viernes, 30 de noviembre de 2012

Mensaje a la opinión publica del comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán


ANTE LA DECLARATORIA DE UN PARQUE NATURAL REGIONAL (PNR)
EN EL PÁRAMO DE SANTURBÁN
EL COMITÉ PARA LA DEFENSA DEL AGUA Y EL PÁRAMO DE SANTURBÁN
SE PERMITE MANIFESTAR A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE:


1. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB-, viene dirigiendo estudios hace más de 10 años, que le han permitido definir 63.200 hectáreas (has) en el Complejo Biogeográfico SANTURBÁN-ALMORZADERO en jurisdicción de la misma corporación; de donde depende el AGUA para más de dos millones doscientos mil habitantes del nor-oriente colombiano, incluyendo el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

2. La propuesta de Parque Regional Natural de solo 10.890 hectáreas, deja por fuera la mitad del sistema lagunar, áreas de turberas, zonas de sub-páramo, bosque alto andino, de los cuales dependen los acuíferos de esta importante Estrella Hídrica. El páramo aislado no puede cumplir su función para la generación y regulación del agua.

3. Denunciamos la permisividad de la CDMB en intervenciones de las empresas mineras que realizan construcciones junto a y en el mismo cauce de las quebradas, sin contemplar la normatividad que exige una distancia mínima de los cuerpos de agua, así como de los vertimientos que se realizan sobre estos cauces.

4. Las autoridades nacionales y regionales –entre los que se encuentra el director de la CDMB-, pareciera que están más preocupados por los intereses de las empresas multinacionales, por encima de una adecuada gestión para la conservación de los recursos que hoy permiten que más de dos millones de santandereanos tomemos agua. Cómo le van a responder a la sociedad y a las futuras generaciones cuando el preciado líquido se encuentre afectado y los daños sean irreversibles.

5. Miente el Director de la CDMB al decir que con esta declaratoria se garantiza a perpetuidad la cantidad y calidad del agua, ó que se le ponga fin a esta problemática; con esta declaratoria sólo se favorecen los intereses de las empresas multinacionales las cuales continúan en exploración esperando acomodarse para empezar la explotación. No considera la autoridad ambiental que además de los efectos irreversibles sobre el agua por la explotación de megaminería, se suman los efectos de los residuos que dejan esta actividad, así como los efectos de cambio climático sobre este ecosistema estratégico.

6. Seguimos trabajando en la propuesta para conformar un Fondo Ambiental, con aportes de la CDMB, Acueducto Metropolitano, Alcaldías, Gobernación, Gobierno Nacional, Sector Privado y Cooperación internacional, para que se posibiliten alternativas de desarrollo efectivas y sostenibles para todas las comunidades que habitan en el área del Complejo Biogeográfico de Santurbán, buscando condiciones de vida digna, al tiempo que se mejoran las posibilidades de conservación y uso sostenible del territorio, para garantizar a perpetuidad agua pura y abundante para ésta y las futuras generaciones.

Por estas razones, CONVOCAMOS A LA COMUNIDAD SANTANDEREANA a exigir al Gobierno Nacional la suspensión inmediata de la actividad minera EN EL COMPLEJO BIOGEOGRÁFICO SANTURBÁN y a los sectores económicos, políticos, organizaciones sociales, a la comunidad educativa y a las autoridades regionales a tomar posición en la defensa de este ecosistema estratégico fuente de vida, preparándose para la GRAN MARCHA DE LAS CIEN MIL VOCES POR EL AGUA a realizarse a inicios del próximo año.

COMITÉ PARA LA DEFENSA DEL AGUA Y DEL PÁRAMO SANTURBÁN
AGUA SI…. ORO NO…
Bucaramanga, Noviembre 29 de 2012

jueves, 29 de noviembre de 2012

Organizaciones de Derechos Humanos convocan foro por la Vigencia y la Defensa de las Libertades y los Derechos Fundamentales




Bucaramanga. Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, tanto del  ámbito nacional como el departamental y municipal, que han  venido trabajando durante mucho tiempo a favor de la Vigencia y la Defensa de las libertades y los derechos fundamentales, el programa SOMOS DEFENSORES y las Plataformas Nacionales de derechos humanos convocan al Foro por la Vigencia y la Defensa de las Libertades y los Derechos Fundamentales a realizarse en la ciudad de Bucaramanga el día viernes 30 de noviembre del presente año, en el Hotel El Pilar entre las 8:30 am. y las 11:30 am.

Las organizaciones de Derechos Humanos  dentro de sus procesos de trabajo han insistido en la necesidad que las autoridades respalden públicamente la labor de defensores y defensoras de derechos humanos como una acción legal y legítima que merece todo el reconocimiento estatal y ciudadano, por esa razón ese día, en un acto protocolario, las organizaciones de Derechos Humanos invitan  a las autoridades departamentales y municipales, a firmar el PACTO POR LA VIGENCIA Y POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y DE LOS DERECHOS HUMANOS como un compromiso con la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos y la manifestación de respaldo a la labor de defensoras y defensores.

A continuación el texto del pacto que se firmará en este foro.

POR UN DEPARTAMENTO RESPETUOSO
Y GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Nosotros y nosotras, miembros y representantes de las administraciones municipales y departamentales del Departamento de Santander, presentes en el Foro por la Vigencia y la Defensa de las Libertades Fundamentales y de los Derechos Humanos, convocado por Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos en Bucaramanga:
Conscientes de que los gobernantes locales somos, por mandato legal y constitucional, la primera autoridad de policía en nuestros territorios, facultad que nos confiere la responsabilidad inicial en la disposición de los medios para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho a la participación y disfruten de todos sus derechos.

Reconociendo la legitimidad de las actividades que se desarrollan en torno a la defensa y promoción de las libertades fundamentales y los derechos humanos y conscientes de que la exigibilidad de derechos y el control social que realizan los líderes sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos en el Departamento de Santander, es parte fundamental de la vida política y social  de nuestra democracia.

Reconociendo nuestras competencias para asumir, en concurrencia, coordinación y complementariedad con las autoridades nacionales, propuestas de prevención y protección de quienes en nombre de las comunidades reclaman acciones estatales para la vigencia de los derechos, con vista siempre a garantizar la vida y la integridad personal de los miembros que desde la sociedad civil desarrollan labores de promoción y exigibilidad de derechos
Comprometidos con el desarrollo sustentable de nuestros territorios y con la apertura de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población de nuestras regiones y para construir una sociedad cada vez mejor para todos y todas.

Actuando de manera libre y autónoma en representación de nuestras colectividades, e interesados en plantear una acuerdo social por la defensa y por la promoción integral de los Derechos Humanos en el Departamento de Santander, que tenga en cuenta la normatividad nacional así como los Pactos Nacionales e Internacionales concordantes con este propósito,

Mediante la suscripción del presente pacto, nos comprometemos a:
1.    Hacer de las poblaciones desfavorecidas y marginadas una preocupación central de las administraciones municipales. Atenderlas desde una mirada diferencial, que reconoce las particularidades de raza, género, edad, orientación sexual, entre otras.
2.    Asumir la responsabilidad de implementar políticas públicas territoriales y medidas que contribuyan efectivamente a la realización de los derechos de la víctimas, a la vedad, a la justicia, a la reparación integral (incluyendo la restitución de tierras) y a las garantías de no repetición, acatando de manera especial la Ley de Víctimas.
3.    Reconocer la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el Departamento de Santander, así como promover políticas públicas y campañas de protección y visibilización de su trabajo con el fin de procurar las mejores condiciones para su desempeño, de ser el caso estableciendo compromisos y recursos en materia de prevención temprana, urgente o de contingencia, que en todo caso se oriente hacia la garantía de no repetición.
4.    Garantizar la plena participación, consulta y concertación de los diversos actores sociales del Departamento incluyendo a los y las líderes sociales, a los grupos étnicos, de mujeres, juveniles, entre otros, en la formulación, aprobación ejecución y evaluación de las políticas locales de desarrollo, de juventudes, de mujeres y de ordenamiento territorial, entre otros instrumentos de gestión municipal y en las agendas de trabajo, destinando los recursos necesarios para su implementación y garantizando la administración transparente de los mismos.
5.    Fortalecer los procesos autónomos organizativos y las plataformas que desde la sociedad civil trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el Departamento de Santander.
6.    Presentar un balance anual del cumplimiento de este compromiso público, como parte del ejercicio de rendición de cuentas.
En constancia se firma el presente pacto por quienes aquí intervenimos en acto público, a los 15 días del mes de Agosto de 2012.

martes, 27 de noviembre de 2012

Declaración Final de la Corte Regional de Mujeres de Santander y el Magdalena Medio


"¡Que las mujeres... hagan hablar sus dolores! Que expongan las desgracias sufridas como consecuencia de la posición que les ha deparado las leyes y los prejuicios que las encadenan; pero que hablen...!".
-           Flora Tristán (1803-1844)
Bucaramanga, 24 y 25 de noviembre de 2012
El 24 y 25 de noviembre en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencias contra las Mujeres, impulsado por el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, en la Sala de Sesiones de la Asamblea del Departamento de Santander se realizó la Primera Corte Regional de Mujeres de Santander y el Magdalena Medio: Justicia, Territorio y Paz con Sentido de Mujer constituida por un Jurado Simbólico de quince Jueces y Juezas de alto reconocimiento social y político, una Audiencia Pública de más de 150 mujeres de la región, un grupo de Ponentes y el acompañamiento en calidad de observadores del Sistema de Naciones Unidas.

Esta Corte de Mujeres vio hoy más que nunca cómo la amenaza de violencia resuena y se se sigue imponiendo en distintas geografías y la humanidad está en la encrucijada de su  sobrevivencia, en medio de la pobreza, la exclusión y la marginalización.  Esta Corte se realizó en un momento en el que se han agudizado los contextos y las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres, al tiempo que paradójicamente el país ha entrado en un “proceso de negociación del conflicto armado y construcción de una paz duradera”.

Colombia es un extenso territorio con riquezas minerales, petróleo, fuentes de energía, agua, biodiversidad, flora, fauna, saber tradicional y ancestral de las comunidades; hoy muy codiciados y explotados por las empresas y transnacionales que sólo se interesan en  la acumulación,  para lo cual generan procesos de desarraigo y despojo a los pueblos y sus territorios. El despojo de las riquezas que genera las políticas de la locomotora minera y agrícola con lleva implícito graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.


Las mujeres, protagonistas de estos procesos, han sido y siguen siendo la fortaleza de sus pueblos. Ellas con sus voces, lucha y vida hoy continúan dignificando cada espacio: la casa, el barrio, el pueblo, el país, llenando de vida el mundo en medio de la muerte y el dolor, reviviendo la esperanza en medio de las cenizas que ha dejado el exterminio, la persecución, la pobreza y la guerra.

Las mujeres en la Corte Regional constatamos una vez más los dolores y las afectaciones que se producen cuando nuestros cuerpos son invadidos con la violencia sociopolítica, económica, sexual, de género  y simbólica; y en especial evidenciamos:

-          Que la violencia económica ejercida por los Megaproyectos Económicos en la Región minero energéticos, ha destruido el proyecto de vida de cientos de mujeres de la región, condenándolas a desequilibrios e injusticias en su vida personal, familiar y comunitaria y a la marginalización económica.

-          Que las violencias que atacan nuestros cuerpos y mentes han conducido a una desestructuración emocional y a graves consecuencias psicosociales que nos recuerdan constantemente con dolor, llanto y tristeza lo que hemos vivido.

-          Que las mujeres sufren de manera desproporcionada el contexto de inseguridad y desprotección generalizada que mantiene latente el temor de ser abusadas, torturadas o violentadas en la vida cotidiana y en el marco del conflicto armado.

-          Que las mujeres deben enfrentar la discriminación en todos los ámbitos de la vida pública y privada y los múltiples obstáculos para acceder a oportunidades laborales, políticas y comunitarias, generando una carga desproporcionada en sus vidas.

-          Que existe un contexto de impunidad, injusticia e invisibilización de la violencia contra las mujeres que envía el mensaje de su tolerancia generalizada.

 Los rostros de las víctimas en esta Corte Regional, hoy más que nunca reavivan a todas las presentes nuestros más profundos deseos para:
1.      Reconstruir puentes de sororidad, unidad, confianzas y afectos entre las mujeres, las organizaciones y con otros movimientos sociales de Derechos Humanos, afrocolombiano, indígena, sindical y campesino.

2.      Reafirmar nuestra oposición a la guerra y nuestra esperanza de construir paz con justicia social y una vida libre de violencias.

3.      Deconstruir los estereotipos y prejuicios de género que mantienen intactas las estructuras de dominación y en su lugar edificar nuevas formas de ser y sentirnos hombres y mujeres en sociedad.
4.      Impulsar la realización de Cortes Regionales – Municipales de Mujeres y la Corte Nacional de Mujeres como espacio de Justicia Alternativa.
Las mujeres sentimos que no habrá paz sí el Estado colombiano no garantiza la Justicia de Género, acompañada de verdad, reparación individual y colectiva, la memoria de las mujeres y la no repetición de estos hechos.

MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
CONVOCAN: ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR,CORPORACION COMPROMISO, COORDINADOR NACIONAL AGRARIO, UNION SINDICAL OBRERA – USO, ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, ASFADDES- SANTANDER, AREA MUJER DEL CRIC, CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, SEMILLAS DE LA GAITANA, TIERRADENTRO, UNIDAD SOCIAL POPULAR.
APOYAN: EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ, CORDAID, HEKS, KAIROS, GOBERNACION DE SANTANDER, CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2012
CORTE REGIONAL DE  MUJERES
Justicia, territorio y Paz con sentido de Mujer
AUDIENCIA PÚBLICA
Bucaramanga 24 y 25 de noviembre de 2012
Fallo preliminar

Las juezas y jueces de la Corte Regional de Mujeres, concebida como “un espacio para la recuperación de la memoria, por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” de las violencias ejercidas en contra de las mujeres en Santander y el Magdalena Medio, una vez han escuchado los testimonios de las víctimas y las voces de aquellas que a pesar de las circunstancias trágicas y adversas se rebelan y no renuncian a seguir construyendo propuestas de paz, justicia y territorio con sentido de mujer,
Exaltamos el valor demostrado por cada una de las que se atreven a hablar de sus dolores, a expresar sus desgracias y los perjuicios que las encadenan, además el ejercicio que se hace de construir memoria y sus resistencias
Consideramos que, tal como quedo establecido en la Conferencia Mundial sobre la mujer en Beijing, las violencias contra las mujeres son consecuencia de las relaciones de poder establecidas por la cultura patriarcal y profundizadas por los modelos económicos basados en la acumulación de capital.
Resaltamos que las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado o por fuera de este permanecen en elevados índices de impunidad, lo que desconoce el deber del Estado de actuar con la debida diligencia, posibilitando la repetición de estos actos.
Señalamos que acatando lo establecido en la resolución 1325, 1820, 1888, 1889 y 1960 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estas violencias contra las mujeres se deben visibilizar en el marco del proceso de diálogos por la paz.
Constatamos que la implementación de grandes megaproyectos en la región de Santander y el Magdalena Medio colombiano han impactado negativamente las condiciones familiares, económicas y de subsistencia de las mujeres, sus familias y comunidades. En el caso de la construcción de Hidrosogamoso por ISAGEN, es notoria la disminución de peces que afecta la soberanía alimentaria de las mujeres y sus familias.


Constatamos que en los municipios afectados por la extracción de oro en Santurban las familias que vivían de esta actividad de manera artesanal y la combinaban con la producción de sus  propios alimentos son forzados al cambio de su actividad económica. Las empresas promueven la división de las comunidades y el desplazamiento de los habitantes mediante las estrategias utilizadas para controlar el territorio. El incremento de población externa llega acompañado de la descomposición de las relaciones sociales y familiares, de actos de violencia contra la mujer, drogadicción y prostitución.
Comprobamos una política de discriminación contra las mujeres al interior de las empresas petroleras y de palma, en aspectos tales como el acceso al empleo, condiciones de remuneración y participación en los asuntos internos de las mismas. A su vez, también se observaron situaciones de discriminación en los sindicatos.
Constatamos a través de los testimonios que las mujeres siguen siendo objeto de ataques sistemáticos y premeditados en el marco de la violencia socio política, la cual se ha ejercido con el propósito de procurar la dominación y control, en donde prácticas como el embarazo forzado, prostitución forzada, esclavitud sexual, desnudes forzada, trata de personas, esterilización forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, escarnio público y procesamientos injustificados, han sido persistentes con el propósito de amoldar la conducta de las mujeres y atacar su papel como sujetas sociales y políticas.
Constatamos que la organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y sus organizaciones, como la Organización Femenina Popular, cada vez son más blanco de actos sistemáticos de ataques que revelan la existencia de patrones de agresión, tratándose de una persecución fundada en motivos políticos y de género, que son inaceptables con arreglo al derecho internacional y constituyen crimen de lesa humanidad.
Denunciamos que estos ataques a los procesos organizativos están contra la dignidad de las mujeres, a través de la violencia física, psicológica y sexual. Como lo señalaron las declarantes a esta corte “las cicatrices del alma se evidencian en los encuentros, cicatrices del cuerpo, del alma, del tejido social”.
Resaltamos el papel de las mujeres declarantes que han presentado sus relatos de violencia sexual haciendo públicas las formas en las que esta violencia se manifiesta, permitiendo con esto visibilizar las principales afectaciones e impacto en su vida y en sus cuerpos. A través de este ejercicio de memoria colectiva hacen expresa su condición de sujetas políticas y actoras de cambio.
Manifestamos que la violencia contra las mujeres es la más antigua y extendida en la historia de la humanidad y afecta a las mujeres sin distingos de edad, clase, etnia o cualquier otro, se afirma en siglos de visiones estereotipadas de lo que somos y hacemos las mujeres, producto de una cultura patriarcal que se sustenta en el ejercicio de poder de los varones sobre las mujeres, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.


Observamos que la permanencia de esos simbólicos que desvalorizan y niegan nuestra dignidad como personas y nuestros derechos como ciudadanas, se afianzan en todas las culturas, a través de las instituciones, de las ideologías, de las leyes y políticas, de los medios masivos de comunicación. La posibilidad de deconstruir la cultura patriarcal implica el compromiso decidido del Estado y de la sociedad, de transformar los procesos formativos en todas sus expresiones y las prácticas sociales discriminadoras que anulan o debilitan la autonomía de las mujeres.
Comprobamos con los testimonios ofrecidos que los feminicidios (asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres) son una expresión extrema de la violencia en contra de las mujeres y consecuencia última de “las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.
Constatamos que el Estado tolera los asesinatos de mujeres y no investiga los crímenes con vigor ni hace que los asesinos asuman la responsabilidad.
Precisamos que los actos aquí señalados, constituyen graves desconocimientos de los estándares internacionales en materia de violencias contra las mujeres.

POR LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO, ESTA CORTE RESUELVE:
A. Violencia sociopolítica.
1.       Condenar las prácticas sistemáticas desarrolladas en el marco del conflicto (Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas), que han pretendido someter, controlar, acallar, silenciar e inmovilizar a las mujeres y sus expresiones organizativas.
  1. Condenar al Estado colombiano por no brindar las garantías de protección a defensoras de derechos humanos y sus procesos organizativos.
  2. Exigir al Estado colombiano se investigue de manera concentrada el crimen de lesa humanidad de persecución contra de la Organización Femenina Popular – OFP, atendiendo a la sistematicidad y conexidad de los crímenes. De no existir una respuesta adecuada, en un plazo razonable y con la debida diligencia, decida transmitir estos hechos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que se inicien las investigaciones que correspondan.
  3. Requerir a la sociedad, a los medios de comunicación y las expresiones organizativas de la sociedad, a incluir en sus agendas y escenarios de reflexión, un análisis permanente que visibilice la violencia contra los procesos organizativos de las mujeres, así como las afectaciones e impactos en el cuerpo y la vida de las mujeres.


B. Violencia sexual
  1. Condenar a los actores armados como autores mediatos de los crímenes de violencia sexual contra las mujeres, entre ellos: violación sexual, abuso sexual, esclavitud sexual, aborto forzado, esterilización forzada, embarazo forzado, prostitución forzada.
  2. Condenar a los agresores por la violencia sexual contra las mujeres.
  3. Condenar al Estado colombiano por su responsabilidad frente a la falta de debida diligencia y en consecuencia impunidad en los casos de violencia sexual contra mujeres tanto en el conflicto armado como por fuera de este.
  4. Exigir al Estado colombiano que no decrete amnistías ni de jure ni de facto para estos crímenes en el marco del proceso de paz.
  5. Exigir a la rama judicial, y la fiscalía cumplir con la debida diligencia, aplicar las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional para estos casos, y mantener una unidad investigativa que trate la violencia sexual como un problema estructural y no de casos aislados.
  6. Exigir al Estado implementar la R.1325 y sus resoluciones conexas en el país.
  7. Exigir del ministerio de salud la atención psicosocial a las víctimas y sus familias, sin limitarlo a la denuncia de los casos ante el sistema penal.
  8. Exigir al Estado que reconozca la real magnitud de la violencia sexual en el país, sus efectos negativos en la vida y cuerpo de las mujeres y desde ahí mejore el diseño e implementación de sus políticas públicas y programas.
  9. Exigir al Estado colombiano que repare de manera integral, idónea y efectiva y brinde garantías de no repetición a las mujeres víctimas de violencia sexual.

C. Violencia socioeconómica.
1.       Condenar al estado colombiano por acción y omisión al promover políticas de despojo en detrimento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos de las mujeres, así como al permitir, facilitar y dejar en la impunidad tales violaciones.
2.       Condenar al Estado colombiano por las violaciones de los derechos de las mujeres con ocasión del desarrollo de los megaproyectos de extracción y aprovechamiento de recursos naturales en el Páramo de Santurbán, en los monocultivos de palma aceitera y en Hidrosogamoso.
3.       Instar al ministerio de trabajo a garantizar y vigilar las condiciones laborales de las mujeres en Ecopetrol.


4.       Instar al Estado Colombiano para que a través de todos sus órganos tome medidas eficaces de garantía y protección integral a los derechos de las mujeres que permita su plena realización social y económica.
5.       Condenar a las empresas ISAGEN, ECO-ORO, ECOPETROL, Palmas Bucarelli y Palmas Monterey así como las demás empresas involucradas en los hechos de violación de derechos económicos, sociales y ambientales traídos y conocidos por el tribunal, por su abuso de poder.

D. Violencia de género - Feminicidios.
  1. Condenar al Estado colombiano por los casos de feminicidio ocurridos en el país como consecuencia de la falta de garantías para la seguridad de las mujeres, la impunidad en estos casos y la ausencia de políticas públicas idóneas para enfrentar este problema.
  2. Condenar a los responsables de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres.
  3. Conminar al congreso de la república aprobar la ley que tipifica el feminicidio como delito autónomo y reformar las leyes que le sean contrarias.
  4. Exigir al ICBF que no otorgue la custodia de hijos e hijas a asesinos de mujeres y cumpla con su responsabilidad en los casos de hijos e hijas de mujeres asesinadas, en especial de aquellos niños que tienen una protección reforzada por su condición de discapacidad, pobreza, entre otras.
  5. Exigir a la rama judicial, y la fiscalía cumplir con la debida diligencia, y aplicar los estándares internacionales en materia de violencias de género.
  6. Requerir a los medios de comunicación, a la fiscalía, personerías, defensorías, procuraduría, policía para que no le den tratamiento de casos “pasionales” a los asesinatos de mujeres.

E. Violencia simbólica y cultural.
  1. Exigir del Estado la constitución de una comisión de mujeres sabias que generen una propuesta transformadora de la institucionalidad vigente, especialmente en el ámbito de la educación y la cultura, en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales de la CEDAW y Belem do Parà.
  2. Requerir a la sociedad, a los medios de comunicación y las expresiones organizativas de la sociedad civil a deconstruir la cultura patriarcal, transformando los procesos formativos en todas sus expresiones y las prácticas sociales discriminadoras que anulan o debilitan la autonomía de las mujeres.

Finalmente, Animamos a las mujeres y sus organizaciones, así como a la sociedad en su conjunto a aunar esfuerzos para visibilizar y denunciar esta situación de desigualdad, pérdida de soberanía, del territorio y de violaciones de los derechos de las mujeres.
MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
CONVOCAN: ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR,CORPORACION COMPROMISO, COORDINADOR NACIONAL AGRARIO, UNION SINDICAL OBRERA – USO, ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, ASFADDES- SANTANDER, AREA MUJER DEL CRIC, CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, SEMILLAS DE LA GAITANA, TIERRADENTRO, UNIDAD SOCIAL POPULAR.
APOYAN: EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ, CORDAID, HEKS, KAIROS, GOBERNACION DE SANTANDER, CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2012