movimientos sociales, y el análisis que brindaron las delegaciones de las organizaciones sobre la situación de derechos humanos en la subregiones de Arauca, Magdalena Medio, Norte de Santander – Catatumbo y Santander.
Con base en las jornadas de análisis, información, denuncias y construcción colectiva, las organizaciones presentes acordaron realizar un pronunciamiento público de solidaridad con las víctimas del conflicto armado y las organizaciones sociales, de paz y defensoras de Derechos Humanos que están sufriendo la obstrucción de su labor en defensa de las comunidades populares estudiantiles, comunitarias y campesinas, mediante acciones sistemáticas como la persecución política, la estigmatización, judicialización, amenazas de muerte, desplazamientos forzados, que de conjunto significan la falta de garantías para realizar su labor legítima y legal.
Al considerar atentamente la situación expresada por los diferentes voceros de las organizaciones presentes de la región.
Constatamos:
- Que los defensores y defensores de derechos humanos y sus organizaciones se encuentran en alto riesgo y están siendo perseguidos, hostigados en la región por actores armados ilegales, paramilitares, grupos guerrilleros, así como por intereses políticos, macroproyectos económicos y políticas sociales de recorte de las libertades y represión contra los movimientos sociales.
- Que los grandes macroproyectos económicos que se implementan en la región de explotaciones de carbón, oro, petróleo, hidroeléctrica, palma africana, están generando afectaciones muy graves en el territorio contra los ecosistemas y el equilibrio ambiental; además de imponer un modelo extractivo depredador contra el medio ambiente, está precedido y acompañado de medidas represivas, despojo de tierras, militarizaciones, desplazamientos forzados y graves violaciones de derechos humanos en todo el territorio del nororiente.
- Que las amenazas contra dirigentes sociales y sindicales se han incrementado en Santander; así, en Barrancabermeja fue amenaza, Elsia Almanza, coordinadora de ASFADDES, mientras que en Bucaramanga nuevamente estudiantes de la UIS volvieron a recibir panfletos con amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares, María Cardona miembro del CPDH, Mario Florez de la Corporación Compromiso recibió intimidaciones con amenazas de muerte por sujetos que lo abordaron en el centro de Bucaramanga.
- Que miembros de la comunidad académica y el sindicato de la Universidad Industrial de Santander han sido acosados, espiados y amenazados, como es el caso de la profesora Ivonne Suárez cuyo computador estaba siendo espiado. En los correos del sindicato fue encontrada una amenaza donde se declaran objetivos militares a siete estudiantes, un profesor y un trabajador. A estos hechos se suman una persecución por parte de las directivas de la universidad a los estudiantes que hacen parte de las organizaciones estudiantiles.
- Que campesinos de Arauca, Arauquita y Saravena han sido asesinados y desplazados en medio de la confrontación entre grupos guerrilleros de las FARC y el ELN y la presencia de grupos paramilitares y destacamentos militares. El paro armado y las amenazas ha conllevado que muchos líderes sociales hayan abandonado el departamento de Arauca por falta de garantías.
Que en el departamento de Norte de Santander, en la región de Ocaña y Catatumbo, persiste el conflicto armado, los grupos paramilitares y los cultivos de uso ilícito; situación que afecta la vida cotidiana de las comunidades campesinas, y las libertades fundamentales. Las organizaciones sindicales, gremiales y populares son perseguidas y son víctimas de procesos judiciales amañados, amenazas de muerte y desplazamiento forzado.
- Que los defensores y defensores de derechos humanos y sus organizaciones se encuentran en alto riesgo y están siendo perseguidos, hostigados en la región por actores armados ilegales, paramilitares, grupos guerrilleros, así como por intereses políticos, macroproyectos económicos y políticas sociales de recorte de las libertades y represión contra los movimientos sociales.
- Que los grandes macroproyectos económicos que se implementan en la región de explotaciones de carbón, oro, petróleo, hidroeléctrica, palma africana, están generando afectaciones muy graves en el territorio contra los ecosistemas y el equilibrio ambiental; además de imponer un modelo extractivo depredador contra el medio ambiente, está precedido y acompañado de medidas represivas, despojo de tierras, militarizaciones, desplazamientos forzados y graves violaciones de derechos humanos en todo el territorio del nororiente.
- Que las amenazas contra dirigentes sociales y sindicales se han incrementado en Santander; así, en Barrancabermeja fue amenaza, Elsia Almanza, coordinadora de ASFADDES, mientras que en Bucaramanga nuevamente estudiantes de la UIS volvieron a recibir panfletos con amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares, María Cardona miembro del CPDH, Mario Florez de la Corporación Compromiso recibió intimidaciones con amenazas de muerte por sujetos que lo abordaron en el centro de Bucaramanga.
- Que miembros de la comunidad académica y el sindicato de la Universidad Industrial de Santander han sido acosados, espiados y amenazados, como es el caso de la profesora Ivonne Suárez cuyo computador estaba siendo espiado. En los correos del sindicato fue encontrada una amenaza donde se declaran objetivos militares a siete estudiantes, un profesor y un trabajador. A estos hechos se suman una persecución por parte de las directivas de la universidad a los estudiantes que hacen parte de las organizaciones estudiantiles.
- Que campesinos de Arauca, Arauquita y Saravena han sido asesinados y desplazados en medio de la confrontación entre grupos guerrilleros de las FARC y el ELN y la presencia de grupos paramilitares y destacamentos militares. El paro armado y las amenazas ha conllevado que muchos líderes sociales hayan abandonado el departamento de Arauca por falta de garantías.
Que en el departamento de Norte de Santander, en la región de Ocaña y Catatumbo, persiste el conflicto armado, los grupos paramilitares y los cultivos de uso ilícito; situación que afecta la vida cotidiana de las comunidades campesinas, y las libertades fundamentales. Las organizaciones sindicales, gremiales y populares son perseguidas y son víctimas de procesos judiciales amañados, amenazas de muerte y desplazamiento forzado.
Por las consideraciones anteriores denunciadas por las organizaciones sociales, de Paz y DDHH del Nororiente Colombiano, y en cumplimiento de nuestro deber y derechos,
- Denunciamos y Rechazamos la política de hostigamiento contra los defensores de DDHH y líderes sociales de la región y la falta de garantías para el desempeño de su labor legítima.
- Manifestamos nuestra preocupación por los altos índices de impunidad frente a la actuación criminal y presencia de renovados grupos paramilitares en la región que pone en riesgo los derechos fundamentales de la población civil.
- Reclamamos a las autoridades de Gobierno nacionales y regionales, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, adelantar las investigaciones y procesos judiciales contra los responsables de estos hechos denunciados.
- Advertimos sobre el nefasto impacto ambiental y social que están generando los macroproyectos, a favor de empresas multinacionales, sin que se permita la participación de las comunidades, ni los mecanismos de veeduría independiente sobre los estudios de impacto.
- Reclamamos al gobierno nacional, Vicepresidencia, Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, tomar las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar la vida y las condiciones básicas a los defensores y defensoras para trabajar y convivir en comunidad.
- Exigimos a los actores del conflicto armado, fuerzas militares, grupos guerrilleros y paramilitares, que respeten a la población civil, que detengan las confrontaciones bélicas indiscriminadas, que respeten y cumplan con los principios humanitarios establecidos en el derecho internacional y en la conciencia de la humanidad.
- Convocamos la solidaridad nacional e internacional frente a esta situación de amenaza y alerta que se presenta en el nororiente colombiano, esperando pronunciamientos ante las autoridades nacionales.
- Demandamos a todos los actores del conflicto armado el cese de la guerra, abrir un espacio de diálogo amplio y diverso con participación de la sociedad civil, para crear las condiciones a un proceso de paz duradero y sostenible
- Respaldamos la participación de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicales, iglesias, mujeres, gremios y ciudadanos en general, en la movilización del 10 de diciembre, por la Defensa de los Derechos Humanos y en contra de la instalación de las Bases Norteamericanas en Colombia y la inconveniencia para todos los colombianos de la reelección del Presidente Uribe en la presidencia de la república.
El Espacio de Techo Común integrado por las cuatro plataformas de Paz y derechos humanos recogemos solidariamente las propuestas e iniciativas de movilización social, por la defensa del estado social de derecho, las garantías fundamentales a todos los colombianos y colombianas, la defensa de la soberanía nacional y la superación definitiva del conflicto armado, que cada día cobra nuevas víctimas y atenta contra los principios de dignidad humana, democracia y justicia social.
Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en el Magdalena Medio - ASORVIM, Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”, Comité Permanente por la defensa de los DDHH de Arauca y Santander, Veeduría REDEPAZ, Fundación de Derechos humanos “Joel Sierra”, Corporación País, Asociación de Mujeres de Lebrija, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - FCSPP, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos - ASFADDES, Fundación Participar, Instituto de Pensamiento Liberal, PROMOPAZ, Mesa Ambiental, Asociación de Campesinos del Valle del río Cimitarra - ACVC, la Corporación para el Desarrollo del Oriente “Compromiso”, Comité Cultural de Zapamanga - COCUZA, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS, CENCOOSER, ASODESAMUBA, Foro social Nororiental y del Magdalena Medio, ADAN, FUNDESVIC, ECOVERDE, SINTRAUNICOL, ASOPUVUN, ASODESISO, NUESPACO, FUNPROCEP, Centro Cultural José Antonio Galán, Ruta Pacífica de Mujeres, ASAPAZ, ASODISPIE.
- Denunciamos y Rechazamos la política de hostigamiento contra los defensores de DDHH y líderes sociales de la región y la falta de garantías para el desempeño de su labor legítima.
- Manifestamos nuestra preocupación por los altos índices de impunidad frente a la actuación criminal y presencia de renovados grupos paramilitares en la región que pone en riesgo los derechos fundamentales de la población civil.
- Reclamamos a las autoridades de Gobierno nacionales y regionales, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, adelantar las investigaciones y procesos judiciales contra los responsables de estos hechos denunciados.
- Advertimos sobre el nefasto impacto ambiental y social que están generando los macroproyectos, a favor de empresas multinacionales, sin que se permita la participación de las comunidades, ni los mecanismos de veeduría independiente sobre los estudios de impacto.
- Reclamamos al gobierno nacional, Vicepresidencia, Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, tomar las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar la vida y las condiciones básicas a los defensores y defensoras para trabajar y convivir en comunidad.
- Exigimos a los actores del conflicto armado, fuerzas militares, grupos guerrilleros y paramilitares, que respeten a la población civil, que detengan las confrontaciones bélicas indiscriminadas, que respeten y cumplan con los principios humanitarios establecidos en el derecho internacional y en la conciencia de la humanidad.
- Convocamos la solidaridad nacional e internacional frente a esta situación de amenaza y alerta que se presenta en el nororiente colombiano, esperando pronunciamientos ante las autoridades nacionales.
- Demandamos a todos los actores del conflicto armado el cese de la guerra, abrir un espacio de diálogo amplio y diverso con participación de la sociedad civil, para crear las condiciones a un proceso de paz duradero y sostenible
- Respaldamos la participación de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicales, iglesias, mujeres, gremios y ciudadanos en general, en la movilización del 10 de diciembre, por la Defensa de los Derechos Humanos y en contra de la instalación de las Bases Norteamericanas en Colombia y la inconveniencia para todos los colombianos de la reelección del Presidente Uribe en la presidencia de la república.
El Espacio de Techo Común integrado por las cuatro plataformas de Paz y derechos humanos recogemos solidariamente las propuestas e iniciativas de movilización social, por la defensa del estado social de derecho, las garantías fundamentales a todos los colombianos y colombianas, la defensa de la soberanía nacional y la superación definitiva del conflicto armado, que cada día cobra nuevas víctimas y atenta contra los principios de dignidad humana, democracia y justicia social.
Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en el Magdalena Medio - ASORVIM, Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”, Comité Permanente por la defensa de los DDHH de Arauca y Santander, Veeduría REDEPAZ, Fundación de Derechos humanos “Joel Sierra”, Corporación País, Asociación de Mujeres de Lebrija, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - FCSPP, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos - ASFADDES, Fundación Participar, Instituto de Pensamiento Liberal, PROMOPAZ, Mesa Ambiental, Asociación de Campesinos del Valle del río Cimitarra - ACVC, la Corporación para el Desarrollo del Oriente “Compromiso”, Comité Cultural de Zapamanga - COCUZA, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS, CENCOOSER, ASODESAMUBA, Foro social Nororiental y del Magdalena Medio, ADAN, FUNDESVIC, ECOVERDE, SINTRAUNICOL, ASOPUVUN, ASODESISO, NUESPACO, FUNPROCEP, Centro Cultural José Antonio Galán, Ruta Pacífica de Mujeres, ASAPAZ, ASODISPIE.
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