Bogotá, mayo 18 de 2019
La
renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez lejos de ser
una crisis institucional debe ser una oportunidad para que la sociedad
colombiana, en ejercicio de su derecho a la participación, exija que quien
ocupe este alto cargo reúna las condiciones de independencia e imparcialidad
para que cumpla con las funciones que la Constitución y la Ley le otorgan y le
exigen.
La
verdadera crisis la están generando los reiterados ataques contra el proceso de
paz y las entidades a cargo de su implementación, que se producen de manera
permanente desde el Ejecutivo. Ello exacerba los sistemáticos ataques contra
los líderes y lideresas sociales y las personas en proceso de reincorporación
que creyeron en las garantías de seguridad del Acuerdo. Esto demanda medidas de
urgencia desde el gobierno Duque.
La
Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación deben
garantizar la continuidad de las investigaciones que involucran al saliente
Fiscal y los funcionarios de la fiscalía que hayan incurrido en conductas al
margen de la ley y deben velar por el respeto a las decisiones de la JEP para
evitar rupturas del orden Constitucional colombiano.
Las
organizaciones de la sociedad civil colombianas articuladas en la Coordinación
Colombia – Europa – Estados Unidos -CCEEU-, La Alianza de Organizaciones
Sociales y Afines la Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo
-PCDDD-, hacemos un llamado de urgencia en defensa del Estado Social de Derecho
y exhortamos a que se respete la separación de poderes como principio
estructural y transversal de la Constitución y se reafirme y proteja la
independencia de la rama judicial frente a las indebidas presiones que, se han
desplegado desde diversas orillas para que desconozca la palabra empeñada por
el Estado colombiano en el Acuerdo suscrito con las Farc - EP.
Reiteramos
nuestro compromiso con la Paz de Colombia y en ese sentido estaremos atentas al
desarrollo de estos acontecimientos y ofrecemos nuestros buenos oficios para
superar esta difícil situación.
Exhortamos a la comunidad internacional, de manera particular
a los países garantes, a la Misión de Observación de las Naciones Unidas, a la
Unión Europea y sus países miembros, a que acompañen y se pronuncien frente a
estos preocupantes hechos que atentan contra nuestra democracia.
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