Declaración Final de la Corte Regional de Mujeres de Santander y el Magdalena Medio

"¡Que las mujeres... hagan hablar sus dolores! Que expongan las desgracias sufridas como consecuencia de la posición que les ha deparado las leyes y los prejuicios que las encadenan; pero que hablen...!".

-           Flora Tristán (1803-1844)

Bucaramanga, 24 y 25 de noviembre de 2012

El 24 y 25 de noviembre en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencias contra las Mujeres, impulsado por el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, en la Sala de Sesiones de la Asamblea del Departamento de Santander se realizó la Primera Corte Regional de Mujeres de Santander y el Magdalena Medio: Justicia, Territorio y Paz con Sentido de Mujer constituida por un Jurado Simbólico de quince Jueces y Juezas de alto reconocimiento social y político, una Audiencia Pública de más de 150 mujeres de la región, un grupo de Ponentes y el acompañamiento en calidad de observadores del Sistema de Naciones Unidas.

Esta Corte de Mujeres vio hoy más que nunca cómo la amenaza de violencia resuena y se se sigue imponiendo en distintas geografías y la humanidad está en la encrucijada de su  sobrevivencia, en medio de la pobreza, la exclusión y la marginalización.  Esta Corte se realizó en un momento en el que se han agudizado los contextos y las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres, al tiempo que paradójicamente el país ha entrado en un “proceso de negociación del conflicto armado y construcción de una paz duradera”.

Colombia es un extenso territorio con riquezas minerales, petróleo, fuentes de energía, agua, biodiversidad, flora, fauna, saber tradicional y ancestral de las comunidades; hoy muy codiciados y explotados por las empresas y transnacionales que sólo se interesan en  la acumulación,  para lo cual generan procesos de desarraigo y despojo a los pueblos y sus territorios. El despojo de las riquezas que genera las políticas de la locomotora minera y agrícola con lleva implícito graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

Las mujeres, protagonistas de estos procesos, han sido y siguen siendo la fortaleza de sus pueblos. Ellas con sus voces, lucha y vida hoy continúan dignificando cada espacio: la casa, el barrio, el pueblo, el país, llenando de vida el mundo en medio de la muerte y el dolor, reviviendo la esperanza en medio de las cenizas que ha dejado el exterminio, la persecución, la pobreza y la guerra.

Las mujeres en la Corte Regional constatamos una vez más los dolores y las afectaciones que se producen cuando nuestros cuerpos son invadidos con la violencia sociopolítica, económica, sexual, de género  y simbólica; y en especial evidenciamos:

-          Que la violencia económica ejercida por los Megaproyectos Económicos en la Región minero energéticos, ha destruido el proyecto de vida de cientos de mujeres de la región, condenándolas a desequilibrios e injusticias en su vida personal, familiar y comunitaria y a la marginalización económica.

-          Que las violencias que atacan nuestros cuerpos y mentes han conducido a una desestructuración emocional y a graves consecuencias psicosociales que nos recuerdan constantemente con dolor, llanto y tristeza lo que hemos vivido.

-          Que las mujeres sufren de manera desproporcionada el contexto de inseguridad y desprotección generalizada que mantiene latente el temor de ser abusadas, torturadas o violentadas en la vida cotidiana y en el marco del conflicto armado.

-          Que las mujeres deben enfrentar la discriminación en todos los ámbitos de la vida pública y privada y los múltiples obstáculos para acceder a oportunidades laborales, políticas y comunitarias, generando una carga desproporcionada en sus vidas.

-          Que existe un contexto de impunidad, injusticia e invisibilización de la violencia contra las mujeres que envía el mensaje de su tolerancia generalizada.

 Los rostros de las víctimas en esta Corte Regional, hoy más que nunca reavivan a todas las presentes nuestros más profundos deseos para:

1.      Reconstruir puentes de sororidad, unidad, confianzas y afectos entre las mujeres, las organizaciones y con otros movimientos sociales de Derechos Humanos, afrocolombiano, indígena, sindical y campesino.

2.      Reafirmar nuestra oposición a la guerra y nuestra esperanza de construir paz con justicia social y una vida libre de violencias.

3.      Deconstruir los estereotipos y prejuicios de género que mantienen intactas las estructuras de dominación y en su lugar edificar nuevas formas de ser y sentirnos hombres y mujeres en sociedad.

4.      Impulsar la realización de Cortes Regionales – Municipales de Mujeres y la Corte Nacional de Mujeres como espacio de Justicia Alternativa.

Las mujeres sentimos que no habrá paz sí el Estado colombiano no garantiza la Justicia de Género, acompañada de verdad, reparación individual y colectiva, la memoria de las mujeres y la no repetición de estos hechos.

MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ

CONVOCAN: ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR,CORPORACION COMPROMISO, COORDINADOR NACIONAL AGRARIO, UNION SINDICAL OBRERA – USO, ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, ASFADDES- SANTANDER, AREA MUJER DEL CRIC, CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, SEMILLAS DE LA GAITANA, TIERRADENTRO, UNIDAD SOCIAL POPULAR.

APOYAN: EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ, CORDAID, HEKS, KAIROS, GOBERNACION DE SANTANDER, CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2012

CORTE REGIONAL DE  MUJERES

Justicia, territorio y Paz con sentido de Mujer

AUDIENCIA PÚBLICA

Bucaramanga 24 y 25 de noviembre de 2012

Fallo preliminar

Las juezas y jueces de la Corte Regional de Mujeres, concebida como “un espacio para la recuperación de la memoria, por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” de las violencias ejercidas en contra de las mujeres en Santander y el Magdalena Medio, una vez han escuchado los testimonios de las víctimas y las voces de aquellas que a pesar de las circunstancias trágicas y adversas se rebelan y no renuncian a seguir construyendo propuestas de paz, justicia y territorio con sentido de mujer,

Exaltamos el valor demostrado por cada una de las que se atreven a hablar de sus dolores, a expresar sus desgracias y los perjuicios que las encadenan, además el ejercicio que se hace de construir memoria y sus resistencias

Consideramos que, tal como quedo establecido en la Conferencia Mundial sobre la mujer en Beijing, las violencias contra las mujeres son consecuencia de las relaciones de poder establecidas por la cultura patriarcal y profundizadas por los modelos económicos basados en la acumulación de capital.

Resaltamos que las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado o por fuera de este permanecen en elevados índices de impunidad, lo que desconoce el deber del Estado de actuar con la debida diligencia, posibilitando la repetición de estos actos.

Señalamos que acatando lo establecido en la resolución 1325, 1820, 1888, 1889 y 1960 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estas violencias contra las mujeres se deben visibilizar en el marco del proceso de diálogos por la paz.

Constatamos que la implementación de grandes megaproyectos en la región de Santander y el Magdalena Medio colombiano han impactado negativamente las condiciones familiares, económicas y de subsistencia de las mujeres, sus familias y comunidades. En el caso de la construcción de Hidrosogamoso por ISAGEN, es notoria la disminución de peces que afecta la soberanía alimentaria de las mujeres y sus familias.

Constatamos que en los municipios afectados por la extracción de oro en Santurban las familias que vivían de esta actividad de manera artesanal y la combinaban con la producción de sus  propios alimentos son forzados al cambio de su actividad económica. Las empresas promueven la división de las comunidades y el desplazamiento de los habitantes mediante las estrategias utilizadas para controlar el territorio. El incremento de población externa llega acompañado de la descomposición de las relaciones sociales y familiares, de actos de violencia contra la mujer, drogadicción y prostitución.

Comprobamos una política de discriminación contra las mujeres al interior de las empresas petroleras y de palma, en aspectos tales como el acceso al empleo, condiciones de remuneración y participación en los asuntos internos de las mismas. A su vez, también se observaron situaciones de discriminación en los sindicatos.

Constatamos a través de los testimonios que las mujeres siguen siendo objeto de ataques sistemáticos y premeditados en el marco de la violencia socio política, la cual se ha ejercido con el propósito de procurar la dominación y control, en donde prácticas como el embarazo forzado, prostitución forzada, esclavitud sexual, desnudes forzada, trata de personas, esterilización forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, escarnio público y procesamientos injustificados, han sido persistentes con el propósito de amoldar la conducta de las mujeres y atacar su papel como sujetas sociales y políticas.

Constatamos que la organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y sus organizaciones, como la Organización Femenina Popular, cada vez son más blanco de actos sistemáticos de ataques que revelan la existencia de patrones de agresión, tratándose de una persecución fundada en motivos políticos y de género, que son inaceptables con arreglo al derecho internacional y constituyen crimen de lesa humanidad.

Denunciamos que estos ataques a los procesos organizativos están contra la dignidad de las mujeres, a través de la violencia física, psicológica y sexual. Como lo señalaron las declarantes a esta corte “las cicatrices del alma se evidencian en los encuentros, cicatrices del cuerpo, del alma, del tejido social”.

Resaltamos el papel de las mujeres declarantes que han presentado sus relatos de violencia sexual haciendo públicas las formas en las que esta violencia se manifiesta, permitiendo con esto visibilizar las principales afectaciones e impacto en su vida y en sus cuerpos. A través de este ejercicio de memoria colectiva hacen expresa su condición de sujetas políticas y actoras de cambio.

Manifestamos que la violencia contra las mujeres es la más antigua y extendida en la historia de la humanidad y afecta a las mujeres sin distingos de edad, clase, etnia o cualquier otro, se afirma en siglos de visiones estereotipadas de lo que somos y hacemos las mujeres, producto de una cultura patriarcal que se sustenta en el ejercicio de poder de los varones sobre las mujeres, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.

Observamos que la permanencia de esos simbólicos que desvalorizan y niegan nuestra dignidad como personas y nuestros derechos como ciudadanas, se afianzan en todas las culturas, a través de las instituciones, de las ideologías, de las leyes y políticas, de los medios masivos de comunicación. La posibilidad de deconstruir la cultura patriarcal implica el compromiso decidido del Estado y de la sociedad, de transformar los procesos formativos en todas sus expresiones y las prácticas sociales discriminadoras que anulan o debilitan la autonomía de las mujeres.

Comprobamos con los testimonios ofrecidos que los feminicidios (asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres) son una expresión extrema de la violencia en contra de las mujeres y consecuencia última de “las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

Constatamos que el Estado tolera los asesinatos de mujeres y no investiga los crímenes con vigor ni hace que los asesinos asuman la responsabilidad.

Precisamos que los actos aquí señalados, constituyen graves desconocimientos de los estándares internacionales en materia de violencias contra las mujeres.

POR LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO, ESTA CORTE RESUELVE:

A. Violencia sociopolítica.

1.       Condenar las prácticas sistemáticas desarrolladas en el marco del conflicto (Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas), que han pretendido someter, controlar, acallar, silenciar e inmovilizar a las mujeres y sus expresiones organizativas.

2. Condenar al Estado colombiano por no brindar las garantías de protección a defensoras de derechos humanos y sus procesos organizativos.
3. Exigir al Estado colombiano se investigue de manera concentrada el crimen de lesa humanidad de persecución contra de la Organización Femenina Popular – OFP, atendiendo a la sistematicidad y conexidad de los crímenes. De no existir una respuesta adecuada, en un plazo razonable y con la debida diligencia, decida transmitir estos hechos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que se inicien las investigaciones que correspondan.
4. Requerir a la sociedad, a los medios de comunicación y las expresiones organizativas de la sociedad, a incluir en sus agendas y escenarios de reflexión, un análisis permanente que visibilice la violencia contra los procesos organizativos de las mujeres, así como las afectaciones e impactos en el cuerpo y la vida de las mujeres.

B. Violencia sexual

1. Condenar a los actores armados como autores mediatos de los crímenes de violencia sexual contra las mujeres, entre ellos: violación sexual, abuso sexual, esclavitud sexual, aborto forzado, esterilización forzada, embarazo forzado, prostitución forzada.
2. Condenar a los agresores por la violencia sexual contra las mujeres.
3. Condenar al Estado colombiano por su responsabilidad frente a la falta de debida diligencia y en consecuencia impunidad en los casos de violencia sexual contra mujeres tanto en el conflicto armado como por fuera de este.
4. Exigir al Estado colombiano que no decrete amnistías ni de jure ni de facto para estos crímenes en el marco del proceso de paz.
5. Exigir a la rama judicial, y la fiscalía cumplir con la debida diligencia, aplicar las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional para estos casos, y mantener una unidad investigativa que trate la violencia sexual como un problema estructural y no de casos aislados.
6. Exigir al Estado implementar la R.1325 y sus resoluciones conexas en el país.
7. Exigir del ministerio de salud la atención psicosocial a las víctimas y sus familias, sin limitarlo a la denuncia de los casos ante el sistema penal.
8. Exigir al Estado que reconozca la real magnitud de la violencia sexual en el país, sus efectos negativos en la vida y cuerpo de las mujeres y desde ahí mejore el diseño e implementación de sus políticas públicas y programas.
9. Exigir al Estado colombiano que repare de manera integral, idónea y efectiva y brinde garantías de no repetición a las mujeres víctimas de violencia sexual.

C. Violencia socioeconómica.

1.       Condenar al estado colombiano por acción y omisión al promover políticas de despojo en detrimento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos de las mujeres, así como al permitir, facilitar y dejar en la impunidad tales violaciones.

2.       Condenar al Estado colombiano por las violaciones de los derechos de las mujeres con ocasión del desarrollo de los megaproyectos de extracción y aprovechamiento de recursos naturales en el Páramo de Santurbán, en los monocultivos de palma aceitera y en Hidrosogamoso.

3.       Instar al ministerio de trabajo a garantizar y vigilar las condiciones laborales de las mujeres en Ecopetrol.

4.       Instar al Estado Colombiano para que a través de todos sus órganos tome medidas eficaces de garantía y protección integral a los derechos de las mujeres que permita su plena realización social y económica.

5.       Condenar a las empresas ISAGEN, ECO-ORO, ECOPETROL, Palmas Bucarelli y Palmas Monterey así como las demás empresas involucradas en los hechos de violación de derechos económicos, sociales y ambientales traídos y conocidos por el tribunal, por su abuso de poder.

D. Violencia de género - Feminicidios.

1. Condenar al Estado colombiano por los casos de feminicidio ocurridos en el país como consecuencia de la falta de garantías para la seguridad de las mujeres, la impunidad en estos casos y la ausencia de políticas públicas idóneas para enfrentar este problema.
2. Condenar a los responsables de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres.
3. Conminar al congreso de la república aprobar la ley que tipifica el feminicidio como delito autónomo y reformar las leyes que le sean contrarias.
4. Exigir al ICBF que no otorgue la custodia de hijos e hijas a asesinos de mujeres y cumpla con su responsabilidad en los casos de hijos e hijas de mujeres asesinadas, en especial de aquellos niños que tienen una protección reforzada por su condición de discapacidad, pobreza, entre otras.
5. Exigir a la rama judicial, y la fiscalía cumplir con la debida diligencia, y aplicar los estándares internacionales en materia de violencias de género.
6. Requerir a los medios de comunicación, a la fiscalía, personerías, defensorías, procuraduría, policía para que no le den tratamiento de casos “pasionales” a los asesinatos de mujeres.

E. Violencia simbólica y cultural.

1. Exigir del Estado la constitución de una comisión de mujeres sabias que generen una propuesta transformadora de la institucionalidad vigente, especialmente en el ámbito de la educación y la cultura, en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales de la CEDAW y Belem do Parà.
2. Requerir a la sociedad, a los medios de comunicación y las expresiones organizativas de la sociedad civil a deconstruir la cultura patriarcal, transformando los procesos formativos en todas sus expresiones y las prácticas sociales discriminadoras que anulan o debilitan la autonomía de las mujeres.

Finalmente, Animamos a las mujeres y sus organizaciones, así como a la sociedad en su conjunto a aunar esfuerzos para visibilizar y denunciar esta situación de desigualdad, pérdida de soberanía, del territorio y de violaciones de los derechos de las mujeres.

MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ

CONVOCAN: ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR,CORPORACION COMPROMISO, COORDINADOR NACIONAL AGRARIO, UNION SINDICAL OBRERA – USO, ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, ASFADDES- SANTANDER, AREA MUJER DEL CRIC, CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, SEMILLAS DE LA GAITANA, TIERRADENTRO, UNIDAD SOCIAL POPULAR.

APOYAN: EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ, CORDAID, HEKS, KAIROS, GOBERNACION DE SANTANDER, CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2012