sábado, 26 de septiembre de 2015

CON EL ACUERDO SOBRE JUSTICIA: El fin del conflicto armado con las FARC al alcance de la mano.


Bogotá, 24 de septiembre de 2015. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), organización que agrupa a 265 organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, expresa su satisfacción y optimismo frente a el histórico anuncio del acuerdo de las partes sobre un marco jurídico que permita juzgar crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado, incluidos delitos de lesa humanidad y, satisfacer los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La CCEEU reconoce como positiva la adopción de un enfoque de justicia restaurativa, que coloca en centro a las víctimas. La inclusión de éstas y a organizaciones defensoras de derechos humanos como actores importantes en el marco de una Jurisdicción Especial de Paz. La consagración de la verdad como principio rector para la definición de las sanciones, así como el reconocimiento amplio de los delitos políticos y conexos. La competencia para establecer responsabilidades y esclarecer la verdad acerca de los máximos organizadores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Para la CCEEU esta es la base para garantizar la no repetición de tales crímenes.

La CCEEU destaca también que la Jurisdicción Especial para la Paz sea vinculante para todos los actores involucrados en el conflicto armado. Sin embargo, no deja de preocuparle que la reciente reforma a la justicia penal militar permita que agentes involucrados en graves violaciones, eludan su obligación de acudir al Tribunal para la Paz para responder por tales hechos, amparándose en el Fuero Penal Militar. Aunado a lo anterior la CCEEU desea llamar la atención sobre 4 aspectos:

1. La transparencia en el mecanismo de elección de los miembros de los Tribunales y la exigencia de criterios de idoneidad, capacidad, solvencia moral y reconocimiento que deben regirla.

2. La prevalencia de la jurisdicción especial de paz por encima de otros tipos de justicia que pueden garantizar impunidad, sin menoscabo de que crímenes cometidos por agentes estatales que no se hayan dado en relación con el conflicto armado sean juzgados e investigados en la justicia ordinaria.

3. La necesidad de que cesen las detenciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y la criminalización de la protesta social y se dote de suficientes garantías su legítimo ejercicio.

4. La necesidad de avanzar de forma pronta y decidida en el desmonte de las estructuras paramilitares que representan una amenaza para la participación ciudadana, las dinámicas políticas democráticas y el éxito de los acuerdos de paz.


Finalmente, la CCEEU expresa su disposición a aportar constructivamente al desarrollo normativo desde su experiencia en derechos humanos e igualmente su voluntad de trabajar de la mano de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para lograr la refrendación de los acuerdos. El fin del conflicto armado con las FARC y el pronto inicio de diálogos con el ELN, generan una perspectiva esperanzadora de paz, cuya concreción requiere una gran dosis de voluntad política de las partes para el cumplimiento de los acuerdos, así como una sociedad civil activa y vigilante en su efectivo cumplimiento.

Foro: Paz y Reconciliación desde la Región


jueves, 24 de septiembre de 2015

Los movimientos sociales de Colombia rechazamos la detención de Feliciano Valencia


Exigimos Su Libertad Inmediata
Las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, de víctimas, las ONGs de derechos humanos y las organizaciones campesinas del Paro Agrario del 2013 y del 2014, que se constituyen en diferentes expresiones de los movimientos sociales en Colombia, rechazan la detención del Líder Indígena Feliciano Valencia, quien fue apresado por la policía nacional el pasado 15 de Septiembre en Popayán, presuntamente por un hecho relacionado con la Minga Social, Indígena y Comunitaria de 2008.
Juan Houghton, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, confirmó que la detención se produjo en La Agustina, al norte de Popayán en horas de la tarde del pasado 15 de Septiembre, y que el motivo que esgrime la Fuerza Pública refiere a "un caso antiguo por el cual ya fue declarado inocente en primera instancia, relacionándose con la retención del soldado Jairo Danilo Chaparral, quien se había infiltrado en las movilizaciones indígenas del 2008 y por ese motivo fue juzgado por la comunidad". Por estos hechos, la Justicia ordinaria acusó a los indígenas de cometer "tratos crueles, degradantes e inhumanos", hechos por los que Feliciano Valencia fue juzgado y absuelto en 2010 cuando un juez de Popayán determinó que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para sustentar su detención.
Este caso contra Feliciano Valencia se suma a las denuncias de organismos de Derechos Humanos ante reiterados casos de persecución al movimiento social. Feliciano Valencia se le ha perseguido, y ha sido detenido ya en otra oportunidad, violándose su derecho a su libertad y al derecho a la protestad y movilización social. El Gobierno Nacional y la fuerza pública desconocen la autonomía de los pueblos indígenas, desconoce sus formas organizativas, sus cosmovisiones, la justicia indígena y el papel emblemático de la Guardia Indígena en el territorio nacional.
Las comunidades indígenas tienen, reconocidas por la Constitución, sus propias autoridades y sus propios medios de castigo ante quién actúa contra ellas. Por lo tanto, la detención de Feliciano Valencia no pasa de ser un nuevo atropello del Estado contra la protesta indígena, campesina, obrera y popular y debe ser rechazado, exigiendo su libertad inmediata.
  
Feliciano Valencia, tiene un gran reconocimiento latinoamericano como líder social e indígena, ha estado en Bucaramanga en varias ocasiones como conferencista en el FORO SOCIAL NORORIENTAL y en la MINGA INDÍGENA, SOCIAL Y COMUNITARIA, liderando las movilizaciones sociales de los estudiantes universitarios y de los sectores barriales y populares santandereanos.
Este hecho, y las recientes amenazas y detenciones contra integrantes de la Unión Patriótica, se suman a las persecuciones y encarcelamientos denunciados por Movimientos Sociales como la Marcha Patriótica,  el Congreso de los Pueblos y la Minga Indígena y Social.
La Paz se construye en Colombia, es en forma incluyente, aceptando las diferencias, construyendo con los millones de indígenas y campesinos que son excluidos de la tierra y de las políticas públicas, que se encuentran en el olvido y la miseria. La Paz no se construye encarcelando líderes estudiantiles, sindicales, campesinos e indígenas; acallándolos en las cárceles. La Paz se construye también con el pueblo respetando los derechos humanos, las libertades, las ideologías, las cosmovisiones indígenas y el derecho a la protesta y a la Movilización Social.


Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los Movimientos sociales Latinoamericanos, a los sindicatos, a las organizaciones estudiantiles, de maestros, a las plataformas de derechos humanos en Colombia a exigirle al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la Republica, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General, a la Policía Nacional, y a las demás fuerzas militares la liberación inmediata del líder FELICIANO VALENCIA de la Minga Indígena, Social y Comunitaria.         

martes, 22 de septiembre de 2015

Invitación Primer Encuentro de Música Campesina Ciudad Norte.


La Emisora Comunitaria “La Brújula”, cuya concesión está a cargo de la Corporación Compromiso, se ha propuesto realizar el próximo 27 de septiembre de 2015 el Primer Encuentro de Música Campesina Ciudad Norte, que busca hacer un reconocimiento al valor de las culturas populares, al esfuerzo que hacen sus artistas desde la creatividad para hacer parte del mundo. Y crear una oportunidad de sano esparcimiento para los habitantes de Ciudad Norte.

Queremos extenderle una invitación muy especial para que nos acompañe a celebrar nuestros primeros cinco años de estar al aire con nuestra Emisora Comunitaria “La Brújula” 93.4 FM, evento que se realizará en el Centro Juvenil Amanecer en el horario de 9:00  de la mañana hasta las 5:00  de la tarde.  Entrada Libre

Programación: feria recreativa con el apoyo del INDERBU; presentación de grupos de música campesina; concurso de niños y niñas bailadores; Concurso de bailadores de la tercera edad, Invitado el humorista y cantante de música campesina  Junífero Artista de sábados felices.

Lo esperamos con su familia en esta espléndida celebración y seguir fortaleciendo esta nuestra emisora comunitaria.

Mas información 6403200- 6433901


miércoles, 9 de septiembre de 2015

9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015: DIA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


La Corporación Compromiso, organización que desde hace 20 años en la región defiende los derechos humanos, los derechos colectivos y el medio ambiente, denuncia que la situación de derechos humanos en el Nororiente colombiano no avanza, ni mejora, siendo el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos un factor muy importante para alcanzarla Paz con Justicia Social.


La Paz en Colombia no puede ser el resultado de una negociación con los actores de la guerra. Esas conversaciones y esas negociaciones contribuyen con la paz. Pero la verdadera paz, para que nunca más se vuelvan a presentar guerrillas, paramilitares, u otros actores de la guerra, es que se resuelvan las causas estructurales y las razones que han llevado a Colombia a más de 50 años de conflicto armado y guerra. Una de esas causas estructurales, es que todavía se viene presentando olvido, abandono y miseria en los campos colombianos. Los campesinos la semana pasada se tuvieron que tomar por la fuerza las oficinas del Ministerio de Agricultura en Bogotá, para obligar al gobierno a que cumpliera los acuerdos de los Paros agrarios del 2013 y del 2014. Y los campesinos afectados por Hidrosogamoso, ya van a cumplir 6 meses botados  en el Parque García Rovira de Bucaramanga, esperando que Isagen y la Gobernación de Santander los escuchen y den soluciones a sus problemáticas y afectaciones.     

Hay regiones campesinas en Colombia y Santander totalmente olvidadas, donde los campesinos en el Siglo XXI todavía viven en pisos de tierra, donde no hay electrificación, donde tienen que caminar kilómetros porque no hay carreteras, y están muy distantes de las cabeceras municipales y muy distantes de escuelas y de hospitales, y como si fuera poco lo anterior los ponen a competir con tratados de libre comercio con países desarrollados como Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, Korea y demás potencias mundiales como la China. En Colombia el Derecho a la Tierra, no existe; se olvidó la llamada Reforma Agraria, la tierra de la Altillanura Colombiana y la tierra quitada a los narcotraficantes termino siendo para la corrupción y para los mismos de siempre. Mientras tanto, cada día más terminamos importando más de 10 millones de toneladas de comida al año, perdiendo nuestra soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, que es perder el Derecho a la Alimentación de las comunidades más empobrecidas y marginadas.   

Sobre el Derecho a la Salud, la situación es peor día a por día. En Colombia no existe a ciencia cierta un enfoque de salud preventiva, y el enfoque de salud curativa, es realmente un fracaso. Los usuarios de las EPS, tienen que esperar meses para una cita con un especialista, como si las enfermedades dieran espera. Y para exigir los medicamentos, o los tratamientos tienen que interponer tutelas. Hoy en Bucaramanga, la Clínica Materno Infantil San Luis tuvo que parar la atención a los niños de la EPS Salucoop, porque esta empresa debe más de dos mil millones de pesos a la Clínica San Luis, vulnerándose los Derechos delos Niños y el Derecho a la Salud. Pero igualmente es la situación de miles de presos de las cárceles del Nororiente Colombiano, donde la EPS Caprecom debe responder,  y las personas privadas de la libertad terminan muriendo en los patios y en las celdas de las cárceles. Hoy  9 de Septiembre, cerca de 500 mujeres de la Cárcel de Mujeres de Chimita ya cumplen más de 60 horas sin agua. Y los Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga, volvieron a burlarse de las autoridades ambientales nacionales y de los órganos de control público, y no van a cumplir con el cierre del basurero “El Carrasco”, el próximo 30 de Septiembre, que es un grave problema de salud pública de las comunidades  aledañas a este basurero.

Y Sobre el Derecho al Trabajo, el desempleo campea por las calles de las ciudades y municipios del Nororiente Colombiano. Si ya existen miles de personas en la región con empleos informales; ante la crisis con Venezuela, llegaran a nuestras calles el desempleo de esa economía informal que se movía en la frontera. Esos 4000 pimpineros de gasolina venezolana de las calles de Cúcuta, los mototaxistas, los vendedores ambulantes, los pequeños mercaderes y contrabandistas ampliaran los grandes ejércitos de desempleados que ya circulan por las calles de la región Nororiental de Colombia. Y ante la crisis  de las empresas petroleras que han tenido que despedir cerca de 40.000 trabajadores, el panorama laboral será muy grave para los meses que faltan por terminar del año 2015 y con una profunda crisis social y  de desempleo comenzaremos el 2016.

LA CORPORACIÓN COMPROMISO hace un llamado hoy DIA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS a los entes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, las Personerías Municipales y la Fiscalía hacer cumplimiento de los derechos humanos en la región, a hacer fuertes y reales procesos  de exigibilidad de derechos, para que las comunidades tengan acceso a sus derechos y el Estado cumpla su deber de ser garante de los derechos de mujeres y hombres en Colombia.

Igualmente hace un llamado a los Partidos Políticos, a sus candidatos a Gobernaciones, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales a ejercer la política con seriedad, a proponer soluciones reales y concretas a los problemas de la región, y a resolver la grave situación de violación y vulneración de derechos de los ciudadanos y comunidades de la región.