sábado, 10 de octubre de 2015

Revista Raíces


Esta revista es una publicación del proyecto CONSTRUYENDO AUTONOMIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE PIEDECUESTA / SANTANDER en las veredas Miraflores, San Isidro, La Mata y La Chorrera. Es un proyecto de la Corporación Compromiso. Bucaramanga  Santander, Colombia.

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Revista Raíces

Esta revista es una publicación del proyecto CONSTRUYENDO AUTONOMIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE PIEDECUESTA / SANTANDER en las veredas Miraflores, San Isidro, La Mata y La Chorrera. Es un proyecto de la Corporación Compromiso. Bucaramanga  Santander, Colombia.

viernes, 2 de octubre de 2015

OTRA VEZ BURLADA LAS COMUNIDADES POR LA NO SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE BASURAS EN BUCARAMANGA



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Por quinta vez las alcaldías del Área Metropolitana de Bucaramanga se declaran en situación de riesgo de calamidad pública, que da lugar al estado de emergencia sanitaria y ambiental por el no hallazgo de una solución a la problemática de la disposición final de residuos sólidos para 11 municipios del entorno del Área Metropolitana de Bucaramanga, que diariamente depositan cerca de 1000 toneladas de basuras en “el Carrasco”.

Por quinta vez se burlan de las comunidades que entablaron acciones jurídicas, y que daba orden perentoria del cierre del Carrasco el día 30 de Septiembre del 2015. Se han burlado de la legislación colombiana, y del Estado de Derecho, y ya la Declaración de Emergencia Sanitaria y Ambiental, que debería ser un hecho único y urgente se volvió un estado permanente, y sin solución a las problemáticas de salud pública de las comunidades del Barrio El Porvenir y sus alrededores.

¿QUE ESTÁ SUCEDIENDO?

Han podido más los intereses individuales y de negocios de unos pocos, que han encontrado en la basura y en las escombreras los negocios de sus vidas; donde no les interesa para nada la disposición de los residuos sólidos urbanos y las problemáticas de la salud pública, sino los NEGOCIADOS, y esto a través de gravísimas prácticas corruptas: Como alterar los EOTs de los municipios haciendo cambio de uso de suelos para meter basureros en contra de los campesinos y sus zonas productoras agrícolas; cambiar los objetos sociales de las empresas prestadoras de servicios, como en EMPAS, hacia los negocios de las basuras; como perseguir desde las CARs el licenciamiento ambiental de sitios posibles, como lo hace la CDMB porque no cuadran los negocios y los intereses; poseer fundaciones para hacer contrataciones, desde personas que son juez y parte en la definición de la solución de la problemática de las basuras, como pasa con la Directora del AMB. Y otras como la directora de la CAS, que cometen graves errores ambientales, con el licenciamiento de un Relleno Sanitario para las 180 toneladas de desechos diarios de Barrancabermeja, contaminando gravemente el DMI de la Ciénaga de San Silvestre.  Todos los anteriores, más los alcaldes se pasan la pelota culpando a los otros, evadiendo una solución real y concreta, donde el beneficio sea el interés colectivo y público; y no el interés económico de unos pocos en la ciudad que se siguen enriqueciendo con la privatización de los servicios públicos domiciliarios. En estos días estos personajes se la pasan haciendo cálculos políticos y económicos en estos tiempos electoreros, en que sus puestos se debaten en el vaivén de la politiquería y la grave corrupción santandereana.

En esta problemática de la disposición final de residuos sólidos, la Constitución de Colombia de 1991, ha sido mancillada en cuanto al respeto al derecho a la vida y en tener una Ambiente Sano.

La verdadera solución que se debe dar a la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (DFRSU) “basuras”, debe ser: ambientalmente sostenible, políticamente deseable, económicamente viable, técnicamente factible y socialmente aceptable.

Los alcaldes del AMB, la directora del AMB, que conforman la Junta metropolitana, mintieron y ocultaron la verdad a los usuarios del servicio público, al firmar el acuerdo 025 de Agosto del 2015, negando que habían propuestas y alternativas para la DFRSU; pero como no se prestaban para sus intereses, fueron descartadas.

De otra parte en el DECRETO 2041 DE 2014, Artículo  7°, dice: Proyectos, obras y actividades sujetas a licencia ambiental. Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición. “Esto quiere decir que el AMB y la EMAB, están violando la ley”, puesto que en la actualidad no tienen Licencia Ambiental.

Los intereses creados y mal intencionados de los hoy enfrentados directores de la CDMB y AMB, perjudican directamente a los usuarios de servicios públicos en la modalidad de Disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, DFRSU, “basuras”.

Con el propósito mezquino de quedarse con la posición dominante de la DFRSU, que les proporciona grandes dividendos económicos a los grupos politiqueros y corruptos a que ellos pertenecen, han pisoteado la normatividad Colombiana y los intereses de los verdaderos usuarios de los servicios públicos, quienes realmente son la razón de ser de estas entidades.

Los rellenos Sanitarios por más tecnificados que sean, contaminan las fuentes hídricas superficiales y subterráneas afectando a los más vulnerables y desprotegidos.

Hay investigaciones científicas que han demostrado que los ácidos grasos orgánicos e inorgánicos, perforan las geomembranas que sirven de base a los rellenos sanitarios produciendo altas filtraciones en las fuentes hídricas, que al ser consumidas producen  cáncer de próstata y cuello uterino, infecciones diarreicas agudas,  respiratorias agudas, enfermedades cutáneas y ópticas.

Las dos máquinas prensadoras enfardadoras que propone la directora del AMB, por un valor de  $ 14.000’000.000 (catorce mil millones de pesos), para el manejo de 1.000T/Día, es una propuesta no viable. Mil toneladas diarias enfardadas son bombas de tiempo, pues los residuos Orgánicos que es el 60% al enfardarlos, producen reacciones exotérmicas debido al proceso anaeróbico, produciendo explosiones altamente peligrosas debido al gas metano que se produce y acumula y no tiene vía de escape.

Y lo peor de todo lo anterior es que en medio de todos estos intereses económicos y particulares, los más perjudicados son las comunidades, porque siguen siendo engañados cientos de veces. A los campesinos y campesinas donde ubican los basureros o “rellenos sanitarios”, les han dicho cualquier cantidad de mentiras, como en Chocoa, donde los engañaron diciendo que iban a construir una planta para procesar la piña, y después de descubrir la trampa los campesinos se tomaron la vía a Zapatoca, como protesta y fueron golpeados brutalmente por el ESMAD. En este proceso de los basureros, no solo han sido golpeados los campesinos por el ESMAD, han sido amenazados por fuerzas oscuras; han sido amenazados trabajadores, y miembros de sindicatos de algunas empresas de servicios públicos por denunciar estas anomalías y corrupciones. En los archivos del Observatorio Minero-Ambiental de Compromiso, como en los testimonios de las personas y las comunidades que hacen a los abogados del Consultorio Jurídico de Compromiso se encuentra documentos de pruebas, de la grave situación de violación de derechos humanos y laborales, de hechos de corrupción y de negociados que se están haciendo en esta región en torno a la basura y a los basureros.

“La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena. Desconocer la importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones." (Sentencia T-411/92).

PROPUESTA:

Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo de Santander, a la Procuraduría General de la Republica, a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Santander, a la Contraloría Departamental; a la comunidad en general de los barrios afectados por el Carrasco; pero también a los campesinos que los engañan donde pretenden ubicar basureros en los Municipios de Girón, Lebrija, Barrancabermeja y Rionegro; y a todos los santandereanos y santandereanas a ejercer su papel de organismos de control público, a hacer exigencia en el respeto a un ambiente sano, en el respeto a la vida; y a que se respete la normatividad nacional;  y que no permitamos estos negociados y actos graves de corrupción de estas personas de turno, que prefieren enriquecer sus arcas privadas, por encima del interés colectivo y de defender lo público; y que desdicen de nuestra moral y raza santandereana.

Exigimos como comunidad y como organizaciones sociales que este proceso de licenciamiento ambiental de los sitios finales de la disposición de basuras se haga de una manera transparente y pública, donde todas las comunidades opinen sobre la solución; para esto ya más de un centenar de firmas de personas de los barrios y comunidades aledañas al basurero El Carrasco han solicitado al ANLA la realización de una Audiencia Pública Ambiental para que se presenten todos los sitios con las posibilidades y problemáticas, pero también para que se presenten con iguales oportunidades todas las propuestas y tecnologías apropiadas para la solución de la problemática. El Ministerio del Medio Ambiente tiene que tomar decisiones al respecto en esta problemática para que cese la corrupción y la disputa entre las CARs del departamento y el AMB, y para que obligue al ANLA a actuar de manera clara y sin complicidad con los intereses politiqueros y económicos de estos personajes de turno.


Las comunidades y barrios aledaños al “Carrasco” ya pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación de sus derechos fundamentales y colectivos,  y por la violación procesal y jurídica en las instancias nacionales. La Corporación Compromiso, estará acompañando a las comunidades, a los trabajadores, a los sindicatos y a los campesinos en la defensa de sus derechos humanos, de los derechos colectivos, en la defensa de la salud pública y el derecho a un ambiente sano.