Bogotá, 3 de noviembre de 2019
La Coordinación Colombia – Europa
– Estados Unidos, CCEEU, red conformada por 281 organizaciones de promoción y
defensa de los derechos humanos, rechaza las masacres y asesinatos que se
vienen presentando con total impunidad en el Departamento del Cauca en contra
de las comunidades indígenas, sus autoridades, guardias indígenas y otros
sectores sociales.
Es motivo de preocupación el
accionar de la fuerza pública y la falta de garantías estatales que garanticen
una política de seguridad para detener este repudiable exterminio y garantizar
la vida e integridad de quienes se encuentran en contextos de conflicto y
graves crisis humanitarias debido al accionar violento por parte de
organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Estas circunstancias se han
venido agravando a causa de la notoria negativa del gobierno del Presidente
Iván Duque a implementar los compromisos estatales del Acuerdo de Paz, y
especialmente por su rechazo a cumplir con las medidas en materia de garantías
de seguridad, especialmente las relacionadas con el desmonte del
paramilitarismo, que debían haber sido acordadas e implementadas en el marco de
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que el Presidente se ha negado
a convocar, a presidir y garantizar una pronta puesta en práctica de sus
funciones.
El Departamento del Cauca es la
región donde la grave crisis humanitaria que se vive en amplias regiones del
país se expresa de manera más aguda, donde se presenta el mayor número de
asesinatos de indígenas a nivel nacional, de líderes sociales y de excombatientes
en reincorporación, sin que el Gobierno Nacional muestre ninguna voluntad de
detener este exterminio sistemático. En medio de uno de los departamentos más
militarizados, no sólo grupos de narcotráficantes, paramilitares y de las
llamadas disidencias hacen presencia y expanden sus negocios ilegales con plena
libertad ante los ojos de las Fuerzas Militares, sino que, en algunos casos se
ha constatado la participación directa de miembros de la fuerza pública en la
persecución de líderes y lideresas sociales, como el asesinato de la candidata
Karina García o la ejecución extrajudicial del lider campesino Flower Trompeta,
razones por las cuales la comprensible desconfianza con sus actuaciones exige
que las medidas y garantías de seguridad deban necesariamente ser concertadas
con las comunidades indígenas y organizaciones sociales del departamento y,
ante la agudización del conflicto armado interno en esta región del país el
acompañamiento de la comunidad internacional se hace fundamental.
Como CCEEU rechazamos por ello que
la única medida propuesta por el gobierno sea el envío de 2.500 nuevos
efectivos militares al norte del Cauca, que se suman a los 8.000 que hacen
presencia en este territorio, cuando lo que urge es la depuración de la Fuerza
Pública, investigar, sancionar y juzgar a los responsables de estos graves
crímenes, adoptar medidas de garantías integrales para las comunidades,
implementar los planes para el desmantelamiento de grupos ilegales que diseñe
la CNGS y fortalecer la capacidad y recursos de los mecanismos de
autoprotección de las comunidades como la Guardia Indígena, Campesina y
Cimarrona.
Hacemos un
llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de
protección de los derechos humanos y de verificación de los acuerdos a exigir
del Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones de respeto,
protección y garantías en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, y a retomar con sinceridad, prontitud y eficacia el cumplimiento
de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo Final de Paz, y de modo
urgente, en lo relacionado con la implementación firme de las medidas acordadas
en materia de garantías de seguridad para las comunidades, las organizaciones y
los líderazgos sociales, especialmente en las comunidad indígenas, campesinas y
afrodescendientes.
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