Frente a la crisis de la política de seguridad democrática el Gobierno se propone aumentar el pie de fuerza, adquirir vehículos y equipos de comunicación y ahora el presidente Uribe ha planteado la vinculación de niños, niñas y jóvenes a la red de informantes bajo la promesa del pago de un subsidio mensual, propuesta que merece el más enérgico rechazo, en tanto busca hacer partícipe del conflicto a quienes han venido siendo sus principales víctimas, y con dicha propuesta se desborda el marco jurídico y político del país y se vulneran los principios del Derecho Internacional Humanitario, que exige de los actores del conflicto armado, la no vinculación de menores en las filas de los fuerzas y grupos armados.
La exigencia por desvincular a niños, niñas y jóvenes del conflicto ha venido siendo consigna de organizaciones de derechos humanos, el movimiento ciudadano por la paz y apoyada por organismos internacionales como las Naciones Unidas,
Un conflicto que no merma:
Ya a finales de noviembre del 2009 la corporación Arco iris presentó a la opinión pública el estudio sobre el estado del conflicto en Colombia, el cual señaló entre otros aspectos, la reactivación de las acciones militares de las guerrillas, principalmente en el Guaviare, Caquetá, Cauca y el bajo Cauca Antioqueño, igualmente resalta el incremento de las acciones bélicas en respuesta a las campañas adelantadas por las fuerzas militares en
De otro lado señaló el estudio de la corporación Arco iris, es el crecimiento de las bandas paramilitares que siguen vinculadas estrechamente al narcotráfico, con un perfil predominante del accionar militar en lo urbano, al punto que el 2009 terminó con los más altos índices de homicidios de los siete últimos años, situación que se explica en buena parte por la confrontación entre estructuras criminales que buscan controlar el mercado criminal del narcotráfico, las cadenas de comercialización de sustancias de uso ilícito, controlar las rutas de aprovisionamiento y exportación de coca, el control de actividades de la delincuencia común, de la prostitución y el lavado de activos, también de control territorial de la población, acumulación de rentas y de poder político.
Es evidente la ausencia de debate público sobre el estado del conflicto y más aún, sobre las condiciones de seguridad y convivencia en las ciudades, los pronunciamientos oficiales develan las limitaciones de las políticas públicas y de los gobiernos, nacional, departamentales y municipales, para enfrentar el agravamiento de esta situación, valga señalar que desde los inicios del proceso de desmovilización de los paramilitares, se realizaron criticas al proceso por parte de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, quienes criticaban el mantenimiento de acciones criminales de una buena parte de los desmovilizados, la pervivencia de estructuras delictivas y el control territorial y poblacional violento de estos grupos armados, denuncias que no condujeron a acciones efectivas del Gobierno y los organismos estatales controlar, capturar, sancionar y desvertebrar las estructuras criminales, que hoy están causando estos hechos de violencia.
Mantenemos la consigna y la propuesta que la salida al conflicto es política y que hay que abordar la solución de problemas de pobreza, desigualad y exclusión que vive la población colombiana. Por ahí va el amino de construir paz en el país.
Directora Ejecutiva
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