martes, 29 de septiembre de 2009

Invitación Informe Semestral de derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Amigos Periodistas

El Observatorio de Desarrollo y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso tiene el gusto de invitarlos mañana 30 de octubre a la presentación del Informe Semestral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario “Defensores y defensoras en la Mira” en el Hotel Príncipe Cra. 17 No. 37 – 69 a las 7:30 p.m.

¡Esperamos contar con su asistencia!

viernes, 25 de septiembre de 2009

Primera Comisión de Verificación de Graves Violaciones de Derechos Humanos

Las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos y por la paz del Área Metropolitana de Bucaramanga, acompañaremos el día 26 de Septiembre a las comunidades campesinas y a su organización social ASOGRAS, a una VISITA DE VERIFICACIÓN DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS en Sabana de Torres.

La Asociación Agraria de Santander, ASOGRAS, creada en el 2002 pretende hacer visibles madiante la verificación las condiciones de violencia y pobreza infrahumana en la que vive la población campesina, debido a la baja calidad de vida y oportunidades de los habitantes y la evidencia del desplazamiento forzado.

La comunidad de Sabana de Torres necesita que una la comisión de verificación Nacional e Internacional con alto reconocimiento ético, político y técnico, observe los altos riesgos de violencia en que vive la comunidad rural, problemas o necesidades socioeconómicas, como son la crisis humanitaria, calidad de vida, salud vivienda, educación, violación al Derecho Internacional Humanitario, desplazamiento forzado, persecución a organizaciones campesinas, montajes judiciales y abandono estatal.

Por lo anterior, nos vemos en la necesidad de convocar al Movimiento Social y de Derechos Humanos a visitar el municipio en el departamento de Santander como un apoyo solidario a la defensa de Asociaciones de campesinos que protejan y reivindiquen los derechos a las tierras.

ASOGRAS tiene como objetivo con esta Comisión de Verificación, lograr defender el derecho a la tierra y el territorio, la necesidad de la creación de las zonas campesina, asegurar, evitar el desplazamiento forzado, la violación al Derecho Internacional Humanitario, la persecución a organizaciones campesinas, montajes judiciales, el abandono estatal, los programas de reforma agraria, la formación de líderes que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, capacitación y asesoría técnica para la siembra y comercialización de los productos agropecuarios, la ecuación, la vivienda y la salud.

El municipio de Sabana de Torres se encuentra ubicado geográficamente en el Noroeste del Departamento de Santander, al norte limita con el municipio de Rionegro, por el sur con Barrancabermeja, por el occidente con Puerto Wilches y por el oriente con Lebrija y Girón.

Esta Comisión estará acompañada por la Brigada Internacional de Paz, BIP.

Programación del día

4:00 a.m. Salida de las comisiones de Bucaramanga y Barrancabermeja.

7:00 a.m. Llagada de las delegaciones a la Gómez.

Recorrido de la comisión de verificación a las veredas Agua Bonita, Provincia, Puerto Santos y Doradas.

8:00 a.m. Llegadas a la vereda Doradas y las delegaciones de las comunidades.

8:30 a.m. Desayuno en las veredas.

9:00 a.m. Asamblea General y creación de comisiones.

1:00 p.m. Almuerzo.

4:00 p.m. Evento culturaL.

2:00 p.m. Plenaria.

Esperamos, que el Gobierno Departamental, el Gobierno Municipal, las instituciones públicas garante de la protección de los derechos fundamentales, como la Defensoria del Pueblo, la Personería y la Procuraduría actúen eficazmente para que tanto la COMISIÓN DE VERIFICACIÓN que se desplazará al territorio, como las comunidades mismas que allí habitan tengan las garantías que nos da la Constitución Política Nacional para trabajar por la defensa de los derechos humanos.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Credhos, Cahucopana, ACVC, USO Sabana de Torres, Diócesis de Barranca, Prensa Rural, Asodesamuba, Asorvim, Comisión de Vida Justicia y Paz, Escuela de Formación Sandra Rondon Pinto, Hermanas Juanistas, Corporación Juridica Humanidad Vigente, Sinaltrainal Barranca, Coproracion Juridica Yira Castro, Corporación Compromiso, MAPP, OEA, CCD, Cut-santander, Asodesmust, Asodest, Notimundo, Semanario voz, FCSPP, Cut Nacioanal, Fensuagro, ACA Arauca, POdión Bogotá, C.N.D, Synergia, CCAJAR, Colectivos semillas Flora Tristan, Platohedro, FEU-UIS, CEFAC, ONU, Ciudadanospor la Paz de Giron, Asfaddes, Asapaz Santander, Promopaz Piedecuesta, Centro de Cultura Popular José Antonio Galán, I.P.L. Santander, Corporacion Guayacan, Corporación de Derechos Humanos Crstian Roa UIS, CPDH, Santander, Andas, Asodepie Piedecuesta, Bloque de Unidad Sindical y estudiantil, ONG. D.D. H. H. y acompañamiento Carcelario William Camacho, Red Ecumenica de Colombia, Gobernación de Santander, Dr. Horacio Serpa Uribe, Concejal de Sabana de Torres, Martha Galvis, Sintrametalúrgicos, Sintraimagra, Astdemp Santander, Sub-directiva, USO Bucaramanga, Colectivos de Abogados Luis Carlos Perez, Lina Astrid Monroy Vélez-Excandidata Alcaldia Sabana de Torres y Sintraemdes.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Rechazo a las agresiones contra el profesor Vladimir Zabala y su familia

De un tiempo para acá, el intelectual y académico Vladimir Zabala A. ha recibido constantes amenazas contra su vida. Mediante mensajes anónimos, un grupo desconocido lo intimida para que cese sus actividades como dirigente social y le “ordena” abandonar el país, so pena de causar daño a su familia y a él mismo.

De las palabras han pasado a los hechos: el lunes 14 de septiembre de 2009 a las 2:00 de la tarde, su hijo de 15 años, Pablo Mateo Zabala, fue agredido cobardemente por desconocidos. Días antes, un sujeto de aspecto militar había arremetido al pequeño con la advertencia de que si su padre no atendía las amenazas, correría sangre.

La trayectoria del profesor Vladimir Zabala es ampliamente reconocida en ámbitos académicos del país y el exterior. Fiel al ejemplo de servicio que le enseñaron sus padres ‐el maestro Germán Zabala (q.e.p.d.) y la profesora Yolanda‐, se caracteriza por la agudeza conceptual de sus análisis y la hondura científica de sus planteamientos, así como por su fecunda actividad con organizaciones de base, barrios, jóvenes, maestros y grupos eclesiales, etc.

Vladimir Zabala está siempre procurando alternativas que conduzcan a la convivencia, el progreso con respeto, la vida y la alegría. Sus aportes a la construcción de sociedad, su calidez y su transparencia le han otorgado el cariño y reconocimiento de infinidad de personas, además de sus allegados y amigos.

• Rechazamos enérgicamente las agresiones contra Vladimir Zabala y su familia. Demandamos a las autoridades la protección que requieren sus vidas y honras. Denunciamos a quienes incurren en estas agresiones, como criminales y enemigos de la democracia y la convivencia.

• Convocamos a las organizaciones educativas, políticas, sociales, sindicales, barriales, eclesiales, juveniles, etc. a solidarizarse activamente con Vladimir Zabala y su familia.

¡Impidamos, con nuestro apoyo, que Vladimir Zabala y su familia
sufran daño y persecución!

lunes, 21 de septiembre de 2009

Informe Preliminar Relatora de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas


Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia.

A continuación el comunicado presentado por la relatora especial de ONU sobre defensores de DDHH que se emitió el pasado 18 de septiembre en rueda de prensa en Bogotá.

El comunicado presenta las conclusiones de la visita que realizó del 7 al 18 de septeimbre en el país.

BOGOTÁ, 18 de septiembre de 2009

Del 7 al 18 de septiembre, realicé una visita de investigación para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, y viajé a Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Arauca (Arauca). Me reuní con el Presidente, el Vicepresidente y otros funcionarios de alto rango del ejecutivo; con jueces de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la Oficina de la Fiscalía General de la Nación; así como con congresistas. Además, me entrevisté con los Jefes de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, celebré reuniones con funcionarios del Gobierno local en las cuatro regiones que visité. También me encontré con miembros de la comunidad diplomática y los organismos de Naciones Unidas en la capital. Finalmente, en el transcurso de la misión, me reuní con un amplio y diverso sector de la sociedad civil colombiana.

Agradezco encarecidamente al Gobierno de Colombia su invitación y su colaboración ejemplar a lo largo de toda la misión. Asimismo, doy las gracias a todos los defensores de derechos humanos con quienes me reuní, algunos de los cuales viajaron desde muy lejos para verme. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colomina (OACNUDH) por su valioso apoyo tanto durante la misión como en la fase de preparación.

Si bien ahora he de tomarme un tiempo para revisar y analizar la importante cantidad de información que he recibido, así como para continuar intercambiando información con el Gobierno, los defensores de derechos humanos y demás interlocutores, quisiera presentar aquí unas cuantas observaciones preliminares y recomendaciones.

En primer lugar, deseo encomiar al Gobierno por la mejora significativa de la situación general de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos.

Además, deseo saludar al Gobierno por haber concebido políticas y estrategias para la protección de los defensores de derechos humanos. Celebro el aumento notable de fondos dedicados al Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de 13 millones de dólares en 2002 a 40 millones de dólares en 2009). Apoyo asimismo el trabajo de las Defensorías del Pueblo nacionales y regionales, en particular su sistema de alertas tempranas, y considero que sus informes deben hacerse públicos y ser tenidos en cuenta con mayor frecuencia por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). Asimismo, felicito al Gobierno por la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y le insto a implementarla lo antes posible.

Dada la situación actual de polarización, considero notable que el Gobierno y la sociedad civil hayan logrado concluir una serie de acuerdos a través de las mesas para las garantías de protección de los defensores de derechos humanos. Observo con especial satisfacción que, tras mi reunión con él, el Presidente Uribe declarara públicamente el 17 de septiembre de 2009 que:

“la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia. “

Espero que esta declaración ayude a reducir la tensión y contribuya a mejorar el clima de diálogo entre el Gobierno y los defensores de derechos humanos. Con este nuevo avance, insto al Gobierno a implementar diligentemente los acuerdos alcanzados con los defensores de derechos humanos en materia de garantías para su trabajo; a proseguir con el diálogo; y a dar prioridad a las investigaciones de las amenazas recibidas por los defensores que participaron en las mesas de garantías para defensores de derechos humanos.

Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno mencionados anteriormente para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al parecer, algunas de estas violaciones hay que atribuirlas a miembros de la guerrilla, a nuevos grupos armados ilegales y a grupos paramilitares que, según los defensores de derechos humanos, no han sido desmantelados. El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.

En particular, me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos. Es necesario que la policía se tome estas amenazas en serio adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia. En este contexto, deseo señalar que las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia debilitan el sistema de justicia en su conjunto, fomentan la impunidad y, por ende, repercuten negativamente en el trabajo de los defensores.

Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos. La declaración pública del Presidente Uribe reconociendo el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, y las realizadas recientemente por el Vicepresidente y el Ministro del Interior y Justicia son pronunciamientos importantes para la comunidad de derechos humanos. Es asimismo importante que la Procuraduría General de la Nación siga investigando las declaraciones hechas por servidores públicos en relación con defensores de derechos humanos, que son extremadamente nocivas para el trabajo de estos últimos.

La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables. El Estado debe facilitar recursos adicionales para resolver efectivamente todos los casos de violaciones de derechos humanos contra defensores. Celebro la reciente creación de las Unidades de Asuntos Humanitarios en la Oficina de la Fiscalía General de la Nación, y espero que pronto se obtengan resultados concretos. Por último, me preocupa también el hecho de que algunos fiscales operen desde instalaciones militares, lo que arroja dudas sobre la independencia del poder judicial en Colombia. Recomiendo que la Fiscalía General de la Nación aborde esta cuestión.

En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos, se me informó de que el Gobierno está reformando el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Algunos elementos importantes de dicha reforma deberían tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Sugiero encarecidamente que los agentes del Estado que defienden los derechos humanos (magistrados, y miembros de las Defensorías regionales y nacionales) sean incluidos en dicho programa. Además, debería simplificarse y agilizarse el proceso de solicitud de medidas de protección. También hay que resolver la cuestión del espionaje a defensores de derechos humanos por parte de los escoltas asignados para su protección. Además, deberían ampliarse las medidas preventivas del programa. Por último, los defensores de derechos humanos han manifestado su inquietud por la privatización de este programa, una cuestión que debería ser debatida y resuelta conjuntamente.

Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos cuatro de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. El Ministerio de Defensa, el DAS y la Procuraduría General deberían crear un mecanismo para depurar todos los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, sus familiares y sus organizaciones, con la asistencia de la OACNUDH y la comunidad internacional. Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne.

En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.

Presentaré mi informe completo con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2010.

Relatora especial de la ONU: En Colombia siguen atacando a los defensores de Derechos Humanos

Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2009- Comunicaciones - Programa Somos Defensores, PNGPDDH.

La relatora especial de Naciones Unidas, confirmó en días pasados las denuncias que por años han realizado los defensores de Derechos Humanos.

En rueda de prensa realizada el 18 de septiembre de 2009, en las instalaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH, la relatora especial de Naciones Unidas para la situación de los Defensores de Derechos Humanos Sra. Margareth Sekaggya, dio por concluida su visita oficial a Colombia con un mensaje contundente: EN COLOMBIA SIGUEN ATACANDO A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

La alta funcionaria mencionó en su informe preliminar, varios puntos importantes en la agenda de los derechos humanos en Colombia. Margareth Sekaggya resaltó en primera instancia los espacios logrados entre los defensores de derechos humanos y el Gobierno Nacional para discutir las garantías para la legal y legitima labor de los defensores. Sin embargo expresó abiertamente su preocupación por la existencia de una práctica sistemática que pone en riesgo a los defensores de derechos humanos en el actual contexto de violencia que absorbe a nuestro país: “Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno.”

De igual manera, en su declaración final, la Relatora especial señaló la importancia de continuar con estos esfuerzos en el acercamiento entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Civil, resaltando el clima de polarización que vive Colombia, e instando a las dos partes a continuar en el proceso de negociación de nuevas prácticas para la garantía de seguridad y libertad en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Las conclusiones

En un documento de cuatro páginas, la Relatora Especial, consignó las ideas de su informe preliminar, aclarando que el informe final de esta visita será presentado con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2010. De este informe preliminar podemos destacar los siguientes temas:

1. Judicializaciones sin fundamento

La Relatora especial, manifestó su preocupación por las capturas, retenciones y judicialización sin fundamento en contra de los defensores de derechos humanos, con base en testimonios de desmovilizados de los grupos armados ilegales quienes buscando réditos en su proceso, mienten y señalan a los defensores. Frente al tema la relatora señaló: “El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.”

2. Estigmatizaciones

Si bien Margareth Sekaggya reconoció un pronunciamiento positivo del Presidente de la República por “la defensa de los derechos humanos” realizado el día anterior a las declaraciones de la Relatora, aclaró que existe una práctica sistemática de señalamientos, estigmatizaciones y persecución por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional en contra de reconocidos defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados, y en general, opositores al actual Gobierno: “Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos.”

En el desarrollo de la rueda de prensa, la Relatora especial y el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Cristhian Salazar, instaron al Gobierno Nacional a realizar las rectificaciones que haya lugar en los mismos términos en que fueron realizadas las falsas acusaciones.

3. Impunidad

Sekaggya, también le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que agilice los procedimientos de investigación en casos contra defensores de derechos humanos y que igualmente la Procuraduría haga mucho más por vigilar el debido proceso de estas investigaciones: “La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables.”

4. Inteligencia “Ofensiva”

Uno de los temas en más insistió la relatora, fue en la gravedad en el caso de las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS a miembros de las cortes, periodistas, políticos de oposición, y defensores de derechos humanos: “Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005.

Margareth Sekaggya manifestó igualmente que celebra los procesos judiciales en contra de quienes realizaron estas interceptaciones pero que mantiene su constante preocupación por la posible continuación de este fenómeno, y dijo que: “En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente.”

Otro tema importante resaltado por este Informe preliminar es la desclasificación de archivos de inteligencia que tenga el DAS o la inteligencia militar o policial, acerca de defensores de derechos humanos, sus familias, o sus organizaciones: “En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.”

viernes, 18 de septiembre de 2009

En circulación informe de Derechos Humanos


Informe I semestre de 2009 - Región Nororiental de Colombia
El informe Defensores y defensoras en la mira de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ya está en circulación en la página Web de la Corporación Compromiso.

En el nororiente el observatorio registra durante el primer semestre de 2009 la dinámica del conflicto armado interno en el Nororiente colombiano ha marcado nuevas y mayores complejidades que profundizan el panorama de violencias y es el principal factor causal de violaciones sistemáticas de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En el transcurso de este primer periodo el Observatorio registró 199 casos: de violación de derechos humanos 112, 119 casos de infracciones al DIH y 51 casos de violencia político-social.

El informe

Con el apoyo de la cooperación internacional y arduo trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, la corporación compromiso presenta a ustedes el informe del I semestre del 2009. Este esfuerzo sostenido durante los últimos 5 años sigue planteándose como un instrumento para el análisis de realidad, para mejorar la capacidad de actuación de las organizaciones, para develar la realidad de profundización de la crisis humanitaria, que quiere ser tapada por lo que podemos llamar la dictadura de los medios de comunicación.

En este semestre se ha hecho más visible la crisis del modelo como una crisis civilizatoria, que se expresa en 8 dimensiones: crisis política, económica, ambiental, financiera, social, energética, de seguridad, alimentaria y de utopías.

América latina está en una tensión entre reconocerse en el lugar que está, ahondar en la toma de conciencia colectiva de su realidad, en un despertar y una búsqueda simultánea de nuevos caminos, de afianzamiento, de construcción y reconfiguración de utopías. Los procesos alternativos están movidos desde amplias luchas contra la depredación de la tierra y el agua, la creación de conciencia ecológica en la búsqueda de la soberanía de los pueblos. También lo son los procesos constituyentes, como procesos construidos desde abajo, con poder propio; estos están siendo una forma de los pueblos por la transformación desde la institucionalidad existente. Se trata de gobernar para el cambio, para crear una nueva institucionalidad en la que el pueblo tiene otro lugar, el de protagonista.

El informe Defensores y defensoras en la Mira cuenta con el poyo de Trocaire, Pan para el mundo y la Corporación para el Desarrollo del Oriente - Compromiso.

Para mayor información ingresar al siguiente link y descargar el informe completo en pdf.

lunes, 14 de septiembre de 2009

Clausura de la escuela de gestores y gestoras empresariales populares 2009


“La conciencia del inacabamiento hace al ser educable. El inacabamiento sin la conciencia de él engendra el adiestramiento y el cultivo. Los animales son adiestrados, las plantas son cultivadas, los hombres y las mujeres se educan”

Paulo Freire

El pasado 24, 25 y 31 de julio del año en curso, el Instituto de Educación Popular en Desarrollo del proyecto de “Acceso a Servicios Financieros para la Sostenibilidad de Mercados Alternativos de Pequeños Productores del Nororiente Colombiano” del Programa de Desarrollo Económico y Social de la Corporación Compromiso, llevó acabo la clausura de la Escuela de Gestores y Gestoras Empresariales Populares, certificando en el municipio de Bucaramanga 42 personas. De otro lado en el municipio de Tona se certificaron 32 personas, para un total de personas certificadas en aptitudes y conocimientos gerenciales en iniciativas de economía popular, a 74 personas, 20 hombres y 54 mujeres.

Esta iniciativa busca impulsar y promover espacios pedagógicos de investigación y formación para la autogestión empresarial, como una estrategia para combatir la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el desempleo y subempleo, generando alternativas que mejoren la calidad de vida de los sectores populares excluidos del desarrollo.

La escuela fue un espacio interactivo e itinerante de encuentro, reflexión y análisis de las distintas experiencias y vivencias socio-productivas y empresariales de la comunidades en la que se facilitó el intercambio y construcción de conocimientos, apropiación de técnicas y herramientas para el análisis de la realidad económica, política, social, cultural y ambiental de la región, además de reconocer y abordar las soluciones a los problemas de las iniciativas económicas populares; de las debilidades en la gestión y el desarrollo empresarial como de la construcción de propuestas e iniciativas de fortalecimiento y promoción de la economía popular.

Igualmente la escuela siendo coherente con los principios fundamentales de: educar para la vida, potenciar relaciones de equidad entre las personas y los géneros, el respeto de la naturaleza y el medio ambiente entre otros, configuran espacios de transformación y cambio de la realidad en un proceso recíproco, pluralista y multicultural entre las comunidades, en este ejercicio, la escuela buscó potenciar el desarrollo y autogestión de las iniciativas económicas en los procesos productivos y administrativos, el acceso a mercados, a recursos de crédito productivo, a buscar alternativas en la implementación de sistemas de información de mercados, trabajo en red

Este proceso contó con la participación de la base social de la Fundación Eco- Tona, organización que se ha dado a la tarea de proyectarse como una entidad promotora del Ecoturismo en Santander. En el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana algunos integrantes de la comunidad indígena representados por el Gobierno Ancestral Organización Libre Indígena de Colombia -OLIC-, la cual a su vez representa diferentes etnias indígenas no sólo de Santander sino de otras regiones destacando la presencia de Yariguies, Guanes, Wayus, etc, entre otras organizaciones, gremios y personas.

Es muy importante resaltar que al proceso de formación de la escuela, asistieron y concluyeron satisfactoriamente al programa en su gran mayoría mujeres, demostrando así su capacidad y disciplina y quienes encontraron en la Escuela de Gestores y Gestoras Empresariales Populares, no solamente un lugar para la capacitación técnica y educativa, sino también un espacio de participación, de libre expresión y posición política.

Para ver el informe completo ingrese al siguiente link:
http://www.corporacioncompromiso.org/?apc=I1-----&x=161

Crisis Humanitaria en Colombia no es un problema de polarización

Defensoras y defensores presentaron balance preocupante a Relatora

El 7 de septiembre las organizaciones colombianas de defensoras y defensores de los derechos humanos y la paz presentaron a la Relatora Especial para las defensoras y los defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, testimonios, indicadores y análisis que evidencian una situación de grave violación a sus derechos humanos que no se puede interpretar como un asunto de polarización entre gobierno y sociedad civil. Esta grave crisis tiene su origen en la negación del conflicto armado y el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes.

Las plataformas también expresaron su preocupación por el aumento de aviones, tropas y mercenarios estadounidenses que se deriva del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que aleja las posibilidades de una solución política y negociada al conflicto armado en Colombia y representa un grave riesgo para la seguridad regional de América Latina e incluso de África, como se evidenció en al reciente cumbre de UNASUR en Bariloche, Argentina.

En la reunión, realizada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, participaron voceras y voceros de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Minga, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CODHES, la Organización Femenina Popular, la Corporación Reiniciar, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Comité Regional por al Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Corporación Jurídica Yira Castro, así como familiares de sindicalistas desparecido Guillermo Rivera Fúquene.

Estas organizaciones, integrantes de las plataformas que integran la iniciativa del Techo Común[1], presentaron testimonios y datos sobre asesinatos, amenazas, montajes judiciales, robos de información, señalamientos, estigmatizaciones, persecución contra ellas, ellos y sus familiares -incluyendo hijas e hijos menores de edad- que hacen parte de una “guerra política”, emprendida desde las más altas instancias del Gobierno Nacional, para neutralizar y deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.

“El año pasado fueron asesinados 15 defensoras y defensores de derechos humanos y 24 sindicalistas.” indicó Gustavo Gallón director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien hizo la intervención central de la reunión a nombre de las plataformas. Añadió que esta realidad ha sido resultado de la promoción de una “cultura contraria a los derechos humanos” por parte del Gobierno Nacional que se expresa tanto en el fallido proceso de paz con los grupos paramilitares[2], como en los señalamientos públicos contra las y los defensores, los enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, las operaciones de espionaje contra Magistrados de esta Corte, integrantes de la oposición, defensoras y defensores de derechos humanos.

Durante la reunión se dio a conocer a las Relatora el contexto de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país, donde en los últimos siete años, 14.000 personas fueron asesinadas fuera de combate en hechos de violencia sociopolítica. 75% cometidos por grupos paramilitares y Fuerzas Estatales, y 25% restante por las guerrillas. En el último año 380 mil personas han sido desplazadas, sumándose a la tragedia del desarraigo que viven tres millones de colombianas y colombianos. De igual manera, indicó que en Colombia persiste un alto nivel de exclusión social y que es el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, con un índice GINI de 0, 59, y advirtió que las cifras oficiales de pobreza se han reducido del 63 al 45% por un cambio en los indicadores para medirla y no por una mejora real de la situación.

Las y los defensores de derechos humanos y paz concluyeron que su trabajo es hoy aún más urgente y necesario, e indicaron que son necesarias investigaciones oportunas desde la Fiscalía General de la Nación así como mecanismos legales eficaces de rectificación y protección del Habeas Data de las y los defensores.

También solicitaron la verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del cumplimiento de las recomendaciones en materia de defensoras y defensores de los derechos humanos y solicitaron acompañamiento internacional para seguir ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos y trabajar por la paz en Colombia.

[1] Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

[2] La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado calificando la extradición de los principales líderes de estos grupos como una violación al Derecho Internacional Humanitario que impide la el logro de la verdad la justicia y la reparación para las víctimas.


Por Asamblea Permanente de la Sociedad civil por la Paz.




Colombia tiene todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos: ONU


Fue lanzada la campaña "Por el derecho a defender los Derechos Humanos en Colombia".

La relatora especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Senkaggia, asistió hoy en Bogotá a la presentación de una campaña internacional por la defensa de estos activistas en Colombia, a la que ofreció todo el apoyo de su despacho.

"Estoy aquí en el lanzamiento de esta campaña (...) y la promesa que puedo hacer es que contarán con mi apoyo, porque su trabajo favorece y defiende la legitimidad. Es un trabajo legítimo y necesario", indicó Senkaggia.

La campaña "Por el derecho a defender los Derechos Humanos en Colombia" fue lanzada este miércoles en Bogotá por una plataforma de 73 organizaciones no gubernamentales, y cuenta con el apoyo de otras 209 ONG en 23 países de América, Europa y Asia.

Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, desde 2002 un total de 610 casos de agresión han sufrido en Colombia estos activistas, entre ellos 60 asesinatos.

La relatora de las Naciones Unidas, tras advertir que "Colombia (...) ha sufrido muchísimo", señaló en su breve intervención que en este país "se ven todo tipo de violaciones de los derechos humanos".

Precisó que "hay intimidaciones, violaciones del derecho a la libertad de la expresión (y), tenemos niños involucrados en conflictos armados entre otras muchas".

Sin embargo, subrayó la diplomática ugandesa, "hay que decir que todos ustedes, gracias a su presencia, consiguen luchar por la defensa de todos esos derechos".

"Sin ustedes no puede existir democracia", remarcó Senkaggia y reiteró a los activistas defensores que, "sin su lucha, sin su trabajo, nunca se va a conseguir la paz. Sin ustedes se olvidarían los derechos humanos en Colombia y en el resto del mundo".

"Es muy importante su presencia aquí. Sus esfuerzos en esta lucha es importante para lograr la defensa de sus propios derechos y la de generaciones venideras", puntualizó la relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de los derechos humanos.


En el mismo lanzamiento de la campaña anunció que pedirá al Gobierno colombiano las "tres cosas que pedimos a todos los Estados, las tres p: promover los derechos humanos, proteger a las personas y proveer para los ciudadanos para que tengan lo necesario, lo básico para una vida digna".

Senkaggia, que llegó el lunes a Colombia, permanecerá en el país hasta el próximo día 18 tras visitar varias ciudades y entrevistarse con distintas autoridades, víctimas del conflicto, líderes y activistas de ONG.

La misma campaña por los defensores de los derechos humanos en Colombia será presentada en Estados Unidos y en varios países europeos en octubre.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo160595-colombia-tiene-todo-tipo-de-violaciones-los-derechos-humanos-onu.

jueves, 10 de septiembre de 2009

Informe de Oxfam internacional


La violencia sexual en Colombia

Un arma de guerra

A continuación el informe lanzado el día de ayer por Oxfam en Colombia donde expone el tema de la violencia sexual en Colombia durante los 50 años del conflicto armado colombiano.

Un análisis que pretende contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y de desarrollo.

Oxfam International es una confederación de trece organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 100 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia:

Oxfam América (www.oxfamamerica.org); Oxfam Australia (www.oxfam.org.au); Oxfam Bélgica (www.oxfamsol.be); Oxfam Canadá (www.oxfam.ca); Oxfam Francia – Agir ici (www.oxfamfrance.org); Oxfam Alemania (www.oxfam.de); Oxfam Reino Unido (www.oxfam.org.uk); Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk); Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org); Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org); Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz); Oxfam Novib – Países Bajos (www.oxfamnovib.nl); Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)

El informe

En el curso de los cerca de 50 años del conflicto armado colombiano, la violencia sexual es empleada como arma de guerra por todos los grupos armados (fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros). El objetivo es sembrar el terror en las comunidades usando a las mujeres para conseguir sus fines militares. Pero además se utiliza como forma de tortura y de castigo, como control sobre la población, como medio para imponer férreos códigos de conducta, como instrumento de venganza y de presión o como herramienta para lesionar y aterrorizar al enemigo.

El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado. A pesar de ello, la impunidad que reina en el país frente a este delito ha convertido a la mujer colombiana en víctima oculta de este conflicto. Ante esta situación la Unión Europea y España, en concreto, deben presionar al Estado colombiano para que ejerza su responsabilidad de proteger a la población civil, ponga fin a esta dramática situación y castigue a los perpetradores.

Para mayor información ingresar a la página Web de Compromiso y descargué el informe completo en pdf.

Clic en siguiente link.

http://www.corporacioncompromiso.org/?apc=I1--83-83-&x=157

Día Nacional de los Derechos Humanos - 9 de septiembre

Comunicado a la Opinión Pública

“Democracia y Paz con Justicia Social”


Los movimientos sociales, organizaciones estudiantiles y sindicales abajo firmantes: Reiteramos nuestro fiel compromiso por la defensa a la libertad de expresión, asociación, opinión y al legítimo derecho de la protesta en cada rincón de nuestro país. Opinión.

En Colombia se continúa viviendo un conflicto social y armado hasta ahora insoluble. Los vergonzosos intentos militares amparados en la doctrina guerrerista de la “Seguridad Democrática” han resultado inútiles ante la cruda realidad de desigualdad social que hoy viven y sufren las mayorías nacionales. El sentimiento patriota que nos agobia no admite la desaparición, la tortura, el exilio, el secuestro, y tampoco acepta la criminalización de la protesta en cada uno de los diferentes sectores sociales, y a los cuales se nos viene mostrando como terrorista o aliados de la insurgencia por el hecho de no compartir con los ideales para-políticos del actual régimen uribista.

La concentración del poder presidencial, los constantes ataques a la labor de los defensores de derechos humanos, la negación de los derechos de las victimas para acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral, la reciente violación de la soberanía nacional con la instalación de 7 bases militares norteamericanas en nuestro territorio, y las innumerables necesidades que poseen nuestros compatriotas nos ha unido hoy para rechazar ese plan belicista que se teje desde la Casa de Nariño, el cual tiene como principal objetivo la vinculación sistemática de miles de colombianos en este conflicto interno.

Ha llegado la hora para que todos los colombianos miremos con preocupación lo que está ocurriendo, muestra de ello es que en ninguna otra parte del mundo, salvo en Colombia, se permitiría que las administraciones rectorales de universidades públicas se caracterizaran por tener como política oficial el clientelismo, la corrupción, la persecución política, y como si fuera poco por disfrutar de sus nexos con el paramilitarismo.

Ejemplo reciente es el caso de la rectoría en la Universidad de Córdoba, donde se tuvo que esperar el “debido proceso” para castigar a un bandido que colaboró directamente con más de un asesinato por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en cabeza de Salvatore Mancuso.

Hoy es apremiante llamar las cosas por su nombre y no buscar excusas, ni mucho menos intentar tapar que los Consejos Académico y Superior de la Universidad Industrial de Santander-UIS comulgan no sólo con ideales autoritarios, sino que además le hace apología al delito, saliendo a respaldar planes de asesinato y silenciamiento a miembros de la comunidad universitaria como lo ocurrido en el año 2007, y sustentado por la misma grabación hecha por el reelegido rector JAIME ALBERTO CAMACHO PICO en julio de ese mismo año.

El movimiento estudiantil y los distintos sectores sociales involucrados con la Universidad Industrial de Santander debemos reivindicar nuestras luchas y lograr la unidad alrededor de una educación de calidad, crítica, transformadora en lo social, y por supuesto pública a cargo del Estado. En donde se cree una real democracia y se persista por su autonomía.

Rechazamos los actos del pasado miércoles 26 de agosto y en los cuales se efectuaron daños y robos en las oficinas de la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad. No compartimos ningún tipo de agresión a miembros de la comunidad universitaria y nos solidarizamos con los profesores que fueron victimas de dichos hurtos. A si mismo condenamos el aval dado por el actual rector-para la entrada de la fuerza pública al campus universitario el día 26 de agosto, lo cual produjo la detención de los estudiantes Laura Camila Isaacs y Daniel Alexander Rueda Otero, los cuales fueron aprendidos dentro de las instalaciones de la universidad y golpeados por miembros de la Policía. Actualmente a los 2 estudiantes se les está sindicando de cargos de terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales agravadas. El joven Daniel Alexander Rueda Otero se encuentra retenido en la cárcel modelo de Bucaramanga.

Invitamos fraternalmente a cada uno de los sectores sociales que hacen presencia en la universidad (estudiantes, profesores y trabajadores) a defender y a querer la universidad como un territorio en donde se rechacé la militarización del campus universitario, se vele por la defensa de los derechos humanos, y en donde se abran reales escenarios de participación donde las mayorías sean las que tracen y construyan una universidad crítica, transformadora e incluyente para las clases populares.

Finalmente urge un acompañamiento y veeduría de las organizaciones de derechos humanos, en cuanto a las reiteradas amenazas y hostigamientos que vienen recibiendo miembros la comunidad universitaria por parte de grupos paramilitares que residen en el departamento.

NODO NORORIENTAL DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA – ESTADOS UNIDOS, COORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO COMPROMISO, FUNDACIÓN COMITÈ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÌTICOS FCSPP, ASFADES-BUCARAMANGA, SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA BUCARAMANGA, CORPORACIÓN GUAYACAN, ASAMBLEA PERMANENTE POR LA PAZ ASAPAZ-SANTANDER, COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CHRISTIAN ROA, PROMOPAZ, CUT-SANTANDER, COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO-UIS.

martes, 8 de septiembre de 2009

Concentración plaza Luís Carlos Galán Sarmiento

Invitamos
A todos los dirigentes y afiliados de las organizaciones sindicales, sociales y políticas del área metropolitana - Bucaramanga a concentarnos en defensa de la soberanía nacional y contra las bases norteamericanas en Colombia y contra el referendo reelecionista mañana miércoles 9 de septiembre a las 3:00 p.m. en la plaza Luís Carlos Galán Sarmiento.

Convocan:
Gran coalición Democrática – GCD, Centrales Sindicales, PDA, Organizaciones Sociales y políticas participantes de la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales y políticas del 20, 21 y 22 de agosto de 2009.

¡Acompáñanos!

martes, 1 de septiembre de 2009

Taller de marco conceptual. Observatorio de derechos humanos Corporación Compromiso

El programa de derechos Humanos de la corporación Compromiso con el apoyo del Banco de Datos del Cinep, adelanta un esfuerzo de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de ddhh en el Nororiente colombiano en la estructuración de sistemas de información, con mejores capacidades de investigación, observatorio y visibilización de la situación de Derechos Humanos y derecho internacional Humanitario.

El 28 y 29 de agosto se celebró en Bucaramanga un taller de marco conceptual con la participación de los observatorios regionales, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio, Norte de Santander, Arauca y Santander. El primer día se centró en la explicación del marco conceptual a cargo del padre Javier Giraldo S.J, quién hizo particular énfasis en explicar la importancia del registro de violaciones a los DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), orientado al servicio de las víctimas y sus derechos, como un aporte a la construcción de memoria histórica y para visibilizar la crisis de DDHH, así mismo en el interés de exigir a los actores armados a que respeten y apliquen los principios humanitarios en medio del conflicto.

El encuentro contó con la participación central del Padre Javier Giraldo quien profundizó sobre los fundamentos filosóficos de los Derechos Humanos, como un constructo histórico social que se empezó a formar en la Revolución Francesa y que se convertiría en un acuerdo vinculante para los Estados, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creía que la existencia de la especie humana estaba en peligro. Este suceso conduciría a la firma de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos y posteriormente al desarrollo de convenios y pactos de derechos económicos, sociales y culturales.

La tradición del derecho internacional de los DDHH a lo largo de cincuenta años estableció un marco normativo imperativo en que los Estados son los únicos garantes de los Derechos Humanos, entendiendo a estos actores dentro de la tradición contractualista clásica, es decir como responsables del orden social y con el monopolio de la fuerza. Esto se hace para que la responsabilidad no se diluya entre todos los actores sociales y se proteja a los ciudadanos, cuando el Estado utiliza su derecho a ejercer el monopolio de la fuerza armada para violar los derechos humanos de sus ciudadanos. A pesar que la promulgación del estatuto de Roma y la creación de la Corte penal Internacional, abrió esta responsabilidad a lo que se ha denominado abstractamente grupos “terroristas”, en la aplicación del marco conceptual del Banco de Datos se sigue considerando al Estado como el único responsable de garantizar los derechos, libertades y bienestar de sus ciudadanos.

El marco conceptual de la red de bancos de datos, es una herramienta que sirve para categorizar y clasificar, los diferentes tipos de violencia socio política que ocurren en el país para la producción de análisis y la producción de información de los diferentes observatorios que actualmente están trabajando en todo el país.

El taller además ofreció un análisis sobre la evolución histórica del paramilitarismo en el país, un fenómeno que se dividió metodológicamente en cuatro etapas, que reflejan altos grados de complicidad y connivencia que persisten a pesar de los publicitados actos de desmovilización de bloques y la captura de jefes paramilitares. Esta sesión sirvió para que los participantes aprendieran y reforzaran el uso de los conceptos, además se realizaron ejercicios prácticos con el marco conceptual, donde se presentaron casos ocurridos en Norte de Santander, Arauca, Magdalena Medio y Santander, para esclarecer la categorización de hechos polémicos que han sucedido en el nororiente colombiano en el primer semestre de 2009.

El taller de marco conceptual se constituyó en un espacio de encuentro y construcción de dinámicas regionales, para mejorar la articulación entre las diferentes organizaciones, especialmente en el trabajo con fuentes directas en las regiones, además se resaltó la importancia de crear sinergias entre los diferentes actores que están trabajando en la defensa de los Derechos Humanos.

Entre los compromisos adquiridos están distribuir folletos del marco conceptual entre las diferentes organizaciones, crear pasantías en los observatorios que ya tienen una capacidad operativa para aprender procesos de generación y análisis de la información, así como asistencia técnica con la base de datos; coordinar un evento en octubre sobre herramientas de sistematización de la información, derechos humanos y violencia política, y producirán artículos sobre los diferentes conflictos de DDHH y DIH en la actual coyuntura.

El espacio sirvió para fortalecer las bases de datos en un proceso de construcción de información regional con relaciones en doble vía, donde la información se enriquezca, siendo analizada y visibilizada ampliamente como una herramienta para los movimientos sociales y sus derechos, para apoyar la labor de los defensores de derechos humanos en el objetivo común de hacer ciertos los derechos humanos en Colombia y las garantías democráticas, avanzar en el respeto del derecho internacional humanitario por parte de los actores armados en medio del conflicto, erradicar la impunidad y mejorar las condiciones de acceso y disfrute de los derechos políticos, civiles, económicos sociales y culturales a toda la población colombiana

Equipo OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS

Corporación Compromiso.

Bucaramanga, 1 de septiembre de 2009.