La acción de tutela, la cual fue
resuelta en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bucaramanga el 18 de septiembre de 2019, la sentencia reconoce que hubo
afectaciones a la vida de estas familias por la construcción de Hidrosogamoso, que
no ha habido voluntad por parte del gobernador de Santander para atender la
situación de urgencia y calamidad de las familias, por estos motivos debe hacer
un esfuerzo mayor para garantizar el mínimo vital y condiciones de vida digna
al dar cumplimiento a los acuerdos del año 2015
El proyecto hidroeléctrico
Hidrosogamoso fue avalado por el gobierno nacional desde el año 2000; el
ministerio de minas y energía a través de la resolución 230 del 9 de julio de
2008 declaró de utilidad pública e interés social este proyecto lo que permitió
a Isagen comenzar a comprar o expropiar predios en el polígono de
Hidrosogamoso, en total son 21.338 km2, alimentados de las cuencas de los ríos
Fonce, Suárez, Chicamocha y Chucurí, el embalse Topocoro cubre con agua 7.590
hectáreas.
La cultura y la identidad campesina en relación con el río Sogamoso y Chucurí
“Antes de la construcción del
proyecto hidroeléctrico, gozábamos de buen trabajo gracias a la pesca de
especies como dorada, bocachico, además el río nos brindaba recreación para
nuestras familias, actualmente solo existen recuerdos de lo que eran nuestros
recursos naturales... no nos pudo desplazar del territorio la violencia de los
grupos armados pero si lo hizo el gobierno nacional y las empresas extractivas”
señalan los pescadores y campesinos que siguen en la lucha por que se
reconozcan sus derechos como afectados de la represa.
El proyecto Hidrosogamoso trajo cambios no solo al paisaje sino también
al tejido social
Con la llegada de Hidrosogamoso
se afectó el tejido social, se intentó cambiar la vocación campesina de
pescadores y agricultores por mano de obra no calificada de la represa, se
incrementó la delincuencia, la prostitución y drogadicción.
¿Qué hizo la comunidad para exigir sus derechos?
En el año 2014 se realizaron
varias reuniones con autoridades departamentales y municipales, las comunidades
afectadas por Hidrosogamoso solicitaban reubicación, proyectos productivos,
peticiones que quedaban plasmadas en actas de reuniones pero ninguna se
materializaba por falta de voluntad tanto del gobierno como de Isagen al no
aceptar que su proyecto causó afectaciones.
Movilización social y campesina por varios meses frente a la Gobernación
de Santander, aguantando frio, hambre, muchas dificultades para lograr un
acuerdo entre las comunidades y autoridad.
Victoria comunidades campesinas:
Después de firmar los acuerdos en el 2015, las comunidades se
quedaron esperando a que el gobernador de Santander Didier Tavera y la asamblea
departamental hicieran entrega formal y material del predio santuario de San
Benito y unos proyectos productivos a favor de las 73 familias caracterizadas.
En el año 2017 Isagen le entregó
el predio santuario San Benito a la Gobernación pero esta no lo entregó a las
familias afectadas porque según su interpretación de la Constitución no se
puede entregar recursos públicos a particulares, sin embargo vemos escándalos
de corrupción como la donación de 500 millones de pesos a una entidad privada
para construir el CAII Fluvial en el embalse Topocoro, el cual es propiedad de
una asociación de empresarios de la región que no necesitan ayudas del gobierno
para sacar adelante sus proyectos.
Dos lideresas de la comunidad
tuvieron que interponer una acción de tutela, la cual fue resuelta en segunda
instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga el 18 de
septiembre de 2019, la importancia de esta sentencia es que reconoce que hubo
afectaciones a la vida de estas familias por la construcción de Hidrosogamoso,
que no ha habido voluntad por parte del gobernador de Santander para atender la
situación de urgencia y calamidad de las familias, por estos motivos debe hacer
un esfuerzo mayor para garantizar el mínimo vital y condiciones de vida digna
al dar cumplimiento a los acuerdos del año 2015
en un plazo máximo de 6 meses.
El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación
Compromiso y el Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí han
oficiado a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo en aras
de garantizar que se cumplan estos acuerdos del año 2015 que beneficia a 73
familias caracterizadas afectadas por la construcción del proyecto
Hidrosogamoso en Santander.
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