ASOCIACION DE CACAOTEROS DE BUENOS AIRES “ASOCAB”
DENUNCIAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La revictimización de nuestra comunidad por el desplazamiento masivo de 120 familias, ante el desconocimiento del estado de derechos por parte de las autoridades civiles y militares del municipio de El Peñón departamento de Bolívar –Colombia.
Ayer 14 de julio de 2009 fuimos víctimas del desconocimiento de nuestro legítimo derecho a la defensa y debido proceso, por parte del inspector central de policía del municipio de El Peñón, (Sur de Bolívar), quien en abuso de su atribuciones llevo a cabo el desalojo de 120 familias del predio “LAS PAVAS”, impidiendo que ejerciéramos la oposición que permite el artículo 13 del decreto 992 de 1930 que dicta: “Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia de lanzamiento, quedando en libertad los interesados para ocurrir al poder judicial”.
Esta diligencia contó con la presencia y acompañamiento del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el asesor de paz de la Gobernación, El Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Observatorio de Paz Integral y Fedeagromisbol.
Irregularidades Dadas En La Diligencia De Desalojo
Previo a la diligencia de desalojo el lugar fue acordonado por un grupo de policías de asalto armados con fusiles y artillería pesada quienes ocuparon inicialmente un sector de la finca Las Pavas.
Además de esta fuerza de asalto, hizo presencia personal de la policía nacional, un numeroso grupo de antimotines del ESMAD y agentes de civil de la Sijin, quienes a lo largo de la acción, grabaron y fotografiaron a los integrantes de ASOCAB y a los acompañantes de la diligencia.
El desconocimiento jurídico que reconoció el inspector de policía del municipio de El Peñón durante la diligencia, al expresar “no tengo formación como abogado”, facilitó que la permanente presión del abogado defensor de la empresa palmera (Aportes San Isidro S.A y C.I Tequendama ) y funcionarios acompañantes como el comisario de familia, impidieran que ejerciéramos nuestro derecho a la defensa, mediante la OPOSICIÓN para que se presentaran las pruebas, que debieron ser valoradas y que demuestran que este predio se encuentra en extinción de dominio, motivo por el cual la ley colombiana prohíbe que se ordene desalojo de campesinos en predios con esta condición (Artículo 5, decreto 747 de 1992); haciendo caso omiso a los requerimientos que el ministerio público hizo frente al respeto al derecho a la defensa y al debido proceso.
De manera reiterada nuestra apoderada, las instituciones y organizaciones sociales acompañantes a la diligencia ante el incumplimiento de dejar constancia por escrito de todas las intervenciones de las partes, debieron solicitar al inspector de policía que levantara el acta de la diligencia en varios momentos, motivo por el cual el acta final carece del contenido total de las intervenciones, requerimiento y decisiones.
Consideramos un despropósito que un funcionario como el inspector de policía en el ejercicio de una diligencia de este tipo, presente un “asesor” como su apoderado para hablar en su representación.
ASOCAB esta conformada por 123 familias campesinas que congregan mas de 500 personas quienes exigimos al estado colombiano el respeto al debido proceso, al derecho a la tierra, al mínimo vital, al trabajo, a la vida, a la integridad y a la protección especial que merecemos la población en situación de desplazamiento.
Somos una comunidad campesina que exigimos el derecho a la permanencia en el territorio de manera productiva.
ASOCIACION DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES
El Peñón, 15 de julio de 2009
Acompañantes:
PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO
OBSERVATORIO DE PAZ INTEGRAL
FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
DENUNCIAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La revictimización de nuestra comunidad por el desplazamiento masivo de 120 familias, ante el desconocimiento del estado de derechos por parte de las autoridades civiles y militares del municipio de El Peñón departamento de Bolívar –Colombia.
Ayer 14 de julio de 2009 fuimos víctimas del desconocimiento de nuestro legítimo derecho a la defensa y debido proceso, por parte del inspector central de policía del municipio de El Peñón, (Sur de Bolívar), quien en abuso de su atribuciones llevo a cabo el desalojo de 120 familias del predio “LAS PAVAS”, impidiendo que ejerciéramos la oposición que permite el artículo 13 del decreto 992 de 1930 que dicta: “Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia de lanzamiento, quedando en libertad los interesados para ocurrir al poder judicial”.
Esta diligencia contó con la presencia y acompañamiento del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el asesor de paz de la Gobernación, El Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Observatorio de Paz Integral y Fedeagromisbol.
Irregularidades Dadas En La Diligencia De Desalojo
Previo a la diligencia de desalojo el lugar fue acordonado por un grupo de policías de asalto armados con fusiles y artillería pesada quienes ocuparon inicialmente un sector de la finca Las Pavas.
Además de esta fuerza de asalto, hizo presencia personal de la policía nacional, un numeroso grupo de antimotines del ESMAD y agentes de civil de la Sijin, quienes a lo largo de la acción, grabaron y fotografiaron a los integrantes de ASOCAB y a los acompañantes de la diligencia.
El desconocimiento jurídico que reconoció el inspector de policía del municipio de El Peñón durante la diligencia, al expresar “no tengo formación como abogado”, facilitó que la permanente presión del abogado defensor de la empresa palmera (Aportes San Isidro S.A y C.I Tequendama ) y funcionarios acompañantes como el comisario de familia, impidieran que ejerciéramos nuestro derecho a la defensa, mediante la OPOSICIÓN para que se presentaran las pruebas, que debieron ser valoradas y que demuestran que este predio se encuentra en extinción de dominio, motivo por el cual la ley colombiana prohíbe que se ordene desalojo de campesinos en predios con esta condición (Artículo 5, decreto 747 de 1992); haciendo caso omiso a los requerimientos que el ministerio público hizo frente al respeto al derecho a la defensa y al debido proceso.
De manera reiterada nuestra apoderada, las instituciones y organizaciones sociales acompañantes a la diligencia ante el incumplimiento de dejar constancia por escrito de todas las intervenciones de las partes, debieron solicitar al inspector de policía que levantara el acta de la diligencia en varios momentos, motivo por el cual el acta final carece del contenido total de las intervenciones, requerimiento y decisiones.
Consideramos un despropósito que un funcionario como el inspector de policía en el ejercicio de una diligencia de este tipo, presente un “asesor” como su apoderado para hablar en su representación.
ASOCAB esta conformada por 123 familias campesinas que congregan mas de 500 personas quienes exigimos al estado colombiano el respeto al debido proceso, al derecho a la tierra, al mínimo vital, al trabajo, a la vida, a la integridad y a la protección especial que merecemos la población en situación de desplazamiento.
Somos una comunidad campesina que exigimos el derecho a la permanencia en el territorio de manera productiva.
ASOCIACION DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES
El Peñón, 15 de julio de 2009
Acompañantes:
PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO
OBSERVATORIO DE PAZ INTEGRAL
FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
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