Los conflictos y las luchas ambientales en Santander-segundo informe. Una producción del Observatorio de la Corporación Compromiso. Octubre de 2018

En su capítulo final el informe del observatorio hace unas recomendaciones y exigencias tanto para la sociedad civil y sus organizaciones como para la institucionalidad y las autoridades de control ambiental. 

Se puede leer elinforme completo aquí: https://issuu.com/ccompromiso/docs/c_los_conflictos_y_las_luchas_ambie

Recomendaciones y exigencias a las autoridades nacionales de control ambiental

En Colombia debe hacerse una reforma al Sistema Nacional Ambiental, SINA, para que muchas entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales, CARs y el ANLA realmente cumplan su papel de autoridad ambiental porque no son entidades autónomas, ni justas, no ejercen su papel real de autoridad ambiental; algunas están al servicio de la politiquería y la corrupción. Los daños y delitos ambientales campean en la región, sin que estas entidades ejerzan su autoridad. Hoy después de 5 meses del desastre del Pozo Lizama 158, los pescadores están esperando cuál va a ser la sanción del ANLA para Ecopetrol por estos daños y delitos ambientales.

La CAS, cuya oficina queda en San Gil, levanta las vedas de especies amenazadas y en extinción como el Roble y el Abarco, para que una línea interconexión eléctrica pase y destruya territorios con estas especies amenazadas; y además le hacen resoluciones a estas empresas minero-energéticas para hacerle sustracciones a las pocas áreas protegidas existentes. Mientras que un campesino tumba un árbol de móncoro, que es un árbol comercial en el Municipio del Carmen de Chucurí y le quitan la motosierra, le quitan la madera y lo judicializan. Debilidad, miedo, complicidad y permisividad para los grandes megaproyectos extractivistas minero-energéticos, y el imperio de la ley para los campesinos.

Recomendaciones y exigencias a las Corporación publicas de Santander:

Que el Departamento de Santander y las CARs construyan un inventario del Patrimonio Natural del Departamento, para saber cuál es el inventario de los ecosistemas, cuál es su estado actual, que alertas hacer, donde no se permiten empresas mineras y petroleras; cuanto caudal de agua se puede ofertar para las comunidades, y no seguir repartiendo el agua sin ningún control, al servicio del mejor postor, hasta que terminan las quebradas y ríos sin el caudal ecológico, y totalmente secas.

Hacerse una Convocatoria Pública para que los ambientalistas, ecologistas, campesinos y comunidad en general participen en la elaboración de los Planes de Acción para la CAS, y la CDMB, que sea completo y de inversión para toda la jurisdicción de la CARs; y que su énfasis sea la protección de los ecosistemas estratégicos del Departamento y la Educación Ambiental. Los Planes de Acción de estas entidades no son para que se hagan y se desarrollen,  con las empresas contratistas de estas entidades.

Exigir que para todas las explotaciones mineras y petroleras se realicen Audiencias Públicas Ambientales, para que las comunidades participen en las decisiones que los afecten. Y si las comunidades presentan serios argumentos y reparos por daños y delitos ambientales previsibles, no permitir estas explotaciones, amparados en el Principio de Prevención.

Construir un equipo fuerte en la CAS y en la CDMB para que se le haga estudios juiciosos, técnicos y científicos en el otorgamiento y seguimiento a las licencias ambientales y a los planes de manejo ambiental otorgado por la CAS y la CDMB.

Revisar cual es el verdadero papel de los Consejos Directivos de estas corporaciones. El señor gobernador de Santander Didier Tavera, es quien preside estos Consejos Directivos debe hacer un real papel fiscalizador, de control político y de orientación de política pública ambiental para Santander; pero igual papel deben ejercer los demás consejeros de las Corporaciones, para se sienta la representatividad de los gremios, los alcaldes y las ONGs, y no sean unos simples convidados de piedra, mientras el Departamento de Santander se saquea y se destruye.

Construir en el Plan de Acción de las CARs una propuesta para hacer un Diagnostico de Oferta Ambiental de la jurisdicción de la CAS y del CDMB, que le permita a las Corporaciones con certeza identificar caudales, cantidades de bosques, lugares para ecoturismo, territorios con falencias y escasez de agua. No se deben permitir más contratos de reforestación sin que se asegure el cuidado de las plántulas hasta su supervivencia. Se hacen contratos de reforestación de miles de plantas, de especies que no son de la región, ni del territorio; no se cuidan, no se hacen el respectivo plateo, no se cercan estas reforestaciones, no se aplican fertilizaciones y se dejan descuidadas totalmente para que las hormigas y el ganado las destruyan. Y si, los contratistas toman las fotos para cobrar los contratos de los arboles sembrados, pero por allá no vuelve nadie. Es la manera más fácil de robarse los dineros públicos del sector agropecuario y ambiental.

Construir en el Plan de Acción Trienal de las Corporaciones, propuestas concretas para enfrentar el Cambio Climático; promover campañas masivas de reforestación, de ahorro de agua, de uso de la energía solar y eólica; y de uso de bicicletas y otros medios de transporte no contaminantes. Hacer un fuerte Plan de Educación Ambiental para todos los sectores sociales que eleve su nivel de conciencia ambiental.

Dar a conocer a la luz pública los POMCAS (Planes de Ordenamiento y manejo de las Cuencas Hidrográficas) de los ríos del Departamento. Se hacen estos POMCAS, no se reglamentan, los engavetan y los esconden para que las comunidades no los conozcan. Muchos de estos POMCAS son financiados por empresas extractivas como Isagen con el POMCA del Río Sogamoso, donde financian su elaboración presionando sus intereses económicos y permitiendo todo el ordenamiento de la cuenca y de sus afluentes para sus negocios e intereses, mientras le quitan y les recortan el agua a los campesinos para sus actividades productivas.

Los POMCAS deben financiarse con recursos propios de las Corporaciones y de la Gobernación de Santander para tener una real autoridad sobre el agua, los caudales y el Río. Existen POMCAS para el Río Lebrija, para le Río Suarez, para el Fonce, para el Sogamoso; y estos POMCAS para nada han servido, los ríos del Departamento están totalmente destruidos, son cloacas de coliformes, de aguas industriales, de lixiviados, fenoles, de aguas con combustibles; los ríos se están secando como pasa con el Río Suarez a su paso por el Municipio de San Benito. El Río Chicamocha-Sogamoso en el sector de Pescadero lo destruyen varias empresas con buldóceres, retroexcavadoras y volquetas, sin respetar los POMCAS y Planes de Manejo Ambiental, usufructúan el río, y se enriquecen; destruyendo sus cauces y riberas. Son solo POMCAS para hacer contratos o para hacer hidroeléctricas en nuestros ríos. Los campesinos ya denuncian en el POMCA del Río Opón la intentona de construir una nueva hidroeléctrica en el Río Opón, en el sector del Bajo Simacota. También se pretende destruir este río y la Ciénaga del Opón. Hoy tenemos POMCAS, pero no tenemos ríos, hemos perdido la seguridad alimentaria a base del pescado de los campesinos de las zonas ribereñas del Departamento de Santander. El pescado que hoy consumimos en las plazas de mercado de Bucaramanga es Bocachico argentino y pescado vietnamita. Por no proteger los ríos con una verdadera política pública y con una real autoridad ambiental hemos llevado a cientos de campesinos al hambre y a la miseria, muchas veces se culpa a los pescadores, pero nada se dice de las empresas extractivas como Isagen que produjeron decenas de mortandades de pescado y que destruyeron del Río Sogamoso la mayor despensa pesquera del Departamento de Santander.

Recomendaciones y exigencias al departamento de Santander

Que el Departamento construya una política pública de agua, que se identifique el inventario hídrico del Departamento, que se sistematice la oferta de caudales para agua potable para las comunidades. Que se realice una Gobernanza del Agua para todos, que incluya a todos, porque el agua es un derecho, no un negocio. Que se detenga toda intentona privatizadora del agua, de los acueductos municipales y de los acueductos comunitarios veredales. Que se haga una revisión minuciosa de la ESANT, Empresa Prestadora de Servicios Públicos del Departamento. Quienes son los socios realmente de esta empresa ESANT y que actividades han realizado durante el mandato de los diferentes gobernadores; cual debe ser el manejo futuro de la ESANT; el agua es un recurso público, y el servicio es un derecho. La ESANT no puede ser un aparato para privatizar las Unidades Municipales de Servicios Públicos, o para privatizar alumbrados públicos, o para privatizar acueductos veredales comunitarios y acueductos municipales. La ESANT no puede ser un aparato que se preste para la corrupción, como ocurrió en la represa la Batanera del Municipio de Vélez.

En el escenario de los permanente fenómenos del niño y del cambio climático es necesario con el banco de maquinaria de la Gobernación de Santander y con recursos de las Corporaciones hacer un Programa Departamental con el apoyo de los 87 Municipios en todas las provincias y en todas las veredas para la construcción de reservorios de agua, construyendo jagüeyes para cosechar las aguas lluvias, para poder mantener cultivos y darle de beber a  ganados y puedan servir también de abrevaderos para la fauna de la región. Santander desde hace varias décadas viene en un periodo de desertificación. No podemos esperar a que pase lo mismo que en la Guajira donde los niños y los animales mueren de hambre y de sed.

El gobierno nacional y departamental debe hacer en los Municipios de la Provincia de Soto un plan de desarrollo sostenible con las comunidades, que sea incluyente, propositivo, que haya reconversión para las actividades perjudiciales para el páramo y que haya apoyo económico para realizar actividades ecoturisticas y de economía campesina.

Recomendaciones y exigencias a los sectores sociales y sus organizaciones

Los Santandereanos y Bumangueses le exigimos a la Empresa Minesa, que pretende explotar oro en Páramo de Santurban que cese sus pretensiones extractivistas en este páramo por los graves daños y delitos ambientales que ocurrirían en este ecosistema frágil y estratégico para los santandereanos, y por los graves problemas de salud pública en que llevaría a los bumangueses por la alteración de la calidad del agua en las fuentes abastecedoras. Hoy ante la presión de las comunidades y del Gobernador de Boyacá sale de su territorio la empresa polaca Geofyzica Torum Services que pretendía hacer sísmica en 257 kilómetros cuadrados en el marco del Bloque Cordillera 2D; de la misma manera debe salir Minesa del Páramo de Santurban. Presionar que el gobierno nacional y departamental debe hacer en los Municipios de la Provincia de Soto un plan de desarrollo sostenible con las comunidades, que sea incluyente, propositivo, que haya reconversión para las actividades perjudiciales para el páramo y que haya apoyo económico para realizar actividades ecoturisticas y de economía campesina.  

Hacer un fuerte Plan de Educación Ambiental para todos los sectores sociales que eleve su nivel de conciencia ambiental. Crear nuevas veedurías comunitarias ambientales en defensa del agua y sus territorios, en el marco de la Ley 850 del 2003.

Solicitar que se realicen debates de Control Político en la Asamblea Departamental a los directores de las CAS y la CDMB, quienes algunos de ellos han dirigido estas entidades con intereses particulares e individuales y politiqueros, muchas veces rayando en la corrupción; olvidándose del interés colectivo, comunitario y de respeto a la naturaleza.

Los santandereanos debe hacer una apropiación del Parque Nacional Serranía de los Yariguíes, que son 59 .000 hectáreas que fueron producto de una gran lucha de los ambientalistas y campesinos Chucureños y santandereanos. Hoy Isagen y empresas de turismo y fundaciones Pseudoambientales se quieren quedar con su riqueza, con su patrimonio natural que le pertenece a los santandereanos. Han llegado hasta el punto de poner cercas de alambre al legendario camino de Lengerke que ha sido una servidumbre pública  por cientos de años desde san Vicente hasta Zapatoca.

Se debe realizar acciones jurídicas y sociales para detener proyectos mineros y petroleros en áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y en áreas de interés para las comunidades como lo son los cerros y cuencas hidrográficas que abastecen a los acueductos, distritos de riego, etc.

Los campesinos parameros del Páramo del Almorzadero se declaran en estado de alerta ante la delimitación de los páramos en Colombia, no van a permitir que les expropien sus tierras, que sean desalojados y desplazados, para que los páramos sean entregados desocupados a las multinacionales del agua, y el subpáramo a las multinacionales mineras, petroleras y para la construcción de hidroeléctricas. Los campesinos parameros también hacen parte del páramo, y han estado por cientos años en estos páramos conviviendo, cuidando y respetando este ecosistema colombiano.

Los colombianos exigimos ya una política de transición energética, no podemos seguir destruyendo ríos y poniendo a las comunidades en situaciones de riesgo y desastre ambiental y social como ocurrió con la construcción de la hidroeléctrica del Río Sogamoso y ahora con Hidroituango.

Hacemos un llamado al señor Gobernador Didier Tavera, a los dirigentes políticos de Santander, a la iglesia, a los gremios de la producción, a las asociaciones de productores, a todas las comunidades campesinas de Santander y de Colombia, a las Juntas de Acción Comunal, a las organizaciones indígenas y afrodescendentes a rechazar de manera unánime y fuerte la explotación de petróleo con metodologías no convencionales como el fracking, y a rechazar de manera vehemente y a la manera santanderena, que Santander no sea el Departamento que escojan para hacer las pruebas pilotos de fracking en los Municipios de Simacota, el Carmen de Chucuri, Puerto Wilches y Rio negro; y el Municipio de San Martín, en el Sur del Cesar.

Los pescadores afectados por la construcción de la hidroeléctrica del Río Sogamoso reclaman y exigen a la Gobernación de Santander que le sean entregados puertos en el embalse de hidrosogamoso, y que una parte del embalse sea destinado para la piscicultura, y ellos poder tener peces en jaulas como ocurre en otros embalses en el país. Denuncian que en Plan de Ordenamiento del Embalse no fueron tenidos en cuenta, están excluidos, y todo este ordenamiento del embalse de 7000 hectáreas termino para intereses privados de los grandes latifundistas de la zona, para empresas turísticas y náuticas, para condominios y para sedes recreacionales, cuando los verdaderos dueños y usuarios del Río eran los pescadores. Hoy les han privatizado 45 kilómetros del Río Sogamoso por 50 años para Isagen y los canadienses; y la situación de los pescadores y sus familias se resume en el último editorial llamado: “Tragedias Sociales en Hidrosogamoso y otras Represas” del Doctor Jairo Puentes, del Miércoles 12 de Septiembre del 2018 : “Estamos aguantando hambre”.

Los campesinos propietarios de fincas en el Cañón de Chicamocha y las Juntas de Acción Comunal de estas veredas de los Municipios de Cepita, Aratoca, Curití, Capitanejo y San Andrés en el Departamento de Santander se declaran en Estado de Alerta ante la intentona del gobierno nacional y la UNESCO de declarar el CAÑON DE CHICAMOCHA como patrimonio natural y cultural universal; no vamos a permitir que los campesinos seamos desalojados y desplazados, y nuestras tierras sean declaradas de utilidad pública e interés social con un decreto y con anotaciones en nuestros certificados de tradición y libertad de nuestros predios, como ha pasado con los parameros de los páramos delimitados, y los campesinos desplazados por Parques Nacionales en el territorio del Parque Nacional Serranía de los Yariguies.

Nosotros los campesinos, las cabras y algunas matas de fique que cultivamos también hacen parte del CAÑON DE CHICAMOCHA. Exigimos políticas públicas pero con inclusión, y no expulsión y desplazamiento.