Defensoras y defensores presentaron balance preocupante a Relatora
El 7 de septiembre las organizaciones colombianas de defensoras y defensores de los derechos humanos y la paz presentaron a la Relatora Especial para las defensoras y los defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, testimonios, indicadores y análisis que evidencian una situación de grave violación a sus derechos humanos que no se puede interpretar como un asunto de polarización entre gobierno y sociedad civil. Esta grave crisis tiene su origen en la negación del conflicto armado y el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes.
Las plataformas también expresaron su preocupación por el aumento de aviones, tropas y mercenarios estadounidenses que se deriva del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que aleja las posibilidades de una solución política y negociada al conflicto armado en Colombia y representa un grave riesgo para la seguridad regional de América Latina e incluso de África, como se evidenció en al reciente cumbre de UNASUR en Bariloche, Argentina.
En la reunión, realizada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, participaron voceras y voceros de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Minga, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CODHES, la Organización Femenina Popular, la Corporación Reiniciar, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Comité Regional por al Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Corporación Jurídica Yira Castro, así como familiares de sindicalistas desparecido Guillermo Rivera Fúquene.
Estas organizaciones, integrantes de las plataformas que integran la iniciativa del Techo Común[1], presentaron testimonios y datos sobre asesinatos, amenazas, montajes judiciales, robos de información, señalamientos, estigmatizaciones, persecución contra ellas, ellos y sus familiares -incluyendo hijas e hijos menores de edad- que hacen parte de una “guerra política”, emprendida desde las más altas instancias del Gobierno Nacional, para neutralizar y deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.
“El año pasado fueron asesinados 15 defensoras y defensores de derechos humanos y 24 sindicalistas.” indicó Gustavo Gallón director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien hizo la intervención central de la reunión a nombre de las plataformas. Añadió que esta realidad ha sido resultado de la promoción de una “cultura contraria a los derechos humanos” por parte del Gobierno Nacional que se expresa tanto en el fallido proceso de paz con los grupos paramilitares[2], como en los señalamientos públicos contra las y los defensores, los enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, las operaciones de espionaje contra Magistrados de esta Corte, integrantes de la oposición, defensoras y defensores de derechos humanos.
Durante la reunión se dio a conocer a las Relatora el contexto de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país, donde en los últimos siete años, 14.000 personas fueron asesinadas fuera de combate en hechos de violencia sociopolítica. 75% cometidos por grupos paramilitares y Fuerzas Estatales, y 25% restante por las guerrillas. En el último año 380 mil personas han sido desplazadas, sumándose a la tragedia del desarraigo que viven tres millones de colombianas y colombianos. De igual manera, indicó que en Colombia persiste un alto nivel de exclusión social y que es el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, con un índice GINI de 0, 59, y advirtió que las cifras oficiales de pobreza se han reducido del 63 al 45% por un cambio en los indicadores para medirla y no por una mejora real de la situación.
Las y los defensores de derechos humanos y paz concluyeron que su trabajo es hoy aún más urgente y necesario, e indicaron que son necesarias investigaciones oportunas desde la Fiscalía General de la Nación así como mecanismos legales eficaces de rectificación y protección del Habeas Data de las y los defensores.
También solicitaron la verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del cumplimiento de las recomendaciones en materia de defensoras y defensores de los derechos humanos y solicitaron acompañamiento internacional para seguir ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos y trabajar por la paz en Colombia.
[1] Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
[2] La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado calificando la extradición de los principales líderes de estos grupos como una violación al Derecho Internacional Humanitario que impide la el logro de la verdad la justicia y la reparación para las víctimas.
Por Asamblea Permanente de la Sociedad civil por la Paz.
El 7 de septiembre las organizaciones colombianas de defensoras y defensores de los derechos humanos y la paz presentaron a la Relatora Especial para las defensoras y los defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, testimonios, indicadores y análisis que evidencian una situación de grave violación a sus derechos humanos que no se puede interpretar como un asunto de polarización entre gobierno y sociedad civil. Esta grave crisis tiene su origen en la negación del conflicto armado y el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes.
Las plataformas también expresaron su preocupación por el aumento de aviones, tropas y mercenarios estadounidenses que se deriva del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que aleja las posibilidades de una solución política y negociada al conflicto armado en Colombia y representa un grave riesgo para la seguridad regional de América Latina e incluso de África, como se evidenció en al reciente cumbre de UNASUR en Bariloche, Argentina.
En la reunión, realizada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, participaron voceras y voceros de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Minga, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CODHES, la Organización Femenina Popular, la Corporación Reiniciar, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Comité Regional por al Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Corporación Jurídica Yira Castro, así como familiares de sindicalistas desparecido Guillermo Rivera Fúquene.
Estas organizaciones, integrantes de las plataformas que integran la iniciativa del Techo Común[1], presentaron testimonios y datos sobre asesinatos, amenazas, montajes judiciales, robos de información, señalamientos, estigmatizaciones, persecución contra ellas, ellos y sus familiares -incluyendo hijas e hijos menores de edad- que hacen parte de una “guerra política”, emprendida desde las más altas instancias del Gobierno Nacional, para neutralizar y deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.
“El año pasado fueron asesinados 15 defensoras y defensores de derechos humanos y 24 sindicalistas.” indicó Gustavo Gallón director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien hizo la intervención central de la reunión a nombre de las plataformas. Añadió que esta realidad ha sido resultado de la promoción de una “cultura contraria a los derechos humanos” por parte del Gobierno Nacional que se expresa tanto en el fallido proceso de paz con los grupos paramilitares[2], como en los señalamientos públicos contra las y los defensores, los enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, las operaciones de espionaje contra Magistrados de esta Corte, integrantes de la oposición, defensoras y defensores de derechos humanos.
Durante la reunión se dio a conocer a las Relatora el contexto de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país, donde en los últimos siete años, 14.000 personas fueron asesinadas fuera de combate en hechos de violencia sociopolítica. 75% cometidos por grupos paramilitares y Fuerzas Estatales, y 25% restante por las guerrillas. En el último año 380 mil personas han sido desplazadas, sumándose a la tragedia del desarraigo que viven tres millones de colombianas y colombianos. De igual manera, indicó que en Colombia persiste un alto nivel de exclusión social y que es el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, con un índice GINI de 0, 59, y advirtió que las cifras oficiales de pobreza se han reducido del 63 al 45% por un cambio en los indicadores para medirla y no por una mejora real de la situación.
Las y los defensores de derechos humanos y paz concluyeron que su trabajo es hoy aún más urgente y necesario, e indicaron que son necesarias investigaciones oportunas desde la Fiscalía General de la Nación así como mecanismos legales eficaces de rectificación y protección del Habeas Data de las y los defensores.
También solicitaron la verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del cumplimiento de las recomendaciones en materia de defensoras y defensores de los derechos humanos y solicitaron acompañamiento internacional para seguir ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos y trabajar por la paz en Colombia.
[1] Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
[2] La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado calificando la extradición de los principales líderes de estos grupos como una violación al Derecho Internacional Humanitario que impide la el logro de la verdad la justicia y la reparación para las víctimas.
Por Asamblea Permanente de la Sociedad civil por la Paz.
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