Comunicado a la opinión pública.
La
Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) es una organización de carácter
nacional que reúne a más de 170 organizaciones de base campesinas, indígenas,
afros, pescadores, mujeres, juveniles, neo-rurales y urbanas, centros de
investigación, académicas y organizaciones no gubernamentales. Antes como
Comité de impulso de la agricultura familiar en Colombia y a partir del año
2016 articuladas en la RENAF, nuestras organizaciones propenden a escalas
regionales, nacional e internacional por espacios de diálogo que incidan en la
visibilización y transformación de las problemáticas de la gran mayoría de la
población rural que labora en la agricultura y contextos rurales. Generando
alternativas de empleo, conservación de la base de recursos naturales,
agrobiodiversidad y el legado cultural campesino, mientras producen alimentos
para la población nacional bajo condiciones que son poco reconocidas y
respaldas por la institucionalidad del Estado colombiano.
Para
tal efecto la RENAF promueve con otros sectores sociales la construcción de
políticas públicas que favorezcan la protección y permanencia de las familias y
organizaciones que realizan Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria en el
territorio, en el marco de estrategias nacionales que se materializan en la
resolución 464 de 2017 “Por la cual se adoptan los Lineamientos estratégicos de
política pública de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria”. Este
documento, fortalece y se suma a nuestras acciones de diálogo defensa y
construcción de propuestas hacia agriculturas más sustentables, formas de
comercio justas, educación apropiada, autonomía organizativa, participación con
decisión, vida digna, en suma, construcción del buen vivir desde los
territorios que concreten la materialización y compromiso del gobierno por
trabajar y aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS y se sumen a las estrategias internacionales del Decenio de la
Agricultura Familiar impulsado desde las Naciones Unidas, así como también por
la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Campesinos y otros
trabajadores del sector rural.
Desde
la RENAF consideramos que las políticas y programas del actual gobierno
continúan profundizando la inequidad en el campo y no responden a las
necesidades reales de las comunidades campesinas y étnicas con las cuales se
comprometió durante su campaña a la presidencia de la república. Son políticas
que responden al avance de los intereses de muy pocas personas, entidades y
gremios en el país, favoreciendo capitales multinacionales que agotan nuestros
bienes naturales y presionan constantemente a los pueblos indígenas y a las
comunidades campesinas a abandonar sus territorios. Son muchos los ámbitos
desde los cuales se genera dicha presión productivos, minería, hidrocarburos,
turismo, agroindustria basada en los Organismos Modificados Genéticamente OGM
como una nueva revolución “verde”, importación de lo que aquí producimos y
exportación con modelos indignos de explotación laboral y ambiental, políticas
que se reflejan en los tratados de libre comercio que han sido firmados y
ratificados por el gobierno colombiano.
La Reforma Rural Integral - RRI
en el marco del actual plan de gobierno no garantiza que se visibilice y se
promueva la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en el actual momento
transicional hacia la construcción de la paz con justicia social.
Reclamamos
tener presente las múltiples voces que se han sumado para rescatar el campo
colombiano, la agricultura campesina familiar y comunitaria que aporta más del
60% del alimento que la sociedad colombiana requiere y cuyo fundamento hace
parte de los puntos uno y cuatro de lo pactado en el acuerdo de paz frente a:
•
•
La participación en la construcción del desarrollo territorial rural en todo el
país.
•
•
Las garantías para llevar a cabo con las comunidades el progresivo cumplimiento
de los pactos subregionales de las 16 zonas PDET en la integralidad propuesta y
construida desde las asambleas veredales y municipales.
•
•
El cumplimiento a las familias que iniciaron los procesos de sustitución de
cultivos de uso ilícito con una clara voluntad de transformación y cambio.
•
•
La consolidación de estrategias para restablecer y llevar a cabo los procesos
de restitución y formalización de tierras en el país.
•
•
Garantías verdaderas para la organización y articulación de las comunidades
étnicas y campesinas que alcance su participación en circuitos justos y cortos
de comercialización y asegure una alimentación digna, nutricionalmente adecuada
y suficiente para todas las familias colombianas del campo y la ciudad.
•
•
La protección por parte del gobierno de las formas productivas que amenazan la
supervivencia de las comunidades en los territorios rurales bajo esquemas de
autonomía, ponen en riesgo la salud de las y los trabajadores rurales y sus
familias, disminuyen la biodiversidad que soporta la vida y amenazan bienes
naturales comunes como el agua y el suelo.
Denunciamos
que la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato está atentando
contra la biodiversidad, la agrobiodiversidad, la salud física y mental de la
población rural expuesta a éstos, regresar a este como el principal método de
control del crecimiento de cultivos de uso ilícito pone en riesgo la economía y
la existencia misma de estas familias .
El
sistema nacional de innovación agropecuaria (SNIA, ley 1876) bajo el cual se
orientan e instrumentalizan los procesos relacionados con agricultura y
desarrollo rural en país, no es claro respecto a los programas, proyectos y
acciones concretas para con el grueso de la población rural que realiza la
agricultura campesina familiar y comunitaria.
Instamos
a las diferentes entidades de gobierno nacional y los entrantes equipos de
gobiernos regionales y territoriales a conocer e implementar en su integralidad
la resolución 464 de 2017. A suscribir y garantizar constitucional y
programáticamente la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los campesinos, el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada y el
Derecho Humano al Agua para toda la población nacional.
El
pasado 21 de noviembre de 2019, y durante los días siguientes se ha alzado una
voz de protesta desde los diferentes sectores de la sociedad colombiana a la
cual nos hemos sumado desde los distintos territorios de la Red. La población
colombiana ha manifestado en forma pacífica su
inconformismo por las políticas
del actual gobierno que, en materias laborales, educativas, seguridad social,
ambientales, agropecuarias, de infraestructura, entre otras, favorecen unos
pocos y deterioran las condiciones dignas para la mayoría y agudizan la crisis
de las comunidades menos favorecidas.
Advertimos
que el incumplimiento de los acuerdos de paz ya firmados y la negativa a buscar
caminos de diálogo con los que aún permanecen alzados en armas, supone negarse
a la reconstrucción estructural del país, a comprender la relación del
conflicto armado con la falta de garantías sociales, políticas y culturales
para la mayoría de las poblaciones rurales.
No
garantizar derechos mínimos de participación, inclusión y gobernabilidad para
las zonas históricamente más abandonadas y que por ello se volvieron sujetos y
territorios de disputa; Incrementar las condiciones de inequidad y desigualdad
para las mujeres, la juventud, la población trabajadora rural y urbana, las
comunidades campesinas y los pueblos étnicos; Incumplir con las garantías de
reincorporación social, política y económica de la población desmovilizada; No
reconocer las formas de planeación territorial de los pueblos étnicos y las
comunidades campesinas como los planes de vida propios. Generan, entre otras
circunstancias, tensiones que lejos de transformar las causas que han
estructurado el conflicto armado en Colombia, las profundizan.
Manifestamos
ante la opinión pública nacional e internacional nuestra preocupación por el
uso de la fuerza pública como forma sistémica para deslegitimar la protesta
pacífica, convirtiendo las calles en espacios de confrontación, dejando en
sombras las dimensiones y causas de las movilizaciones, para transformarlas en
vandalismo.
De
igual manera hacemos un llamado a los garantes internacionales de Derechos
Humanos, para que estén atentos ante el resurgimiento de la violencia, el
aumento de los asesinatos y la persecución de los líderes sociales, dado que el
actual gobierno no ha consolidado un plan de acción que contrarreste dicha
situación.
Instamos
a abordar de forma estructural la grave situación de corrupción del Estado, que
exige no solo la acción de la justicia sino además el fortalecimiento de los
procesos de control y veedurías ciudadanas.
La
RENAF manifiesta su vinculación y apoyo a las acciones del Paro Nacional, insta
al gobierno para que reconozca el espacio de negociación con el Comité de Paro
Nacional e invita a la sociedad en general a seguir adelante con la movilización
pacífica permanente, hasta tanto se consoliden las acciones reales que
garanticen la construcción de una nación pluridiversa, multicultural, soberana,
justa y con equidad. Invitamos a todas las organizaciones a participar de los
espacios de movilización y diálogo que está generando la sociedad civil en
todos los rincones de territorio nacional.
Asamblea Nacional
RENAF, Medellín 11 diciembre 2019
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