SE REQUIERE TRANSFORMAR EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO PARA DAR RESPUESTA ADECUADA AL COVID-19 (2019-nCoV)
Ante el aumento progresivo de la
tasa de propagación del COVID-19 que registra para el 1 de abril, 1.065 casos
confirmados y 17 muertos luego de 25 días de presentarse el primer diagnóstico
positivo del virus, se presenta una oportunidad y la necesidad de repensar la
capacidad del sistema de salud para responder ante una situación crítica de
salud pública como derecho humano.
Las deficiencias infraestructurales
de los centros hospitalarios, como la escasez de unidades de cuidados
intensivos (UCI’s) en diversos municipios y su total ausencia en departamentos
como Guanía, Guaviare y Vichada, atentan contra la universalidad,
disponibilidad y calidad componentes del núcleo básico del derecho a la salud.
La escasa capacidad instalada
reflejada en la insuficiencia de camas hospitalarias que, según el registro
especial de prestadores de salud (REPS) muestra que hay un aproximado de 1,8
camas por cada 1.000 habitantes, incapaz de dar a basto ante un eventual
contagio masivo.
La baja densidad del profesional
especializado en salud (2,1) por cada 1.000 habitantes, que en comparación con
la media de los países de la OCDE (2,9) y con sistemas de salud actualmente
colapsados como el italiano (4,1) demuestra que ante un eventual escalamiento
del virus el sistema de salud colombiano colapsaría rápidamente.
Por ello, como Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD) insistimos en
que en materia humanitaria hay que poner especial atención en:
- Las personas privadas de la
libertad. La situación de hacinamiento superior al 50% y condiciones mínimas de
higiene y acceso a agua potable que se presenta en los centros penitenciarios y
carcelarios, dificulta que se pueda llevar a cabo las medidas de bioseguridad,
y aislamiento higiénico-sanitario que exige la situación.
- La población en situación de
calle y consumidora de sustancias psicoactivas que no cuenta con un mínimo
vital, agua, ni techo para cumplir con las medidas de aislamiento. Aunado a que
no se cuenta con el suficiente equipo extramural para la valoración médica
frente a la potencial presencia del COVID-19, así como la carencia del músculo
institucional como para llevar a cabo la limpieza y desinfección requeridas
para la prevención y el tratamiento del virus.
- La población que ejerce trabajo
sexual que no cuenta con ningún tipo de auxilio económico, protocolo o
lineamiento por parte del Ministerio de Salud para llevar a cabo las medidas de
limpieza, desinfección y recolección de residuos en las áreas en las que
permanece esta población.
- Énfasis en la atención a personas
con casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) especialmente en adultos
mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes y las personas con
comorbilidad.
Para que el sistema de salud
colombiano pueda afrontar la situación y los retos derivados del coronavirus se
debe:
- Asegurar la comprensión de la
salud como derecho, interdependiente con otros como el saneamiento, agua
potable, información, alimentación y trabajo digno.
- Garantizar que los centros
hospitalarios den cumplimiento a las medidas de bioseguridad del personal de
salud y garantizar la contratación del personal de manera fija para garantizar
la estabilidad laboral para que el cuerpo médico pueda hacerle frente a esta
situación.
- Que se asegure la atención por call
center de los pacientes para que se evite al máximo el desplazamiento a los
centros de salud.
- Vigilar los sistemas de seguridad
laboral (prevención, control y reporte) por exposición ocupacional al COVID-19,
así como prohibir los eventuales despidos selectivos y colectivos de
trabajadores y trabajadoras.
- Que se atienda a la población que
se encuentra en situación de vulnerabilidad económica como población migrante y
trabajadores y trabajadoras informales
- Prohibir el tránsito y
circulación de trabajadores de la industria extractivista en zonas rurales de
Colombia en aras de prevenir el contagio de COVID-19 a las comunidades.
- Garantizar el acceso a la salud
efectiva de las comunidades rurales garantizando el desplazamiento del personal
médico a las distintas veredas, centros poblados y municipios.
Esta
situación nos tiene que llevar finalmente a transformar el sistema de seguridad
social Integral, instituido por la Ley 100 de 1993 que a través de la
privatización, el subsidio a la demanda y la descentralización de los servicios
de salud, privilegió los principios empresariales en detrimento de la salud y
que demuestra cada día su fracaso.
Es imperativo transformar el
sistema de salud actual. Por una salud como derecho, con un sistema robusto y
multicultural capaz de responder a una situación de alerta y de crisis como la
que actualmente vivimos.
Bogotá, 1 de abril de 2020
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo.
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