A pesar de que la ley 1448 de 2011 más conocida como ley de víctimas y
restitución de tierras contempla un modelo de reparación muy elogiado por
algunos países, se queda corto en su proceso de implementación, pues hacer que
el presente corrija el daño sufrido por más de 50 años de conflicto armado con
un resultado de más de 8 millones de
víctimas, requiere de un proceso de sensibilización y una apuesta política
seria y contundente para que nuestros gobernantes decidan apostarle en gestión
e inversión de recursos y voluntad política a este tema que
ha partido la historia de Colombia en dos: la guerra y el proceso de paz.
El punto cinco del acuerdo de paz pone a las víctimas en un nivel
importante para el presente y futuro, en el presente para ser sujetos de
reparación como expresión simbólica de los vejámenes y atrocidades que
sufrieron a causa de un conflicto perpetrado por los diferentes actores armados
en el país, donde la más afectada resultó ser la sociedad civil y, para el
futuro, como memoria sin olvido para garantizar la no repetición.
A partir del surgimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras se
crean unas medidas para la atención integral a la población víctima como son: las
medidas de asistencia y atención, prevención y protección, reparación integral,
verdad y justicia. Tomaremos en el análisis algunos temas que han sido un punto
de quiebre frente al balance positivo en la implementación de la política
pública de victimas en el departamento de Santander:
Según la Unidad de
atención a las víctimas, la atención integral es una responsabilidad del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – SNARIV – el cual está constituido por el conjunto de entidades
públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y
territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de
formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas,
que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. Tienen como
propósito garantizar la participación en la formulación e implementación de la política integral
de atención, asistencia y reparación de que trata esta ley; adoptar las medidas
de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos
a la verdad, justicia y reparación de las víctimas; adoptar las medidas de
asistencia que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas brindando
condiciones para llevar una vida digna; adoptar los planes y programas que
garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; integrar los
esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de
los derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario
que les asiste a las víctimas; garantizar la coordinación interinstitucional,
la articulación de su oferta y programas, al igual que la programación de
recursos, asignación, focalización y ejecución de manera integral y articulada,
la provisión de bienes y servicios públicos prestados de acuerdo con las
soluciones brindadas; apoyar los esfuerzos de las Organizaciones de la Sociedad
Civil que acompañan y hacen seguimiento al proceso de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas; garantizar la adecuada coordinación entre
la nación y las entidades territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus
competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con los principios
constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y de delegación.[1]
Siendo esta medida
una de las más significativas para la población víctima, los avances son muy
pobres. En Colombia las victimas hoy reclaman sus
derechos pero no existe una respuesta positiva, ven un panorama poco
esperanzador debido a la lentitud con la que se está implementando la política
pública. Según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, es escaso el avance
notándose especialmente en las víctimas que tienen el derecho a una
indemnización administrativa. De acuerdo con cifras oficiales que maneja la
Unidad de Víctimas, el
Estado ha invertido más de $3,1 billones para indemnizar a 503.716 víctimas.
Sin embargo, según cifras de la
Comisión, todavía hace falta que el 93% de los afectados reciban este
recurso. Los observadores[2] de la ley dijeron, además
que todavía es incipiente la aplicación de criterios para darles prioridad a
adultos mayores, a quienes sufren discapacidad por cuenta del conflicto o
enfermedades catastróficas.
Según el registro
nacional de información en Santander la cifra de víctimas es de 273.410 de las
cuales solo han sido indemnizadas 35.321 en los 7 años de vigencia de la ley,
lo cual no sobrepasa el 13% de la población víctima en el departamento,
situación que es preocupante pues a 3 años de terminación del periodo de
vigencia de la ley, se cree que muy difícilmente se logre cumplir la meta del
100% lo cual requiere que se realice una ampliación en la vigencia de la ley.
Por otro lado la
desarticulación de las entidades que conforman el sistema nacional para la
atención y reparación integral a las
víctimas -SNARIV, hacen que la política pública no se concrete en procesos que
generen los impactos esperados, en la implementación de la ley, cada ente
desarrolla sus apuestas de forma aislada y basada en los escasos recursos que
le asignan, lo cual no permite avanzar de manera significativa, tal como lo manifiesta Orlando
Burgos Coordinador de la Mesa Departamental de Victimas de Santander: ”El tema
es que la reparación no es integral, se habla de reparación porque se
accede a una indemnización pero el sistema no funciona, no hay un solo caso de
reparación integral en Santander, la ley está desfinanciada y el Congreso ha
sido negligente en poner los recursos necesarios al tema, no hay una ruta clara
de la reparación integral, la Unidad es parte del sistema pero no tiene toda la
responsabilidad la cual también recae sobre el territorio pero ahí no hay
claridad y el problema de la coordinación nación - territorio, la poca voluntad
de los gobiernos y la equivocación del Congreso cuando hizo ley la 1448
pensándose sobre las estadísticas sobre 3 millones de víctimas en el año 2011”.
REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
·
Las víctimas no tienen certeza sobre cómo va
ser la reparación en el marco del acuerdo de paz firmado con las Farc
·
No es solo en el tema de indemnización la
mirada va más allá, la justicia y las garantías de no repetición son
fundamentales en este proceso de reparación.
·
Debe haber un compromiso institucional para que
las víctimas vuelvan a ser ciudadanos con derechos y en eso se ha comprometido
el gobierno y la unidad de víctimas para ver cómo se adjudican las viviendas,
cómo se regula la cobertura del sistema de salud, acompañamiento sicosocial y
se generan proyectos productivos que permitan a las victimas su supervivencia.
·
Se requiere dar el manejo adecuado al tema de
seguridad no invisibilizar lo que pasa con los líderes sociales y los
excombatientes asesinados, se debe reconocer el problema y buscar la forma de
resolver la situación.
·
Se debe garantizar la participación de las
víctimas y las organizaciones acompañantes ODV, en la reforma a la ley.
·
La atención a las victimas debe estar orientada
por profesionales expertos, sensibles y responsables.
·
Se debe dar mayor importancia al tema de
memoria construida desde las víctimas para que se conozca la verdad sobre lo
ocurrido en cada territorio porque hasta ahora es muy poco lo que se hace y es
a lo que menos recursos se le apuesta.
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