Los acueductos
comunitarios cumplen un papel importante al garantizar el acceso al agua en
comunidades que de otra manera, no la obtendrían debido a la ausencia del
Estado. Estas formas de organización son importantes en un Estado social de
derecho, pues materializan la participación directa de los pobladores en la
toma de decisiones sobre esta necesidad esencial.
La labor de este tipo
de prestadores del servicio de agua es tan importante que el informe de la
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y
el saneamiento. Es indispensable la participación de las comunidades en las
decisiones sobre el servicio que se les presta. La gestión comunitaria de los
sistemas de agua y saneamiento implica que las comunidades asumen la administración,
operación y mantenimiento de los acueductos comunitarios, con criterios de
eficiencia y equidad.
Pero más que la
autogestión del agua, los acueductos comunitarios permiten crear en torno a
ellos procesos de identidad, arraigo y trabajo colectivo y constituyen una
alternativa para resolver conflictos.
Lamentablemente, pese a
estas cualidades particulares que hacen tan valiosos a los acueductos
comunitarios ellos son amenazados por el modelo económico imperante en Colombia
y el mundo.
El neoliberalismo
extendió su lógica de mercado a todas las actividades humanas y determinó las
atribuciones del Estado y el capital promoviendo la privatización del agua como
recurso natural y como servicio mientras el Estado se limita a una función reguladora.
En Colombia, los
acueductos comunitarios son reconocidos legalmente como prestadores del
servicio de agua en zonas rurales y algunas urbanas, pero no existen políticas
públicas orientadas a la promoción de la autogestión del agua, a nivel local
que garanticen su continuidad como prestadores del servicio.
Por el contrario, estos
enfrentan otro problema y es el cumplimiento de requisitos propios de otros
prestadores del servicio con músculo financiero y propósitos diferentes como el
ánimo de lucro.
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